Luis Javier Sanchez - CONFILEGAL - Esta falta total de transparencia en este asunto por parte del Gobierno queda compensada por las distintas filtraciones sobre el borrador de canon digital que se está negociando con la industria y empresas de gestión. Dicho borrador del nuevo canon digital se puede ver en la página de la Asociación de Internautas.
Desde ambas asociaciones se piensa que el nuevo canon volverá a tener los mismos problemas que las normas aprobadas por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy: dos leyes cuestionadas desde los Tribunales. Una de las cuestiones que ambas entidades quieren es aclarar qué cantidad se estima por copia privada la que habría que abonar en estos momentos. La principal preocupación de este colectivo es encontrarse cualquier día con un decreto ley que regule la compensación por copia privada.
En esa alianza entre AUI y AI, como asociaciones mayoritarias de los internautas, hace una semana también se solicitaba acceso a los estudios de evaluación de impacto de la copia privada realizados por el Ministerio de Cultura en los años 2008 a 2010 sobre copia privada "información a la que tenemos derecho en virtud de la Ley de Transparencia", según apuntaba Víctor Domingo, presidente de AI, quien revela el escaso interés del propio Ministerio en reunirse con este colectivo.
El canon digital vuelve a dar que hablar pese a los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre cómo debe regularse esta práctica y del definitivo del Tribunal Supremo de noviembre del pasado año que señalaba nulo e inaplicable dicho canon a todas luces.
CONFILEGAL ya se había hecho eco a principios del mes de diciembre del interés del nuevo ministro de Cultura y Portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, de resucitar esta idea, como se puede ver en este anterior reportaje pese a los recelos de muchas asociaciones e interlocutores de nuestra sociedad.
Hace siete días, las Asociaciones de Usuarios e Internautas registraron dos escritos el primero de ellos ante la Comisión de la Propiedad Intelectual y otro en base a la ley de trasparencia. En el primero se pide según puede leerse: "Que se anule cualquier tarifa relativa a los cánones digitales que se fije de forma unilateral y sin negociar con las partes afectadas entre ellas las asociaciones de Usuarios de Internet y de Internautas.",
Por otro lado, en el segundo documento presentado se reclama también en el contenido del mismo "Que se abra un debate abierto la participación de todos los agentes implicados para que puedan expresar sus posiciones antes de tomar decisiones de intermediación o arbitraje y, finalmente, que se dé a conocer este escrito a todos los miembros de las secciones primera y segunda de esta comisión".
"Les hemos recordado que hay interpuestas sendas denuncias y que entre las funciones de esta comisión están las de mediación, arbitraje, determinación de tarifas, control de tarifas y salvaguarda de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual" recordó Víctor Domingo, presidente de Internautas, quien no ocultó que se estaba negociando la puesta en marcha de la Plataforma "Todoscontraelcanon" que engloba asociaciones y colectivos de todo el espectro económico y tecnológico.
"También hemos registrado un escrito solicitando los estudios de impacto de la Copia Privada realizados por el Ministerio de Cultura desde el año 2012, estudios a los que tenemos derecho de acceso en virtud de la ley de transparencia. Nos preocupa que estos estudios no estén disponibles y nos sorprende que se pueda empezar a negociar un canon sin evaluar el daño que se quiere compensar", en palabras de Miguel Pérez Subías, Presidente de AUI
Recordamos que el canon AEDE entró en vigor el 1 de enero de 2015 y desde entonces se sigue sin reglamento y sin que nada haya sido acordado entre las entidades de gestión y los posibles afectados y que el Canon por Copia Privada está pendiente de regularse tras la reciente sentencia del Supremo. Por otro lado, la Ley de Propiedad Intelectual en el Artículo 158 bis establece que la Sección Primera de la Comisión de Cultura tendrá funciones de arbitraje en este asunto en caso de desacuerdo.
Ambas asociaciones recuerdan que además de las medidas legales "vamos a exigir transparencia y dialogo entre todos los agentes afectados ya que estamos limitando derechos fundamentales que afectan a las personas y a la innovación".
