La Comisión considera necesario encontrar una fórmula que comporte una mayor reducción de tarifas telefónicas. Bruselas cree que aún no se ha conseguido el reajuste de tarifas en España, una condición que permite que los antiguos monopolios telefónicos europeos se adapten a la liberalización del mercado. El reajuste implica, por lo general, 'un aumento del precio del abono telefónico, que se compensa por la reducción de los costes de llamada', según explica la propia Comisión.
El Gobierno autorizó en abril una subida gradual de la cuota de abono de Telefónica (actualmente en 1.742 pesetas mensuales), a la vez que la obligaba a rebajar un 15% sus servicios hasta 2003. Esta decisión se produjo tras una primera advertencia que Bruselas envió al Ejecutivo español para que permitiera a Telefónica ajustar cada servicio a sus costes reales.
Sin embargo, la autoridad comunitaria sigue creyendo insuficientes las medidas del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ha amenazado con llevar el caso al Tribunal de Luxemburgo si el Gobierno español no rectifica en un plazo de dos meses. El comisario de Competencia, Mario Monti, envió ayer a Madrid un dictamen motivado suplementario que explica tal advertencia. 'El Gobierno español no ha tenido debidamente en cuenta las condiciones de mercado al modificar las limitaciones de precios', asegura la Comisión en un comunicado hecho público ayer.
De mantenerse las condiciones acuales, según Bruselas, el desequilibrio entre lo que cobra Telefónica por el abono mensual y el resto de sus costes se mantendrá más de un año: 'Las tarifas de Telefónica no coinciden todavía con sus costes subyacentes y seguirá siendo así probablemente hasta principios de 2003', afirma el escrito. El comunicado prosigue: 'Las medidas recientes tomadas por el Gobierno para ajustar un mecanismo que limitara los precios de las tarifas no son suficientes'.
Con la última decisión de abril, el Gobierno español dio por cerrado el conflicto tarifario con Telefónica. El hecho de que la compañía retirara la demanda que interpuso ante Bruselas en 1998 hizo pensar al Ejecutivo que la polémica estaba zanjada. Pero el nuevo dictamen reaviva el caso.
'Sorpresa' en el Gobierno
A la espera de un análisis más pormenorizado del documento comunitario, el Ministerio de Ciencia y Tecnología manifestó ayer su 'sorpresa' por la nueva reprimenda de Bruselas. El Ejecutivo, que aún no ha recibido oficialmente el dictamen, dispone de unos días para dar una respuesta a la Comisión.
La postura de Telefónica es diferente. La compañía cree que la Comisión Europea le da la razón con el nuevo dictamen. Fuentes de la operadora niegan que la decisión que el Ejecutivo adoptó el pasado mes de abril supusiera un pacto con la compañía, aunque más tarde decidieran retirar la denuncia. Por el contrario, asegura Telefónica, siempre estuvieron en desacuerdo con las medidas adoptadas, aunque eran 'mejores' que las iniciales.
Reproducido de EL PAIS.
El Gobierno autorizó en abril una subida gradual de la cuota de abono de Telefónica (actualmente en 1.742 pesetas mensuales), a la vez que la obligaba a rebajar un 15% sus servicios hasta 2003. Esta decisión se produjo tras una primera advertencia que Bruselas envió al Ejecutivo español para que permitiera a Telefónica ajustar cada servicio a sus costes reales.
Sin embargo, la autoridad comunitaria sigue creyendo insuficientes las medidas del Ministerio de Ciencia y Tecnología y ha amenazado con llevar el caso al Tribunal de Luxemburgo si el Gobierno español no rectifica en un plazo de dos meses. El comisario de Competencia, Mario Monti, envió ayer a Madrid un dictamen motivado suplementario que explica tal advertencia. 'El Gobierno español no ha tenido debidamente en cuenta las condiciones de mercado al modificar las limitaciones de precios', asegura la Comisión en un comunicado hecho público ayer.
De mantenerse las condiciones acuales, según Bruselas, el desequilibrio entre lo que cobra Telefónica por el abono mensual y el resto de sus costes se mantendrá más de un año: 'Las tarifas de Telefónica no coinciden todavía con sus costes subyacentes y seguirá siendo así probablemente hasta principios de 2003', afirma el escrito. El comunicado prosigue: 'Las medidas recientes tomadas por el Gobierno para ajustar un mecanismo que limitara los precios de las tarifas no son suficientes'.
Con la última decisión de abril, el Gobierno español dio por cerrado el conflicto tarifario con Telefónica. El hecho de que la compañía retirara la demanda que interpuso ante Bruselas en 1998 hizo pensar al Ejecutivo que la polémica estaba zanjada. Pero el nuevo dictamen reaviva el caso.
'Sorpresa' en el Gobierno
A la espera de un análisis más pormenorizado del documento comunitario, el Ministerio de Ciencia y Tecnología manifestó ayer su 'sorpresa' por la nueva reprimenda de Bruselas. El Ejecutivo, que aún no ha recibido oficialmente el dictamen, dispone de unos días para dar una respuesta a la Comisión.
La postura de Telefónica es diferente. La compañía cree que la Comisión Europea le da la razón con el nuevo dictamen. Fuentes de la operadora niegan que la decisión que el Ejecutivo adoptó el pasado mes de abril supusiera un pacto con la compañía, aunque más tarde decidieran retirar la denuncia. Por el contrario, asegura Telefónica, siempre estuvieron en desacuerdo con las medidas adoptadas, aunque eran 'mejores' que las iniciales.
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