Asociación de Internautas

Antonio Lorenzo en El Economista.-

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está cargada de razón cuando asegura que existen "plataformas que generan miles de millones que no tributan de manera adecuada" y que compiten "de forma desleal con los sectores tradicionales". Nada que objetar, salvo que la medida propuesta por el Ejecutivo no cumple el objetivo perseguido. Sin un debate previo entre todos los jugadores del negocio, las tecnológicas seguirán distrayendo ingresos a las arcas públicas, a pesar de las tasas que apliquen como parches.

Apple, Facebook, Amazon o Google tributan cada año en España apenas 25 millones de euros, al tiempo que sus rivales europeos aportan más de 8.000 millones. Esa situación seguirá igual de torcida aunque se imponga una tasa huérfana de arbitrio y debate.

El Ejecutivo español se ha apresurado a aplicar medidas correctoras por su lado, adelantándose al trabajo que Bruselas lleva realizando desde hace años

Los creadores de la idea no se habrán percatado de que el ciudadano será el gran perjudicado. De hecho, nada impedirá a los gigantes puntocom repercutir el sobrecoste generado por dicho impuesto a los usuarios, poniendo en peligro la gratuidad actual de muchos de sus servicios, como advierte a este periódico Víctor Domingo, portavoz de la Asociación de Internautas.

Vaya por delante que es indiscutible la destreza de las compañías tecnológicas estadounidenses para rebajar su tarifa fiscal. Todas están en su perfecto derecho de aprovechar la legalidad vigente en función de sus conveniencias. Por lo tanto, el primer culpable de las asimetrías actuales es el gobierno que las consiente. Ante esa realidad, el Ejecutivo español se ha apresurado a aplicar medidas correctoras por su lado, adelantándose al trabajo que Bruselas lleva realizando desde hace años.

Así, el pasado marzo, la Comisión Europea ya propuso gravar los ingresos de las tecnológicas con una tasa del 3 por ciento de sus ventas, referido a aquellas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo o 50 millones en territorio europeo. Dicha Directiva está sin aprobar, debido a la oposición de los países nórdicos, pero España se ha desmarcado al versionar la referida norma y gravar los servicios de publicidad en línea, de intermediación y de venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario, también con una tasa del 3 por ciento de los ingresos generados. Esta nueva carga se aplicará a las puntocom, así como a las empresas de economía colaborativa que operan en Internet y que facturen globalmente más de 750 millones de euros o superen los 3 millones de euros de ventas en España. Además de a Google, Facebook o Twitter, la medida también afectará a Amazon, Uber y Airbnb, entre otros.

Aplicar las reglas de los negocios tradicionales a la economía de Internet obliga a resolver una ecuación especialmente compleja debido a la ausencia de un territorio físico y ante la peculiaridad de un activo tan resbaladizo como los ceros y unos del lenguaje informático. En las redes no hay aduanas ni pasaportes. La adaptación de la fiscalidad a la tecnología digital exige romper muchos moldes y los gobiernos deben entender que la parte más valiosa de muchos dispositivos y servicios a gravar se encuentra en las patentes y en las líneas de código.

El negocio estrictamente local que realizan muchos gigantes tecnológicos en sus operaciones en España se limita a actividades de marketing e intermediación. Además, desde siempre se tributa por los beneficios y no por los ingresos. Es decir, por ahora, el fisco no pide cuentas por los 1.000 euros que pueda pagar alguien por iPhone, sino por los pocos euros del margen comercial generados en el país con un producto diseñado en California, producido en China y gestionado desde Irlanda.