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ACCIÓN JURÍDICA SIN PRECEDENTES
Un abogado interpone querella criminal contra Villalonga y
pide una pena de prisión como medida cautelarSe basa en el cobro que hace Telefónica de llamadas fallidas a Infovía,
tarificado en 11,40 pesetas
Domingo, 11 octubre
REDACCIÓN. Madrid.
Un abogado asturiano, Ramón Fernández-Mijares, propietario de
un despacho al que están asociados otros seis letrados, ha emprendido una acción
jurídica sin precedentes contra Juan Villalonga, presidente de Telefónica, para quien
solicita cárcel por un presunto delito de estafa originado por el cobro de llamadas
fallidas a Internet que factura la operadora. "Telefónica cobra reiteradamente una
cantidad por un servicio que no presta, lo cual constituye un delito de estafa", ha
manifestado a LaBrujula.Net este abogado, de 45 años, con una experiencia de 22 años en
la profesión, y despacho en Oviedo y Gran Canaria.
En concreto, Fernández-Mijares, que se considera internauta,
ha interpuesto una querella criminal por delito de estafa contra Juan Villalonga ante la
Audiencia Nacional de Madrid, y el caso podría ser competencia del juez Baltasar Garzón,
un magistrado que se ha caracterizado por asumir casos de gran resonancia pública y
social como la "guerra sucia" de los GAL, el desmantelamiento de parte de la
infraestructura de ETA, episodios de terrorismo en Argentina o acciones de relevancia
contra el narcotráfico. Internet y la protesta contra Telefónica es, durante estas
semanas, uno de los elementos noticiosos de la actualidad, especialmente después de que
el Parlamento español pidiera por unanimidad la implantación de la tarifa plana y
después de que los grupos más activos de la Red llevaran a cabo una huelga contra los
abusos telefónicos.
El abogado ovetense está convencido de que la querella
criminal, en la que se pide como medida cautelar una pena de prisión provisional sin
fianza de Villalonga, será admitida a trámite durante esta semana, una vez que se
pronuncie el fiscal y el Juzgado Central de Instrucción dicte una providencia o un auto
dando luz verde al inicio de este caso, que puede adquirir gran resonancia. "Hay
bastantes indicios de que se admita a trámite; esta semana, lo sabremos", ha dicho.
Fernández-Mijares basa su querella en una de las principales
quejas de la comunidad internauta contra Telefónica: el cobro de conexiones fallidas a
Internet a un precio de 11,40 pesetas más IVA. La operadora factura las llamadas
superiores a los 15 segundos, se establezcan o no. La OCU, Organización de Consumidores y
Usuarios, presentó el mes pasado un estudio asegurando que el 8,5 % de las llamadas a
Infovía, la red Internet de Telefónica, inferiores al minuto resultaban fallidas, y la
operadora dominante se embolsaba "indebidamente" por este concepto 2.462
millones de pesetas al año. La OCU consideraba que "Telefónica no cumplía con el
servicio prometido".
La operadora ha atribuido tales fallos de conexión, en
numerosas ocasiones, tanto a la obsolescencia de los equipos informáticos de los usuarios
como a las carencias en la prestación de servicios de los ISPs o proveedores de acceso.
Éstos, dada su estrecha relación de negocio con la compañía ex monopolística, siempre
han guardado silencio y nunca se han solidarizado ni con las quejas ni con la protesta de
los internautas. La asociación Asimelec, que reúne a proveedores que gestionan el 70 %
del tráfico de Internet, se ha caracterizado por su sintonía con Telefónica. Esta
semana, sin embargo, el presidente de esta asociación intentó un acercamiento a la
Coordinadora Pro-Tarifa Plana, que resultó infructuoso.
El letrado ovetense fundamenta la querella en su propia
experiencia como usuario y ha aportado a los Tribunales todas las facturas telefónicas de
los últimos meses. "De haberme dirigido directamente a Telefónica, me hubieran
devuelto, probablemente, el dinero, pero sucede que el caso afecta a miles de
internautas", manifiesta a nuestro diario. En el escrito de la querella se dice
textualmente: "La Compañía Telefónica es consciente de lo que ocurre. Nos consta
que a quien ha protestado le ha devuelto el dinero, pero creemos que con eso no basta.
Creemos que tiene que solucionar el problema y corregirlo, devolviendo el dinero a todos
los afectados, no sólo a los que protesten, y si se siguen produciendo las imposibles
conexiones, dando alguna orden al ordenador a fin de que dichas conexiones vayan sin
cargo, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de índole criminal en que
pudieran incurrir los responsables de la Compañía".
La calificación jurídica de los hechos son, según el
escrito, "constitutivos un delito de estafa previsto y penado en el artículo 248.2
del Código Penal, cuando dice: También se considerarán reos de estafa los que, con
ánimo de lucro, y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante
consigan la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de
tercero".
Como diligencias de prueba, pide la declaración de Juan
Villalonga así como las quejas efectuadas por los usuarios. El abogado ha empezado ya a
recibir datos de personas que quieren adherirse a la demanda, aportando su propio caso.
Estos apoyos están llegando a su dirección de correo electrónico: mijares@mrbit.es , bien
directamente, bien a través de un formulario que han habilitado esta semana los gestores
de http://www.timofonica.com
, quienes han asegurado que hasta el momento de difundir esta crónica habían recibido
más de doscientas adhesiones con su nombre y filiación completa.
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| QUINIENTOS INTERNAUTAS SE HAN ADHERIDO
El fiscal, a favor de la querella criminal por estafa
contra Juan Villalonga
Domingo, 18 octubre
REDACCIÓN. Madrid.
La querella criminal por presunto delito de estafa contra Juan Villalonga prosigue su
recorrido. Aún no ha sido admitida a trámite, pero el fiscal ya se ha pronunciado a
favor de que así sea, según ha anticipado Ramón Fernández-Mijares, el abogado
asturiano que se ha propuesto llevar la acción jurídica hasta sus últimas consecuencias
. La querella, en la que se pide el encarcelamiento del presidente de Telefónica como
medida cautelar, se basa en el cobro de conexiones fallidas a Internet que viene
practicando la operadora desde la puesta en marcha de la red Infovía.
Fernández-Mijares, que regenta despachos de abogados en Oviedo y Gran Canaria, está
convencido que el caso recaerá en el juzgado de Baltasar Garzón, el magistrado más
famoso de España por haber asumido causas populares de gran resonancia mediática. Para
apoyar su acción, el abogado asturiano está presentando como pruebas las denuncias de
internautas que llegan a diario a su correo electrónico, mijares@mrbit.es , y que ya superan el número de
quinientas. A diario, su despacho viene a recibir una media de entre cuarenta y cincuenta
denuncias de ciudadanos que aportan la documentación con las facturas telefónicas,
además de su filiación completa. |
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| TELEFÓNICA, BAJO PRESIÓN
El juez Garzón abre una investigación para determinar si hay estafa en las
llamadas fallidas a Infovía
El fiscal pidió que se admitiera a trámite la querella criminal por
presunta estafa contra Juan Villalonga
Domingo, 25 octubre
REDACCIÓN. Madrid.
El juez Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional,
tiene en sus manos el caso de las llamadas fallidas al 055 y el procesamiento de Juan
Villalonga, presidente de Telefónica. El popular magistrado, ahora inmerso la tarea de
procesar al dictador Pinochet, ha destacado en los últimos años por asumir causas
populares de gran eco en los medios de comunicación. Telefónica y su actuación
comercial en el mercado español e iberoamericano es contínuo blanco de críticas,
especialmente entre la comunidad internauta, que ha organizado dos huelgas, ha obtenido el
apoyo unánime del Parlamento y de todos los partidos políticos, ha dado lugar a una
nueva asociación que anuncia próximas movilizaciones y ha acuñado el término de
Timofónica.
En su último auto sobre el caso, que obra en poder de
LaBrujula.Net, Baltasar Garzón ha optado por no admitir a trámite, inicialmente, la
querella criminal por presunto delito de estafa contra Villalonga, pero ha decidido abrir
una investigación previa, designando peritos de telecomunicaciones, para determinar el
curso que da al caso. Fuentes jurídicas y políticas interpretan el hecho como un modo de
ganar tiempo por parte del magistrado, a fin de poder detectar cuál es la fuerza real de
movilización y la respuesta en los medios a la acción de los internautas.
Antes de emitir el auto, el juez Garzón ha conocido el
informe del Ministerio Fiscal, quien, como ya adelantó LaBrujula.Net, pide que se admita
a trámite la querella contra Villalonga por unos hechos que, según afirma textualmente,
"podrían calificarse de una esfata que afecta a múltiples perjudicados" en
diversas comunidades autónomas. Como se sabe, el abogado asturiano Fernández-Mijares,
con más de quince años de ejercicio profesional y propietario de dos despachos de
letrados, en Oviedo y Las Palmas, interpuso en septiembre una querella criminal contra el
presidente de Telefónica, pidiendo prisión como medida cautelar por presunto delito de
estafa. Se basaba en el cobro sistemático que Telefónica viene practicando de las
conexiones fallidas a Internet, facturando a razón de 11,40 pesetas por llamadas
superiores a los 15 segundos, se establezcan éstas o no. Este capítulo le reporta a
Telefónica un beneficio adicional al año superior a los 2.000 millones de pesetas,
según las organizaciones de consumidores.
Fernández-Mijares, que se considera "un internauta
estafado, al igual que miles usuarios", manifestó a nuestro diario que está
dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias jurídicas, dado que, en su opinión,
estamos ante un caso de "estafa organizado", como se demuestra en el hecho de
que Telefónica devuelve el dinero por las llamadas fallidas a los usuarios que reclaman.
A preguntas de los parlamentarios de la Comisión Internet del Senado, Guillermo
Fernández Vidal, consejero director general de Telefónica, señaló que la compañía
"sólo cobra cuando se establece la llamada", y explicó que la comunicación
puede no progresar por múltiples factores que no son responsabilidad de su empresa.
Señaló que en el recorrido intermedio "existe una cadena de modems" que no
competen a la compañía.
La razón que esgrime el auto de Garzón, fechado el 21 de
octubre, para desestimar la petición del abogado Fernández-Mijares y del Ministerio
Fiscal es que el perjuicio causado al letrado asturiano es inferior a las 50.000 pesetas
y, por tanto, "no supera la barrera del delito". Sin embargo, deja la puerta
abierta a una acción popular, dado que admite implícitamente que podrían existir
"múltiples perjudicados" en todo España. En la comparecencia que hizo
Fernández-Mijares el 15 de octubre, éste acompañó 305 correos electrónicos con datos
de otros perjudicados y estimó que el caso podría afectar a 2 millones de personas.
Examinados hechos y razonamientos jurídicos, Baltasar
Garzón Real, dispone "incoar diligencias previas". Y señala:
"Practíquense las siguientes diligencias:
- Dar traslado de la denuncia al Presidente de Telefónica
- Desestimar la querella formulada por el Procurador Gabriel de Diego Quevedo. (Éste fue
el procurador que formuló la querella de Fernández-Mijares).
-Tener por personado como perjudicado a José Ramón Fernández-Mijares Sánchez.
- Ordenar la práctica de informe pericial sobre los extremos solicitados por el
Ministerio Fiscal; es decir sobre las causas de las interrupciones en las conexiones que
se denuncian, su voluntariedad o la posibilidad de su control.
- Designar dos peritos ingenieros en Telecomunicaciones
para la elaboración del dictámen, previa aceptación y juramento o promesa del cargo.
Requerir al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones para que facilite listado
de aquellos que reúnan los requisitos precisos para el cargo."
En el despacho de Fernández-Mijares se valoró ayer
el auto como "una buena noticia", ya que existe base sólida para iniciar un
proceso. Ahora la clave reside en el análisis técnico de las llamadas jurídicas, a
cargo de dos "telecos", en principio independientes, y de la determinación que
asuma Baltasar Garzón. La batalla técnica se inclinaría, según la respuesta
concluyente aportada en el Senado por Fernández Vidal, a favor de la operadora, que es la
que tiene los medios tecnológicos. No obstante, la extendida convicción popular de que
Telefónica cobra indebidamente las llamadas puede marcar la evolución del caso. |
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