La
privacidad en la Sociedad de la Información
Con la irrupción del nuevo paradigma de la
Sociedad de la Información, a la que España se suma tímidamente, la circulación de la
información alcanza cotas inimaginables hace tan sólo unos años. Cada día más
aspectos y actividades de la vida cotidiana tienen su reflejo y su réplica en mundos
virtuales.
Ya no es necesario presentarse en Hacienda ni en el banco más próximo para entregar la
Declaración de la Renta, se pueden completar transacciones bancarias por teléfono
o por Internet, resulta posible comprar cómodamente acciones, películas, coches,
cualquier cosa que se pueda imaginar, pulsando un par de veces el ratón, los
empleados leen el periódico digital desde sus puestos de trabajo, se baraja ya
la posibilidad de votar por Internet en los próximos comicios, se pueden seguir los
Sanfermines en línea, en definitiva, Internet está pasando a formar parte del día a
día, como la televisión o el café de las doce, y con el tiempo serán más las parcelas
del quehacer diario que se trasladarán a este novedoso medio.
A poco que se examinen los ejemplos citados, uno comprende que en la mayoría de los casos
se trata de actividades que están vinculadas directamente con la privacidad de los
ciudadanos, por referirse
fundamentalmente a la esfera económica/financiera. El derecho a la intimidad y la
privacidad, recogido en nuestra Constitución y protegido por ella, se vuelve, si acaso,
aún más necesario y merecedor de amparo cuando la tecnología posibilita formas de
comunicación universales, que en el caso de Internet y del teléfono, y mientras no se
adopten medidas preventivas, son extremadamente sencillas de atacar y vulnerar. La
criptografía se erige así en esa delgada barrera que vela por la conservación de la
privacidad en las comunicaciones, sean éstas para transmitir datos bancarios o
simplemente felicitaciones a la abuela por su cumpleaños. En la nueva Sociedad de la
Información, no puede entenderse una democracia sin garantía de privacidad.
Sin embargo, esta lógica aspiración de los ciudadanos a comunicarse libremente con quien
quieran sin que nadie interponga sus hocicos husmeadores, parece chocar de frente con los
planes de seguridad
nacional de los estados, que contemplan la criptografía más como amenaza terrible en
manos de terroristas y narcotraficantes que como instrumento garante de la intimidad de
los ciudadanos. Nos encontramos ante una situación en la que entran en conflicto los
intereses del ciudadano y del Estado.
Si el ciudadano transige y pasivamente se deja hacer en materia criptográfica, dejando
primar sobre sus propios derechos las aspiraciones parlamentarias de control absoluto
sobre las comunicaciones, puede darse cuenta demasiado tarde de que vive en un estado
policial. Nuestros perros guardianes parecen más interesados en repartir dentelladas a
todo el que se acerque a la cerca que en discernir propios de ajenos. Los turbios manejos
de los países comunitarios en materia de intervención de las comunicaciones, de los que
España también participa, más se asemejan a ficción orwelliana que a resolución de
una Europa democrática.
ENFOPOL pretende desplegar una gigantesca red de escucha y vigilancia por la Unión
Europea, para intervenir sin mandato judicial todo tipo de comunicaciones privadas, ya
sean telefónicas o por Internet. La criptografía no saldrá mejor parada si ENFOPOL
prospera, ya que se exige la existencia de puertas traseras y de información
complementaria para descifrar documentos cifrados usando criptografía fuerte. Al día de
hoy, ENFOPOL se encuentra sumido en el secretismo más absoluto y su falta de
transparencia hacen imaginar que sus acciones rozan la ilegalidad, si es que no cruzan
abiertamente al otro lado.
El dilema ético que se nos plantea consiste pues en dónde trazar la sutil frontera entre
la seguridad nacional y la infracción de los derechos del individuo. ¿Estado policial o
Estado seguro? ¿Sacrificio de nuestra privacidad en aras de un bien mayor o cámara de
vigilancia electrónica de todos los ciudadanos? Estos son algunos de los interrogantes
que plantea ENFOPOL y a los que en una democracia deberíamos buscar respuesta todos, no
sólo una oscura comisión de la que el ciudadano no conoce ni su existencia.
Gonzalo Álvarez Marañón
criptonomicon@iec.csic.es
Boletín Criptonomicón #53
http://www.iec.csic.es/criptonomicon
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