Jornada 25 Aniversario Asociacion de Internautas


La AI propone agrupar las denuncias contra las telefónicas para ahorrar costes


El sistema para darse de baja enfrenta a consumidores y operadoras. Las disputas se ocasionan por facturas de menos de 5.000 pesetas, cifra muy inferior a la minuta de un abogado. La AI recogerá las querellas en la red.





Los internautas se quejan de las dificultades que las compañías imponen a la hora de dar de baja un contrato. Aunque el alta se puede realizar por teléfono, la baja se tiene que tramitar por carta o por fax. Si no se envía la baja y se deja de pagar, el nombre del internauta aparece en una lista de morosos y posteriormente puede tener problemas a la hora de realizar otros contratos o de pedir un crédito. Al tratarse de pequeñas cantidades, muchos acaban pagando para evitar mayores molestias. La Asociación de Internautas comenzará esta misma semana a agrupar las denuncias de los usuarios que les lleguen para tramitarlas en los juzgados.

La propuesta de la Asociación de Internautas (AI) se fundamenta en que, por regla general, se trata de conflictos por una cantidad mínima de dinero, entre las mil y las cinco mil pesetas, por lo que el cliente individual difícilmente se decide a acudir a los juzgados por el coste de la tramitación.

En la AI se quejan de la falta de regulación en la contratación de servicios de Internet y la que se realiza por teléfono. "Estamos a expensas de la diligencia de las personas que atienden los servicios a usuarios de las compañías telefónicas. Como generalmente se trata de servicios subcontratados a otras empresas, el nivel de formación del personal no es el adecuado. Las operadoras no atienden con dignidad al cliente y tratan a la gente de una forma lamentable".

Recientemente un abogado madrileño planteó una demanda contra una operadora que le reclamaba menos de dos mil pesetas por una baja que no le constaba. El querellante tomó la decisión cuando vió que figuraba en una lista de morosos. El juez no dió la razón directamente a ninguna de las partes, simplemente consideró que no había constancia de la existencia del contrato.

Este es uno de los problemas de la contratación en línea, tanto para el cliente como para la operadora.

"A partir de esta semana, a través de un formulario que pondremos en la página web, recogeremos las denuncias que nos lleguen. Todas las que no tengan salida a través de la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), las llevaremos a los juzgados", explica Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI). En la mayoría de las ocasiones, las disputas entre compañías y usuarios se ocasionan por facturas con importes inferiores a 5.000 pesetas. Si el usuario quiere recurrir a los tribunales, la minuta del abogado es muy superior. "Vamos a presentar denuncias colectivas. Si alguien entra en una lista de morosos por 2.000 pesetas, le va a generar un montón de trastornos. Por ese motivo, llevaremos los casos en paquetes para ahorrar costes. La gente tiene que saber que se puede defender de alguna forma. O la CMT regula a favor de los usuarios o vamos a estar todo el día de juicios", explica Domingo.

En la AI se quejan de la falta de regulación en la contratación de servicios de Internet y la que se realiza por teléfono. "Estamos a expensas de la diligencia de las personas que atienden los servicios a usuarios de las compañías telefónicas. Como generalmente se trata de servicios subcontratados a otras empresas, el nivel de formación del personal no es el adecuado. Las operadoras no atienden con dignidad al cliente y tratan a la gente de una forma lamentable".

Domingo pone como ejemplo la subida de la tarifa plana de Retevisión para empresas. "Esta compañía ofrecía por 5.600 pesetas una tarifa plana a sus abonados preasignados. En julio y sin previo aviso, la han subido unilateralmente a 12.500 pesetas. Como la única relación que existía entre el cliente y la operadora era telefónica y no había nada firmado, mucha gente se ha visto obligada a pagar si quieren seguir utilizando el servicio".

El presidente de la AI cree que hay "una indefensión total. No existe una relación contractual sólida entre el abonado y la operadora o el portal. Es necesario proteger al cliente de las telefónicas. Lo que le estamos pidiendo al Gobierno y a la CMT es que se regule este tipo de situaciones que dejan al usuario indefenso" .

Recientemente (ver Ciberp@ís de 19 de julio 2001), un juez de primera instancia de Madrid anuló una reclamación de la compañía Uni2 por no haber contrato de papel firmado ni probado que se activara el servicio.

Uni2 aceptó el alta por teléfono, pero no la baja. El abogado madrileño Juan Miguel Sánchez acudió a los tribunales por un recibo de 1.778 pesetas, cantidad por la cual figuraba en las listas de morosos de ASNEF-Equifax, empresa dedicada a realizar informes de crédito. La compañía de telefonía Uni2 acaba de recurrir la sentencia.

Sí explícito a la preasignación

La AI reclama que sea necesario el consentimiento explícito del interesado al realizar la preasignación con las compañías telefónicas. Preasignar es, según la CMT, "la facilidad que permite a un abonado elegir a un operador diferente del que le provee el acceso (Telefónica de España) sin necesidad de marcar previamente el código de selección que le identifica (acceso indirecto), dando así la apariencia al usuario de que su línea está virtualmente conectada a la red del operador preseleccionado en lugar de a la de Telefónica".

Domingo se queja de que la CMT "también nos deja en manos de las operadoras. De las preasignaciones efectuadas, 1.129.651 según datos de la CMT, se han producido bastantes irregularidades al haberse tramitado sin consentimiento del cliente de forma expresa, sino de forma tácita".

La Asociación de Usuarios de la Comunicación también denuncia los abusos de las operadoras y asegura que entre febrero y julio, de un total de 468.380 solicitudes de preselección se cancelaron 35.000.

El presidente de la AI cree que "en la CMT suponen que si los usuarios preasignamos para las llamadas internacionales o interprovinciales también queremos hacerlo para las llamadas locales. Eso es mucho suponer". Con estas prácticas, sigue, "vamos a tener los mismos servicios que ofrece Telefónica, pero a través de intermediarios. Es más fácil para las operadoras preasignar que hacer inversiones e instalar líneas, pero los que perdemos somos siempre los usuarios".

FERNANDO GARCÍA
Reproducido de CIberpais

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