Asociación de Internautas

   Noticias - 20/Julio/00

Prohíbe expresamente que suban las llamadas locales

RAMON MUÑOZ

MADRID.- El Gobierno está decidido a forzar una fuerte reducción de las tarifas de Telefónica aprovechando la entrada en vigor del nuevo sistema de precios máximos el 1 de agosto. Según la propuesta del Ministerio de Economía, la operadora deberá aplicar una rebaja real del 9% anual (incluido el IPC) en el conjunto de los servicios que factura a sus abonados tanto en el 2001 como en el 2002. El proyecto de acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se establece el «Nuevo marco regulatorio de precios para los servicios prestados por Telefónica de España», al que ha tenido acceso EL MUNDO, va incluso más allá de la propuesta contenida en el informe no vinculante que le remitió la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), y que preveía una rebaja anual sólo del 6% (ver EL MUNDO del pasado 10 de julio).

Según el decreto aprobado en octubre del pasado año, el próximo 1 de agosto desaparecerá el histórico sistema de precios regulados y Telefónica podrá fijar libremente las tarifas de cada uno de sus servicios sin autorización previa del Gobierno que, sin embargo, fijará unos máximos anuales para la cesta conjunta de servicios telefónicos que supondrán una rebaja de, al menos, el IPC previsto más un porcentaje adicional.

Eso quiere decir que, si se cumplen las previsiones oficiales del Gobierno (contenidas en el Plan de Estabilidad presentado a Bruselas) de una inflación del 2% anual en el bienio 2001-2002, la factura media de Telefónica debe caer un 7% efectivo cada uno de los dos años referidos.

Esa cesta principal de servicios incluye las llamadas locales, interprovinciales, provinciales e internacionales, las cuotas de conexión y de abono y el servicio de información, según la propuesta del Gobierno que no toma en cuenta ni la conexión a Internet ni las llamadas de fijo-móvil como figuraba en el informe de la CMT, que además se extendía un año más hasta el 2003.

Dentro de ese reequilibrio, la propuesta del Gobierno contiene una subida máxima de la cuota de abono mensual de 200 pesetas en el 2001, hasta las 1.742 pesetas, y un aumento del IPC más un 3,5% en el 2002 (hasta las 1.840 pesetas, aproximadamente).

Sin embargo, la mayor sorpresa contenida en la propuesta de Economía es la introducción de una serie de cláusulas de salvaguarda de la que la más importante, es sin duda, la prohibición expresa a Telefónica de que suba las llamadas locales en los próximos dos años.

De esta forma, Telefónica no podrá, como era su propósito, utilizar el nuevo sistema de precios máximos (o de price cap) para subir las llamadas metropolitanas que son deficitarias, según ha sostenido la operadora desde el comienzo de la liberalización.

Esta claúsula supone un duro golpe a los intereses de la compañía que ha denunciado al Gobierno español ante Bruselas alegando precisamente la necesidad de subir esas llamadas, cuyo déficit no se ve compensado por el aumento de la cuota de abono.

Otra de las cláusulas que impone es la de que las tarifas de las llamadas de larga distancia (provincial, interprovincial e internacional) no podrán reducirse durante el periodo de regulación en más del 50%. Esta medida pretende evitar que Telefónica tire los precios para hacer desaparecer a sus competidores que, hasta que se abra el monopolio de facto de las llamadas locales, sólo operan el primer tipo de llamadas.

Además, las llamadas desde las cabinas no podrán superar el 35% del precio del mismo tipo de llamadas realizadas desde una línea normal de abonado. Las llamadas del servicio de información nacional (1003) que se realicen desde cabinas deberán ser gratuitas.

El informe del Gobierno, que aún no es definitivo, estima también conveniente una bajada del 16,5% de la cuota de alta inicial por la instalación de la línea, que asciende ahora a 21.250 pesetas.

REPRODUCIDO DE EL MUNDO