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La vigilancia masiva pisotea nuestros derechos con el pretexto del terrorismo


Las nuevas tecnologías permiten que todas las comunicaciones puedan ser guardadas para ser posteriormente revisadas en caso de necesidad. Actualmente, todo lo que hacemos online y por teléfono queda registrado en los servidores de telecomunicaciones y las operadoras están obligadas a entregárselo a las autoridades policiales y judiciales.





Inicialmente, estas medidas tan drásticas pretendían hacer frente al terrorismo global tras los atentados del 11-S de 2001. Estados Unidos y la Unión Europea se apresuraron a ponerlas en práctica al tiempo que una coalición internacional de más de 50 países invadía Iraq en 2003. Como se vió poco después, la invasión aumentó la inseguridad y el terrorismo internacional mientras que la vigilancia masiva no servía para combatir el terrorismo, sino para vulnerar los derechos a la privacidad y al secreto de las comunicaciones de los ciudadanos, con o sin supervisión judicial.

Como se explica en el vídeo de la Plataforma Europea de Libertades, es falso que tengamos que renunciar a nuestros derechos civiles para que las autoridades nos protejan. De hecho, la vigilancia masiva no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo: los terroristas tienen medios para eludir esas tecnologías intrusivas, por lo que no les afectan en absoluto. En cambio, quienes no deberían ser espiados, los ciudadanos honrados, ven burdamente manoseada su privacidad por unos gobiernos que deberían ser los primeros en velar por ella.

Mientras alguien no sea considerado sospechoso no debería guardarse ningún tipo de información sobre sus actividades en internet o vía telefónica, ni siquiera los llamados metadatos, que es en lo que se escuda la ley española para legalizar la vigilancia masiva. Un servidor debería tener sus datos encriptados y solo debería hacer visibles aquellos que sean requeridos mediante orden judicial. Como se ha hecho toda la vida. Lo contrario es tentar a los gobiernos a espiar a disidentes, a sacar trapos sucios de la oposición o a vender datos de empresas a sus competidores a cambio de dinero, por poner algunos de los ejemplos más frecuentes. Todo ello contrario al Estado de derecho.

Vídeo: Kurzgesagt/Plataforma Europea de Libertades

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