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   Noticias - 30/Octubre/99

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Villalonga y los directivos de Telefónica deberán revelar sus retribuciones especiales

El PP presenta una enmienda a los Presupuestos a raíz de la polémica sobre la compañía

El Partido Popular trató ayer de desmarcarse de la polémica generada en Telefónica por las retribuciones especiales a sus directivos. En una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, el partido del Gobierno propone que todos los ejecutivos que posean este tipo de opciones tengan que comunicarlas a la Comisión de Valores, así como las operaciones que realicen con ellas. Ello implica que, una vez que lo aprueben las Cortes, el presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y sus directivos tendrán que revelar estas retribuciones especiales. Precisamente ayer, Terra, una filial de Telefónica, presentó su proyecto de salida a Bolsa y comunicó que deja su 5% de la empresa para opciones.

Gráfico: 'La primera empresa española'

Gráfico: 'La primera empresa española'

S. C. / C. M, Madrid
El presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y los 99 directivos que, como él, son beneficiarios del plan de opciones sobre acciones de la compañía (prevé el reparto de entre 30.000 y 45.00 millones entre el núcleo de dirección), tendrán que comunicar a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) los derechos otorgados y contar con la autorización de sus accionistas.

Así lo prevén una serie de enmiendas de última hora introducidas por el PP a los Presupuestos y que modifican las leyes del Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas. Con las enmiendas, el PP trata de sofocar la polémica suscitada por el plan de Telefónica, que, en definitiva, viene a marcar distancias con la empresa, cuyo presidente, Juan Villalonga, fue nombramiento fue propuesto por José María Aznar tras llegar a la Moncloa.

En estos momentos, las empresas no tienen ninguna obligación de detallar este tipo de planes a la CNMV, si bien, este organismo había recomendado que se comunicaran. Telefónica ha dado cuenta a la Comisión de Valores de sus planes de incentivos para los ejecutivos de forma genérica, con mención al número de beneficiarios (100) y al número de acciones propiedad de los mismos, pero no los ha detallado.

Mercado de Valores

La enmienda del PP que modifica la Ley del Mercado de Valores establece que "los directivos de sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociación en una Bolsa de Valores deberán comunicar a la Comisión los derechos de opción sobre acciones de la propia sociedad, concedidos por ésta, de que fueran titulares, sometiéndose dicha comunicación al régimen de publicidad de hechos relevantes". Asimismo, estarán obligados a comunicar las operaciones que realicen sobre ellas.

La enmienda popular a la Ley de Sociedades Anónimas establece, por su parte, que: "La retribución consistente en la entrega de acciones propias o de derechos de opción sobre las mismas, deberá preverse expresamente en los estatutos [de la sociedad] y su aplicación requerirá un acuerdo de la Junta General de Accionistas en el que se exprese el número de acciones a entregar, el precio del ejercicio de los derechos de opción y el plazo de duración de este sistema de retribución".

Las enmiendas del Grupo Popular no fueron las únicas presentadas ayer para responder al impacto provocado en la opinión pública por los planes de la dirección de Telefónica aprobados en febrero de 1997, coincidiendo con la salida del Estado del capital de la compañía de telecomunicaciones tras privatizar el 21% que restaba en manos públicas.

Enmienda del PSOE

El PSOE, que calificó el plan de incentivos de Telefónica de "pelotazo", también ha presentado una enmienda en la que solicita que las ganancias derivadas de los planes de opciones sobre acciones se integren, como ganancias patrimoniales, en la base regular del IRPF, sin reducción de tributación alguna.

Se trata de una forma de elevar su tributación y, según el diputado socialista Francisco Fernández Marugán, "de proteger al conjunto de los contribuyentes de las prácticas de un núcleo reducido de poder y de influencia que dirigen empresas que cuentan con millones de accionistas".

La enmienda socialista pretende, además, que "aquellas sociedades que no repartan dividendos no podrán facilitar a su personal de alta dirección el ejercicio de acciones sobre acciones a precio inferior al del mercado".

Por su parte, las enmiendas presentadas por el partido del Gobierno persiguen, según afirmó su portavoz de Economía en el Congreso, Ramón Aguirre, "introducir una mayor transparencia".

 

Las 'stock options', una fórmula para ganar más y con ventajas fiscales

C. M, Madrid
Las opciones de compra sobre acciones de la propia empresa es un sistema de retribución a los directivos de las sociedades que ha proliferado en los últimos años. Por parte de la empresa se busca la fidelidad del directivo, de forma que se considere más implicado en la evolución del negocio y que se lo piense dos veces antes de irse a la competencia.

En palabras de la dirección de Telefónica, se trata de "alinear los intereses de los ejecutivos de la Compañía con los intereses de los accionistas".

La moda de las stock options tiene mucho que ver con la fiebre bursátil de los últimos años. Los directivos pactan con la empresa el derecho a adquirir en un plazo de tiempo concreto -dos, tres, cuatro años- un número determinado de acciones a un precio dado que, se supone, se incrementará en el futuro. Cuando se ejecuta la opción, si el mercado se ha comportado conforme a lo previsto, se adquieren acciones revalorizadas a un precio muy inferior al del mercado. La diferencia entre el precio de compra que se pactó y la cotización real de la acción es la ganancia del directivo.

En el Reino Unido y Francia este instrumento está ahora muy cuestionado. Desde los respectivos Gobiernos existen fuertes presiones para poner límites a las altas remuneraciones que los directivos de las empresas obtienen a través de este sistema. En el Reino Unido se plantea un mayor control por parte de los accionistas de las empresas, mientras que en Francia está a debate la posibilidad de aplicar un impuesto especial a este tipo de ganancias.

En España, las opciones de compra han recibido un impulso considerable en el reglamento que ha desarrollado la Ley del Impuesto sobre la Renta que ha entrado en vigor este año. La ventaja es que si la opción a la compra de acciones se ejercita dos años después de acordada, tributará en el IRPF como una renta del trabajo irregular, con una reducción del 30%, según la normativa de Hacienda. A esta renta se la califica de "irregular" porque se ha generado en un periodo superior a un año.

Esto significa que a la ganancia obtenida, es decir, a la diferencia entre el precio de la acción fijado inicialmente y el que resulte cuando se ejercite el derecho, se le aplica la reducción del 30%, que antes de la nueva Ley del IRPF no existía. Esto es así sólo en el caso de que hayan transcurrido dos años o más entre el momento en que se estableció el derecho y en el que se produce la compra. Si la opción se ejercita en menos de dos años, tributa como renta de trabajo sin reducción.

Cuando se percibe esa remuneración, el ingreso se añade a las demás rentas del trabajo a los efectos de calcular el tipo de retención.

A la hora de presentar la declaración de renta, al año siguiente, el rendimiento obtenido se añade, asímismo, a las demás rentas del trabajo para establecer el tipo impositivo, es decir, lo que hay que pagar a Hacienda.

Hasta ahora esta fórmula de remuneración de los directivos se ha utilizado con total libertad; es decir, no existía obligación de comunicarlo a la Comisión de Valores.

Al conocerse el caso de Telefónica, el Gobierno se ha visto forzado a obligar a las compañías a que informen a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la existencia de esta fórmula de remuneración.

 

La empresa justifica ante la CNMV el plan de incentivos

EL PAÍS, Madrid
Telefónica envió el jueves 28 a la CNMV -justo un día después de que el diario Cinco Días diera cuenta del próximo reparto de entre 30.000 y 45.000 millones entre 100 directivos- una notificación en la que justifica el plan de incentivos aprobado en 1997, y explica las razones por las que se aprobó el plan, su plazo de vencimiento y el número de beneficiarios.

Sin embargo, no especifica cuántas acciones y opciones corresponden a cada directivo. Sí destaca que se aprobó el 26 de febrero de 1997, tras la privatización, y que no tendrá incidencia en sus resultados ya que la cobertura de esta acción le cuesta a la compañía casi 2.800 millones, 933 por cada uno de los tres años del acuerdo.

Según Telefónica, la decisión de modificar el sistema retributivo de sus directivos se tomó "para adecuarlo a los sistemas vigentes en la casi totalidad de las compañías de ámbito multinacional", para "fidelizar a sus ejecutivos" y para "alinear los intereses de los ejecutivos con los de los accionistas".

El programa, explica Telefónica, "conllevó la concesión a los 100 directivos más significativos del grupo, por tramos iguales según el nivel de responsabilidad, de un número determinado de opciones sobre acciones de Telefónica, la mitad de ellas al precio de cotización vigente al tiempo de dicha concesión y la otra mitad al referido precio de cotización incrementado en un 50%" y ambos con vencimiento a tres años. Telefónica aclara además que las opciones están en su poder y que a los directivos se les entregará las plusvalías.

 

REPRODUCIDO DE EL PAIS