Con la liberalizacion el Gobierno no asegura el SERVICIO UNIVERSAL


El pasado 23 de junio de 2000 el Gobierno promulga una orden ministerial en la que puso fecha de inicio a la liberalización del bucle o llamada local al día 31 de diciembre de 2.000. Con esta orden el Gobierno dio por finalizado el proceso de la liberalización de las telecomunicaciones sin hacer una planificación estratégica de que consecuencias tendría esta actuación a la hora de asegurar a todos los españoles el derecho constitucional al servicio universal, que hoy no esta asegurado




Para garantizar el desarrollo de las Telecomunicaciones en general, el Gobierno siempre ha basado su actuación en el supuesto de que la competencia entre empresas generaría el dinamismo necesario para que los servicios se prestasen con calidad y a un precio asequible. Para ello, se otorgaron más de cuarenta licencias que permitían el establecimiento de redes de Telecomunicaciones (listado accesible en la web de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones http://www.cmt.es). Sin embargo, una vez concedidas estas licencias (y recaudadas las tasas pertinentes), el Gobierno se ha desentendido por completo de este tema, dejando que las operadoras con licencia extiendan sus redes al ritmo que quieran o directamente, que no hagan nada, trasladando sin ninguna directriz el problema a los titulares del dominio público, es decir, a los ayuntamientos, que deben tramitar por su cuenta y riesgo convenios con las distintas operadoras sin que haya un espíritu definido de coordinación, con el consiguiente trastorno que puede ocasionar en los planes de despliegue de estas empresas, que en teoría son de miles de millones de pesetas. Este problema puede parecer simple a primera vista, pero cada vez más ciudadanos de este país tienen que salir a la calle con casco para no matarse al caer a una zanja abierta sucesivamente por cuatro operadoras distintas.

¿DÓNDE ESTA EL FONDO DE FINANCION DEL SERVICIO UNIVERSAL?

Como primer paso para garantizar la financiación de las redes, el Gobierno, a través de la Ley General de Telecomunicaciones, creó "en el papel" el Fondo de Financiación del Servicio Universal, mediante el cual cada una de las Operadoras con licencia debería abonar un tanto por ciento de su facturación a dicho fondo para compensar las pérdidas que la prestación del Servicio Universal pudiera causar al operador/es encargado/s de prestar el Servicio. Esta bonita declaración de intenciones se ha quedado en eso, en una intención, dado que el Gobierno ha sido incapaz hasta el momento (y son casi tres años) de llevar a cabo esta iniciativa, y estamos hablando de recaudar, no de pagar. La consecuencia que puede derivarse de este retraso es que cuando se amplíe el concepto de servicio universal a Internet nos encontraremos con un servicio universal "en el papel" pero sin medios para poner en marcha. Este error no puede achacarse de ninguna manera a las Operadoras de Telecomunicaciones sino al propio Gobierno por su demora en la actuación.

LA CALIDAD DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ENTREDICHO.

En cuanto a la calidad mínima que pueda establecerse para las comunicaciones a través de Internet, mediante Orden Ministerial de 14-10-99 se creó la Comisión de Seguimiento de la Calidad de las Telecomunicaciones, de la que la Asociación de Internautas forma parte. En dicha Orden se establecían amplios criterios para evaluar diversos aspectos de las telecomunicaciones, no sólo en el ámbito de Internet sino de todos los elementos involucrados. Tras más de un año de trabajo, se ha llegado a la conclusión de que no merece la pena continuar con este tema dado que la Unión Europea va a modificar todo lo hecho hasta el momento. Vuelta a empezar.

De los diversos accesos a Internet presentes en el mercado, tan solo el servicio Adsl esta regulado por orden ministerial ( BOE, marzo de 1999), todos los demás servicios de acceso están completamente desregularizados y los internautas españoles estamos indefensos e impotentes a la hora de reclamar unos mínimos de calidad con los servicios recibidos.

La llegada de la fibra óptica supuso una revolución en cuanto a prestación de servicios, dado que la capacidad de esta infraestructura es mucho mayor que la de las redes convencionales, pudiéndose prestar por la misma línea y a un precio bastante asequible los servicios de Telefonía, Internet y T.V. Para garantizar que ninguna parte del país se quedase sin estos servicios, se dividió todo el territorio en demarcaciones y se convocó un concurso para adjudicarlos a dos empresas –para justificar que aquí hay libre competencia -, adjudicándose automáticamente una licencia a Telefónica y la otra a la empresa que demostrase tener más dinero para invertir. El concurso fue muy reñido en las demarcaciones con más habitantes, pero quedó desierto en otras, aunque en principio no debería suponer ningún problema dado que Telefónica, a través del proyecto Imagenio, debería prestar esos servicios. Ahora, Telefónica dice que no le interesa prestar los servicios de cable dado que ya tiene el ADSL funcionando, así que nos quedamos con una parte del país no sólo sin competencia, y lo que es peor, sin cable. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos coincide que el despliegue del ADSL se retrasa en las mismas zonas en que el concurso quedó desierto, que casualmente también son las zonas menos favorecidas económicamente. Cuando las cosas se regalan parece que hay gente que no les da ningún valor.

Para dar la impresión de modernidad, se anunció con gran pompa y boato la liberalización del bucle de abonado, que supondría romper con la última barrera del monopolio que hasta entonces ostentaba Telefónica. Al existir más empresas en competencia, los precios tendrían que bajar y la calidad subir dado que el usuario tendría más donde escoger. Desgraciadamente, parece que a nadie se le ocurrió comprobar antes si el pastel que se repartía llegaría para todos: las empresas de Telecomunicaciones han gastado mucho dinero en publicidad pero no se han molestado en extender suficientemente sus redes para diversificar el servicio, así que la inmensa mayoría de los servicios de telefonía siguen funcionando por la misma red con la consiguiente merma de calidad, dado que cada vez existen más usuarios. Nos gustaría recordar a quien corresponda que esta red se pagó con dinero de todos los españoles cuando la telefonía era un monopolio, así que exigimos que la gestión se haga de manera favorable a nuestros intereses, y no sólo favorable a la imagen de empresa que puedan dar los nuevos operadores, que a fin de cuentas no son más que ex-monopolios de otros países.

La Asociación de Internautas esta haciendo un seguimiento puntual de este proceso, pone de manifiesto su preocupación por su desarrollo y las consecuencias que sin duda tendrá para los ciudadanos y esta notando la falta de una decidida intervención del Gobierno para asegurar que el “libre mercado”, proporcione un acceso a la red, asequible, universal y de calidad que es lo que España necesita para incorporarse de pleno derecho a la Sociedad de la Información.

Asociación de Internautas

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