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Bruselas.(EUROPA PRESS).- Los ministros responsables de Mercado Interior han aprobado en Bruselas una directiva para regular el comercio electrónico, proteger a los consumidores y lograr un correcto funcionamiento de los intercambios a través de Internet.

La propuesta aprobada pretende armonizar las legislaciones nacionales y dar garantías a los usuarios de Internet a nivel europeo.

La directiva establece un marco legal para el desarrollo del comercio electrónico en el mercado único europeo, que pretende buscar la coherencia entre la normativa de los distintos estados miembros.

Entre las medidas que se incluyen en la directiva, destacan el establecimiento de la libre prestación de servicios, siempre y cuando no afecte a la seguridad pública, a la sanidad y a la protección de consumidores o inversores.

Por lo que se refiere a la recepción de correspondencia no solicitada a través de Internet, se ha establecido que el que no desee recibir ofertas en su correo electrónico pueda optar por no recibirla.

Según explicó el secretario general de Telecomunicaciones, José María Villar, «hemos establecido que cada Estado miembro pueda establecer imperativamente en su ley nacional el que ese deseo de no recepción sea norma para el emisor y pueda establecer, incluso, un procedimiento sancionador».

La directiva también establece que, para garantizar más transparencia, el proveedor debe ofrecer al usuario su nombre, su domicilio, su dirección de correo electrónico, su inscripción, si existiere, en el registro mercantil y, si es un profesional, su número de colegiado.

Además, si su actividad está sujeta a IVA o ha sido necesario obtener una autorización para prestarla, habrá de comunicarlo al usuario.

La directiva también trata la responsabilidad de los operadores de red cuando se produzcan problemas entre un comprador y un vendedor, diferenciando el mero intermediario del que interviene en la generación del mensaje.

Así, el operador de red no es responsable, salvo que participe en la generación del mensaje, que haya elegido a sus destinatarios o que haya modificado algunos de los datos de la oferta que transmite a través de la red.

Por lo que se refiere al llamado «almacenista de datos», que toma datos de otro operador y los introduce en su página web, «no se le considera responsable de los datos, salvo que sean constitutivos de delito», que en caso de conocer debe comunicarlo a la autoridad competente y no participar de modo alguno en la difusión.

Regulación fiscal nacional

El texto establece que se aplican las leyes nacionales en cuanto al régimen fiscal, documentos públicos y protección de consumidores. El derecho de origen no se aplicará en casos referidos a los derechos de autor, la propiedad industrial, ciertos aspectos de los servicios financieros, libertad de elección del consumidor, obligaciones contractuales del consumidor y licitud de comunicaciones no solicitadas. En esos casos la legislación que se aplicará será la del país del receptor.

Por lo que se refiere al cumplimiento de las leyes, la directiva exige que se establezcan medidas cautelares para detener perjuicios que puedan derivarse del comercio electrónico. Da un mandato a los estados miembros para que en su jurisdicción exista un procedimiento ágil para la suspensión cautelar de cualquier actividad.

También se permite a cada Estado miembro que establezca un régimen eficaz de sanciones para asegurar el cumplimiento de la ley.

José María Villar, explicó que desde España se ha impulsado esta directiva y destacó la importancia de la rapidez a la hora de aprobarla, ya que en países como Estados Unidos y Japón se está avanzando aceleradamente en el desarrollo del comercio electrónico.

Asimismo, aseguró que la regulación española sobre comerio electrónica se presentará previsiblemente antes de que termine la legislatura, aunque tendrá que ser aprobada por el Congreso en la próxima legislatura.