Siempre se ha dicho que las posibilidades de acceder a la tecnología dependen del lugar o grupo social en el que te desenvuelves, pero lo cierto es que su buen uso y mejor aprovechamiento dependen de tu “nivel de usuario”, más allá de la clase social a la que perteneces, el patrimonio económico o cultural que tienes. Hemos visto políticos que caían en manos de las fake news, empresarios que caían en las garras de la estafa del CEO, empresas superadas por brechas de seguridad en sus sistemas informáticos, celebrities que eran objeto de sextorsiones, profesionales cuyas cuentas bancarias eran vaciadas mediante técnicas del phishing, etc.
Información, educación y experiencia de los usuarios van de la mano en el objetivo de sacarle el máximo provecho a la tecnología. Por eso, desde hace años reclamamos atención específica para la capacitación de nuestros jóvenes, profesionales, empresas, Administraciones públicas, etc. Pero, según el DESI, en España los precios de acceso a la red siguen siendo hoy más altos que la media de la UE, y peor, que ni siquiera tienen reflejo en el grado de implementación. Es incomprensible, por ejemplo, que el servicio universal garantizado legalmente sea todavía de 1 Mbps, si su objetivo principal es “evitar el riesgo de exclusión de los usuarios finales a unos servicios básicos de telecomunicaciones que se consideran esenciales para los ciudadanos”.
Apremia un reajuste de los recursos para actualizar esos datos. Tenemos muchas asignaturas pendientes para poder ser tan competitivos como, paradójicamente, nos permitiría serlo la tecnología. Aprovechemos el “empujón tecnológico” que hemos sufrido para establecer un nuevo pacto social que nos comprometa a mejorar aspectos tanto de tipo estructural, como el servicio universal, la neutralidad de la red, la interoperabilidad de los sistemas, el desarrollo de entornos digitales seguros, el 5G, la Internet de las Cosas (IoT) o la inversión en I+D, como de tipo institucional que, muy especialmente, nos permitan el efectivo ejercicio de los derechos de los consumidores, desde el derecho de acceso a internet hasta los derechos fundamentales (dignidad, intimidad, libertad de expresión e información, etc.), pasando por otros básicos como el derecho a una información correcta sobre bienes y servicios para facilitar detalles sobre su uso adecuado y seguro; al control de las cláusulas abusivas en los contratos “al click” o de adhesión, a la salud, entendida como ocio saludable tanto a través de las pantallas como que permitan desconectar y evitar la aparición de adicciones, a la seguridad digital por defecto en software y hardware, a la educación y formación en materia de consumo online, y a instituciones dotadas de recursos materiales suficientes. Si los sistemas de arbitraje o los juzgados son incapaces de acometer la tarea de aplicar las leyes que ya tenemos a los conflictos que se producen entre los derechos de quienes conviven o crean tecnología, adornar más leyes solo aumentará la sensación de impunidad.
Empecemos por aquello que producirá un cambio real de mentalidad, aquello que fortalecerá la confianza de los ciudadanos: educación en competencias digitales y recursos físicos, institucionales y económicos, o de lo contrario seguiremos a medio gas en el tan ansiado objetivo de la transformación digital.
Este artículo fue publicado en el informe Sociedad Digital en España de Fundación Telefónica
