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   Noticias - 17/Septiembre/99

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El Gobierno regula por Real Decreto Ley la Firma Electrónica

Fomento logra que se tramite por este procedimiento para evitar que se impongan las multinacionales en el camnpo de las entidades certificadoras

DIARIO DEL NAVEGANTE

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el Real Decreto Ley sobre Firma Electrónica, en el que se reconoce la eficacia jurídica de la misma y las condiciones para prestar servicios de certificación en España.

El Ministerio de Fomento había elaborado un proyecto de ley para regular la firma electrónica que había pasado ya todos los trámites pertinentes, pero la proximidad de las elecciones generales impedía que el Parlamento tuviera tiempo para discutirla. Fuentes de este ministerio habían señalado la urgencia de aprobar este proyecto y la posibilidad de hacerlo por decreto ley para regular la figura de los certificadores de firmas electrónicas nacionales antes de que se impusieran multinacionales. Esta última posibilidad es la que finalmente se ha impuesto, con la aprobación hoy de su tramitación como Real Decreto Ley.

El secretario general de Comunicaciones, José Manuel Villar, ha señalado a EL MUNDO la importancia que supone para España haber logrado sacar adelante esta ley antes que la mayoría de los países de la Unión Europea. "Sólo Alemania y España ya tienen una ley que regule la firma electrónica, y eso supone no sólo estar en vanguardia, sino un hecho muy positivo para nuestra sociedad" ha declarado Villar.

El ministro de Industria y Energía y portavoz del Gobierno, Josep Piqué, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la firma digital favorecerá las transacciones electrónicas de los ciudadanos y facilitará sus trámites con la Administración, con la posibilidad de solicitar el DNI, certificados de nacimiento, certificados de penales, presentar recursos administrativos, etc. a través de Internet.

La firma electrónica avanzada recogerá un conjunto de datos que permitirán la identificación del usuario y tendrá el mismo valor jurídico que la firma manuscrita, siendo admisible como prueba en un juicio. Los usuarios también podrán efectuar tanto transacciones económicas como relacionarse con la Administración, ya que en la firma habrá de figurar la fecha y hora en que se emite el documento.

Certificación

Para que tenga la máxima eficacia jurídica, la firma electrónica tendrá que ser avalada por un "certificado reconocido", que permite verificar la identidad del usuario y que será expedido por un prestador de servicios de certificación.

El anteproyecto de ley establece que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, puede convertirse en prestador de servicios de certificación sin necesidad de autorización previa. Sin embargo, para poder expedir "certificados reconocidos", que den la máxima eficacia a la firma electrónica, los prestadores tendrán que solicitar su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación, creado para este fin en el Ministerio de Justicia.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ya ha logrado con esta Ley el reconocimiento para erigirse como entidad de certificación, estatus que también han solicitado VISA, Telefónica, la Cámara de Comercio y los Corredores de Comercio..

Responsabilidad ante el usuario

El texto legal establece las obligaciones, garantías y condiciones exigibles a los prestadores de servicios de certificación establecidos en España. Entre ellas destaca la necesidad de disponer de recursos económicos suficientes para afrontar "el riesgo de la responsabilidad por daños y perjuicios", tanto a los usuarios de sus servicios como a terceros afectados por éstos.

En concreto el anteproyecto de ley establece que la garantía mínima habrá de cubrir el cuatro por ciento de la suma de los importes de las transacciones en que puedan emplearse el conjunto de los certificados que emita el prestador de este servicio.

El Ministerio de Fomento controlará, a través la Secretaría General de Comunicaciones, el cumplimiento por los prestadores de servicios de certificación el cumplimiento de estas obligaciones

El anteproyecto recoge una clasificación de las infracciones y sus respectivas sanciones. Una infracción muy grave puede dar lugar a multas de hasta 100 millones de pesetas y en caso de que se repitan pueden dar lugar a que se le prohibirá continuar con su actividad. Una infracción grave se multará con multas de hasta 50 millones de pesetas y las leves con sanciones de hasta 5 millones de pesetas.

 

REPRODUCIDO DE DIARIO DEL NAVEGANTE