Luis Javier Sanchez en ConfiLegal .- Las entidades de gestión han acogido con críticas la sentencia que se dio a conocer el pasado lunes del tribunal Constitucional sobre la ventanilla única de propiedad intelectual. ?Es difícil entender una afirmación que hace y es que la modificación que se introdujo por la ley 21/2014 de reforma de la Ley de Propiedad intelectual señala que no entro en vigor, pero lo cierto que estuvo en vigor hasta el 1 de agosto del 2017?, indica José Antonio Suárez, asesor jurídico de este colectivo.
Al mismo tiempo destaca que el Ministerio de Cultura publicó una Orden Ministerial para regular el pago de la compensación del 2015 "que no se pudo ejecutar cuando se pronunció el Tribunal Supremo y anuló el Real Decreto que le servía de cobertura", indica. Respecto a la ventanilla única que introdujo Cultura cree que está perfectamente ajustada a la Constitución como se indica en el fallo ?pero es un gran fracaso legislativo, a día de hoy no la ha utilizado nadie, en casi tres años funcionando?.
En la actualidad, el Ministerio de Cultura está tramitando un Real Decreto sobre el canon digital que va regular las devoluciones a los empresarios y a los profesionales que hagan copia privada. ?En el caso de las personas físicas el TJUE ya se dijo que cuando se compra un aparato que permite la copia privada se van a utilizar todas las funcionalidades, con lo cual deben abonar esa compensación?. En el caso de los profesionales, se les devuelve el canon salvo que tengan una exención tal y como s indica en el Decreto ley de julio del 2017?.
Sobre el Real Decreto Suárez nos indica que se encuentra en el Consejo de Estado y que tienen hasta el 10 de marzo para enviar su dictamen al Gobierno. Sobre el dinero pendiente de cobro de las entidades gestión, nos comenta que ?estamos discutiendo las compensaciones a cobrar. Tuvimos una sentencia del 2012 en contra sobre este tema. Estamos ya reclamando en el Tribunal de Estrasburgo y esperamos que nos den la razón. Hemos sufrido una expropiación sin justiprecio?.
Para Suárez "hay una situación que, como consecuencia de una licencia de copia que otorga el Gobierno, no existe una compensación como fija la ley y eso vulnera la legislación europea. Queremos una compensación por las copias que se han seguido haciendo y que las entidades de gestión no han percibido. Los españoles no han dejado de hacer las copias privadas".
En cuanto a las cantidades que se reclaman entre 2012 y 2015 se puede hablar algo más de 430 millones de euros, más el 2016 que supondría otros 120 millones. Y falta por medir los siete primeros meses de 2017 que están sin compensar. ?La situación se podría haber resuelto en el 2017 tras las diferentes sentencias porque hubo seis meses donde podría haberse negociado?. Suárez reconoce que esa propuesta de negociación, el Gobierno no contestó.
Nuestro interlocutor reconocer que las entidades de gestión están habituadas a negociar con sus usuarios ?incluso durante meses, como algo propio a su trabajo y responsabilidad?. Por eso cree que aún puede haber alguna vía abierta a la negociación con el Gobierno, pese a las reclamaciones ya en marcha en Europa.
Miguel Pérez Subias y Victor Domingo registran un escrito en Cultura sobre la falta de transparencia que existe sobre el canon digital.
Falta de transparencia de Cultura
Por su parte, las asociaciones de internautas presentaron hace unos días un escrito ante el Ministerio de Cultura en representación de la plataforma ?todoscontraelcanon? en donde instan a que se interrumpa el cobro y la aplicación del actual canon digital mientras no se realice un estudio de impacto del daño que se quiere compensar.
Al mismo tiempo, este colectivo ha interpuesto otro escrito al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, (CATSI) presidido por el ministro de Industria, Turismo y Comercio o por la persona en quien delegue, es un órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información. En ese organismo ambas asociaciones demandantes están presentes también
Desde este colectivo se viene señalando la falta de transparencia del Ministerio de Cultura para explicar en qué momento se encuentran las negociaciones por la llamada compensación por copia privada. Ya en julio del pasado año presentaron sendos escritos para poder tener acceso a dicha información que se les niega.
Consideran que el mismo "no se ajusta a los procedimientos establecidos y está muy por encima de los importes reconocidos por el propio Ministerio en los estudios previamente realizados", según la misiva con fecha del pasado 1 de marzo , firmada por el presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, y el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías.
En representación de los más de 1,34 millones de ciudadanos y de las organizaciones en nombre de la plataforma ?todoscontraelcanon?, se solicita en el escrito que antes de fijar las tarifas se realice un estudio de impacto actualizado. ? No se ha desarrollado el Reglamento que iba a regular las tarifas por compensación de copia privada?, apunta Domingo
Piden además que se haga de forma pública, neutral y transparente para que las asociaciones firmantes del escrito sean informadas del procedimiento de licitación, realización y publicación de resultados. " Algo se debe estar haciendo cuando las entidades de gestión están calladas", apunta el presidente de la Asociación de Internautas.
En el escrito se reclama además la creación ?de forma urgente? de una mesa de debate sobre el futuro de la propiedad intelectual en un Espacio Digital único Europeo en el que estén todas las asociaciones y colectivos involucrados incluyendo a los ciudadanos y a las industrias tecnológicas entre ellas las firmantes de este escrito.
También los firmantes expresan un total respeto por la propiedad privada, y por los derechos de los autores de contenidos cualquiera que sea su origen (texto, audio, video, fotografías, etc).
Manifiestan además su máxima disposición a mejorar la colaboración con las autoridades judiciales y policiales dentro de la regulación que se establezca, con las administraciones públicas, para la resolución y el esclarecimiento de aquellas actividades delictivas que se puedan producir en torno al mal uso de las TIC, de forma y fondo debidamente armonizados con la legislación europea.
