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Un caso de estafa en telefonía móvil afectó a 50.000 usuarios en España


La operación Rikati ha desmantelado una red de empresas que han defraudado más de 30 millones de euros en alertas y mensajes de texto.




La Guardia Civil ha desmantelado un caso de estafa en telefonía móvil, en el que se calcula que pueden haber sido afectados más de 50.000 usuarios en España. La cantidad defraudada podría ascender a 30 millones de euros, según las autoridades.

<Monica Redondo en Hipertextual.- La operación, llamada Rikati, ha finalizado con el desmantelamiento de seis empresas, entre las que se encuentra Billy Mobile, fundada por los impulsores del portal SeriesYonkis. Después de tres años de investigación, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha podido confirmar que el fraude se llevaba a cabo a través de alertas y números premium, informó El Confidencial.



Esta técnica consiste en enviar a un número de teléfono alertas a las que se suscribe al usuario sin su consentimiento. Los mensajes que recibe la víctima del fraude por los servicios supuestamente contratados acaban elevando el precio de la factura mensual. La empresa que trabaja como intermediaria y la web final acaban repartiéndose los beneficios, según una fuente consultada por El Confidencial.

Por otro lado, la empresa Billy Mobile también está siendo investigada por envíos de SMS de pago, en los que intentan tener suscriptores a servicios como el horóscopo a través de enlaces engañosos en los que piden el número de teléfono del usuario.

Con estas prácticas, se ha conseguido estafar más de 30 millones de euros. La Guardia Civil dará el jueves 29 de junio mas detalles sobre las otras empresas implicadas e información sobre el caso, a cargo del juzgado de instrucción número 5 de Mollet del Vallès en Barcelona. Además, se habilitará una página web en la que se podrá introducir un número de teléfono y confirmar si ha sido víctima del fraude.

La investigación, según el medio español, es una de las más importantes llevadas a cabo en España en los últimos años y los presuntos culpables podrían acarrear penas de hasta seis años de cárcel.


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