Á. Semprún / A. Lorenzo.- El estrés será compartido por las principales televisiones, las compañías de telecomunicaciones, el Ministerio de Industria, los antenistas y los cientos de miles de comunidades de propietarios.
Estos últimos tendrán que desembolsar entre 160 y 184 millones de euros (unos 20 o 23 euros por hogar) para ajustar sus antenas y ver los canales. La liberación del dividendo digital consiste en vaciar la banda de frecuencias de 800 Mhz, actualmente dedicada al servicio de televisión digital, para que las ocupen los operadores de telecomunicaciones.
El coste de ese trasiego iba a correr a cargo de las arcas públicas, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se gastó los 1.622 millones obtenidos de la venta del espectro a las telecos en reducir el déficit, olvidándose de esta incómoda factura.
El periodo de tiempo para culminar la mudanza del dividendo digital se ha reducido a la mínima expresión (las televisiones tienen que realizar un plan técnico para los nuevos múltiplex en ese mes) por los constantes retrasos que ha sufrido la elaboración del borrador de Real Decreto.
Inicialmente estaba previsto que viera la luz "antes del verano", según anunció Victor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones, pero ese plazo no se cumplió.
Retraso en la aprobación
Industria ha retrasado la aprobación del Real Decreto del Dividendo Digital hasta septiembre por lo que el proceso de resintonización de las antenas y de puesta en marcha del 4G no podrá comenzar hasta octubre.
Fuentes del sector explican que los operadores de televisión disponen de un mes tras la entrada en vigor de la normativa para mover sus frecuencias a los nuevos emplazamientos, tener aprobado el plan técnico de los múltiplex y asegurarse de que la cobertura llega al 96% de la población. En el caso de lo canales que todavía no están asignados el plazo de mejora de la cobertura es de cinco meses. Durante esos treinta días y hasta el 31 de diciembre de 2014, las televisiones tendrán que emitir de forma simultánea en dos bandas distintas (la nueva y la antigua), con el coste que ello supone, proceso conocido como simulcast.
Según el borrador del Real Decreto, los operadores de televisión no pueden "realizar modificaciones en los múltiplex que supongan resintonizaciones una vez transcurrido ese mes", lo que limita el margen de maniobra de las cadenas, sobre todo de RTVE, para migrar a los nuevos multiplex y asegurar la cobertura.
Calendario ajustado
Así, una de las principales críticas que los operadores de televisión presentaron a Industria durante su reunión del pasado jueves en el Catsi (Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) fue la "falta de tiempo y el ajustado calendario". Fuentes cercanas a RTVE aseguran que el ente público tiene que cambiar de banda en nueve de las 17 comunidades autónomas y ajustar 1.700 emisoras ubicadas en las montañas, por lo que el plazo es exiguo.
Otra de las alegaciones presentadas por la patronal de las televisiones privadas (Uteca) fue económica. Las cadenas tendrán que pagar los cuatro meses que estén operando de simulcast. La ley recoge que este gasto lo iba asumir la Administración, pero en el anterior proyecto -antes de que el Supremo ordenara el cierre de nueve canales de la TDT-, se pactó que cada televisión afrontara dicha factura.
La situación cambia en el caso de RTVE. El Gobierno concederá hasta 4,7 millones a la Corporación para financie la emisión simultánea de sus canales durante estos cuatros meses mientras lleva a cabo la mudanza de frecuencias. La pública también tendrá que emitir una campaña de publicidad para informar del cambio que estará financiada por las arcas públicas, ya que RTVE carece de fondos. Y es justo la falta de fondos en la Corporación la que ha retrasado la publicación del borrador.
El ejecutivo necesitaba el permiso de Europa para sufragar los gastos de RTVE que, en un primer momento, se consideró ayuda de Estado. El Gobierno logró que Europa considerara el caso de la Corporación como una compensación, lo que se dio vía libre al pago.
Con las Navidades en el punto de mira, la tensión será máxima en todos los agentes involucrados en la liberación del denominado dividendo digital. El Gobierno se comprometió en ese plazo con las telecos y el sector cuestiona seriamente que se pueda cumplir el calendario para ofrecer 4G sobre la banda de 800 MHz el 1 de enero de 2015, en línea con las instrucciones de la UE.
Todo invita a pensar a que el proceso de migración de frecuencias del dividendo digital llevará más tiempo del previsto y que se podría superar el referido 1 de enero de 2015. Si así ocurriera, y según ha podido saber elEconomista, los operadores podrían pedir compensaciones o indemnizaciones al Gobierno por el incumplimiento de las condiciones de la subasta de frecuencias de 800 MHz que concluyeron en julio de 2011.
Banda ancha móvil
Una vez que las teles hayan dejado libre el espacio que ahora ocupan, las telecos podrán hacerlo suyo para ofrecer sus servicios de banda ancha móvil. Así estaba acordado en las condiciones de la última adjudicación de frecuencias de 2007. En aquella ocasión, los tres grandes del sector obtuvieron el mayor volumen de frecuencias permitidas en 800 y 900 Mhz a cambio de los 668 millones que invirtió Telefónica, los 517 millones que aportó Vodafone y los 437 millones que desembolsó Orange.
A cambio, las firmas dispondrán de frecuencias de 800 MHz antes de finales de 2014, lo que ahora resulta más que discutible.
No obstante, el retraso no impide el servicio de telefonía 4G. Los operadores ya ofrecen su banda ancha móvil desde el pasado verano, pero lo realizan sobre la denominada Banda 3 de frecuencias, la de 1.800 Mhz. Sin embargo, la banda interesante para ese tipo de servicios es la Banda 20 (en las frecuencias de 800 Mhz) que deben dejar libres las televisiones.
Fuentes del Ministerio de Industria ya indicaron en el Plan Marco de Actuaciones para la Liberación del Dividendo Digital que la banda de 790-862 Mhz ofrece "las mejores propiedades de propagación y penetración en el interior de edificios que las bandas altas, por lo que representa una oportunidad única para proporcionar servicios de banda ancha en zonas rurales".
Estos últimos tendrán que desembolsar entre 160 y 184 millones de euros (unos 20 o 23 euros por hogar) para ajustar sus antenas y ver los canales. La liberación del dividendo digital consiste en vaciar la banda de frecuencias de 800 Mhz, actualmente dedicada al servicio de televisión digital, para que las ocupen los operadores de telecomunicaciones.
El coste de ese trasiego iba a correr a cargo de las arcas públicas, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se gastó los 1.622 millones obtenidos de la venta del espectro a las telecos en reducir el déficit, olvidándose de esta incómoda factura.
El periodo de tiempo para culminar la mudanza del dividendo digital se ha reducido a la mínima expresión (las televisiones tienen que realizar un plan técnico para los nuevos múltiplex en ese mes) por los constantes retrasos que ha sufrido la elaboración del borrador de Real Decreto.
Inicialmente estaba previsto que viera la luz "antes del verano", según anunció Victor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones, pero ese plazo no se cumplió.
Retraso en la aprobación
Industria ha retrasado la aprobación del Real Decreto del Dividendo Digital hasta septiembre por lo que el proceso de resintonización de las antenas y de puesta en marcha del 4G no podrá comenzar hasta octubre.
Fuentes del sector explican que los operadores de televisión disponen de un mes tras la entrada en vigor de la normativa para mover sus frecuencias a los nuevos emplazamientos, tener aprobado el plan técnico de los múltiplex y asegurarse de que la cobertura llega al 96% de la población. En el caso de lo canales que todavía no están asignados el plazo de mejora de la cobertura es de cinco meses. Durante esos treinta días y hasta el 31 de diciembre de 2014, las televisiones tendrán que emitir de forma simultánea en dos bandas distintas (la nueva y la antigua), con el coste que ello supone, proceso conocido como simulcast.
Según el borrador del Real Decreto, los operadores de televisión no pueden "realizar modificaciones en los múltiplex que supongan resintonizaciones una vez transcurrido ese mes", lo que limita el margen de maniobra de las cadenas, sobre todo de RTVE, para migrar a los nuevos multiplex y asegurar la cobertura.
Calendario ajustado
Así, una de las principales críticas que los operadores de televisión presentaron a Industria durante su reunión del pasado jueves en el Catsi (Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información) fue la "falta de tiempo y el ajustado calendario". Fuentes cercanas a RTVE aseguran que el ente público tiene que cambiar de banda en nueve de las 17 comunidades autónomas y ajustar 1.700 emisoras ubicadas en las montañas, por lo que el plazo es exiguo.
Otra de las alegaciones presentadas por la patronal de las televisiones privadas (Uteca) fue económica. Las cadenas tendrán que pagar los cuatro meses que estén operando de simulcast. La ley recoge que este gasto lo iba asumir la Administración, pero en el anterior proyecto -antes de que el Supremo ordenara el cierre de nueve canales de la TDT-, se pactó que cada televisión afrontara dicha factura.
La situación cambia en el caso de RTVE. El Gobierno concederá hasta 4,7 millones a la Corporación para financie la emisión simultánea de sus canales durante estos cuatros meses mientras lleva a cabo la mudanza de frecuencias. La pública también tendrá que emitir una campaña de publicidad para informar del cambio que estará financiada por las arcas públicas, ya que RTVE carece de fondos. Y es justo la falta de fondos en la Corporación la que ha retrasado la publicación del borrador.
El ejecutivo necesitaba el permiso de Europa para sufragar los gastos de RTVE que, en un primer momento, se consideró ayuda de Estado. El Gobierno logró que Europa considerara el caso de la Corporación como una compensación, lo que se dio vía libre al pago.
Con las Navidades en el punto de mira, la tensión será máxima en todos los agentes involucrados en la liberación del denominado dividendo digital. El Gobierno se comprometió en ese plazo con las telecos y el sector cuestiona seriamente que se pueda cumplir el calendario para ofrecer 4G sobre la banda de 800 MHz el 1 de enero de 2015, en línea con las instrucciones de la UE.
Todo invita a pensar a que el proceso de migración de frecuencias del dividendo digital llevará más tiempo del previsto y que se podría superar el referido 1 de enero de 2015. Si así ocurriera, y según ha podido saber elEconomista, los operadores podrían pedir compensaciones o indemnizaciones al Gobierno por el incumplimiento de las condiciones de la subasta de frecuencias de 800 MHz que concluyeron en julio de 2011.
Banda ancha móvil
Una vez que las teles hayan dejado libre el espacio que ahora ocupan, las telecos podrán hacerlo suyo para ofrecer sus servicios de banda ancha móvil. Así estaba acordado en las condiciones de la última adjudicación de frecuencias de 2007. En aquella ocasión, los tres grandes del sector obtuvieron el mayor volumen de frecuencias permitidas en 800 y 900 Mhz a cambio de los 668 millones que invirtió Telefónica, los 517 millones que aportó Vodafone y los 437 millones que desembolsó Orange.
A cambio, las firmas dispondrán de frecuencias de 800 MHz antes de finales de 2014, lo que ahora resulta más que discutible.
No obstante, el retraso no impide el servicio de telefonía 4G. Los operadores ya ofrecen su banda ancha móvil desde el pasado verano, pero lo realizan sobre la denominada Banda 3 de frecuencias, la de 1.800 Mhz. Sin embargo, la banda interesante para ese tipo de servicios es la Banda 20 (en las frecuencias de 800 Mhz) que deben dejar libres las televisiones.
Fuentes del Ministerio de Industria ya indicaron en el Plan Marco de Actuaciones para la Liberación del Dividendo Digital que la banda de 790-862 Mhz ofrece "las mejores propiedades de propagación y penetración en el interior de edificios que las bandas altas, por lo que representa una oportunidad única para proporcionar servicios de banda ancha en zonas rurales".