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Dos asociaciones de internautas han intentado sin éxito emular la iniciativa italiana

En saco roto en España


España fue pionera en 1999 en aprobar una declaración que reconocía internet como un derecho fundamental, y ahí se quedó. Tras la aprobación por Brasil, hace un año, de su Marco Civil de Internet, y la propuesta del Consejo de Europa de trasladar el mismo concepto a los Veintisiete, la Internet Society, la Asociación de Técnicos de Informática (ATI) y las dos principales asociaciones de internautas españolas -la Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI)- impulsaron la web Derechos de internet, que pretendía recoger propuestas para un debate ciudadano sobre una posible Constitución de internet made in Spainrealizada por el Congreso de los Diputados.




CARMEN JANÉ / BARCELONA / en elPeriódico.- La falta de eco hasta ahora ha sido notable. Ni los grupos políticos, ni el Gobierno ni los usuarios se han sumado activamente a la iniciativa, que tuvo uno de sus actos centrales el pasado 17 de mayo (Día Mundial de Internet) aprovechando la iniciativa italiana, que ya estaba bastante avanzada. «La iniciativa italiana es magnífica. La campaña española esperamos relanzarla este otoño e involucrar a los políticos aprovechando que estaremos en campaña electoral o casi», asegura Pablo García Mexia, asesor jurídico de la Internet Society y uno de los redactores de la actual propuesta española.

«El texto italiano es clásico en cuanto recoge derechos ya generalmente reconocidos (como a la enseñanza en la red, la protección de los datos personales y la libertad de información), pero también muy actual, pues se hace eco de tendencias que han ido tomando forma en documentos internacionales como algunos procedentes de las Naciones Unidas como la necesidad de reconocer on line los derechos que se reconocen fuera de internet, o de derechos que se han reconocido por los tribunales a lo largo de estos años (al olvido, al acceso a la red y de protección frente a la elaboración de perfiles)», señala García Mexia en un primer análisis.

La iniciativa española acoge en su web como modelos las propuestas del Consejo de Europa y de la Internet Rights and Principles Dynamic Coalition, una entidad sin ánimo de lucro vinculada a un grupo de trabajo de la ONU sobre derechos humanos y sociedad red que se reúne anualmente. Pero todavía no ha hecho pública una propuesta de enunciados para favorecer el debate.

El texto español de 1999 también recogía alguna de estas propuestas. La llamada comisión de internet del Senado, que entre 1998 y 1999 estuvo 22 meses estudiando el estado de la red en España, acabó sus trabajos con una declaración de derechos de internet que no recogía temas ahora claves como la protección de datos personales, el derecho al olvido o la neutralidad de la red, que han sido aprobados. Así, recogía la no discriminación por razones de «sexo, condición, características físico-psíquicas, edad o lugar de residencia» yel derecho a la educación y a la seguridad, y reconocía «el ordenador personal y el domicilio electrónico» como «inviolables».

El resto, sin embargo, era una declaración de intenciones y lista de deberes para el Gobierno, con puntos que se han ido desarrollando como la administración electrónica, la fiscalía de delitos informáticos, las bibliotecas digitales, los códigos para el comercio electrónico y el fomento de la fibra óptica y las redes rápidas de acceso a internet.

«Ahora los políticos no están por la labor. Han preferido imponernos la ley mordaza e intentar reprimir las manifestaciones libres por la red», afirma Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas.


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