La batalla por el 'software público'
En el mundo del software se han librado muchas y cruentas guerras, durante los más de 20 años que las empresas de este sector llevan peleando por hacerse un hueco en los equipos informáticos. Nunca, sin embargo, se ha visto una lucha como la que están sosteniendo, en el campo de batalla de la Administración, las empresas que promueven el software libre -con IBM a la cabeza- frente a las del propietario -básicamente, Microsoft-. La UE ha recomendado sistemas abiertos a las administraciones, y el 63% de ellas ya los utiliza.
PATRICIA FERNÁNDEZ DE LIS
.- Horst Bräuner, el director de informática del Ayuntamiento de la ciudad alemana de Schwäbisch, había sorteado ya todo tipo de dificultades técnicas y políticas para que los 300 puestos de trabajo del Ayuntamiento dejaran de funcionar con el sistema operativo Windows de Microsoft y utilizaran el programa abierto Linux. Pero no se esperaba la rebelión de los funcionarios cuando descubrieron que las ventanas con las que estaban acostumbrados a trabajar cuando encendían sus ordenadores habían desaparecido. Bräuner tuvo que invitar al alcalde de la ciudad a dar una charla para calmar a los funcionarios, y eligió a una de las trabajadoras, una mujer de mediana edad, para que enseñara al resto cómo comenzar a trabajar en el nuevo mundo de Linux.
Schwäbisch, como Múnich, Porto Alegre, Andalucía o Extremadura, ha tomado la decisión de cambiar todo su software para instalar en sus ordenadores programas cuyo código puede ser libremente estudiado, copiado y modificado por cualquiera que quiera hacerlo. En realidad, "no hay administración pública que, en este momento, no esté estudiando cambiar sus sistemas a otros de código abierto", explica Piero Corsini, vicepresidente de Sector Público en IBM Europa, durante unas jornadas sobre software libre en la Administración que ha organizado la compañía en Berlín.
La popularidad de Linux
El interés por el software libre, cuyo programa más popular es el sistema operativo Linux, no es exclusivo de las administraciones públicas. Multinacionales, pymes, entidades financieras, escuelas. Todo tipo de instituciones, en todo el mundo, están planteándose la posibilidad de incorporar programas abiertos en sus sistemas, ya que en principio son más baratos y pueden ser modificados a voluntad.
La lucha por el sector público, en todo caso, es especial. Las administraciones tienen dinero para gastar, en un mercado en crisis. El negocio del software cayó un 5% el año pasado y, según la consultora Ovum, no se recuperará hasta 2007. El sector público, por el contrario, se ha convertido en el asidero y la esperanza de la industria. En España, el último informe Reina, que corresponde al año 2002 y que elabora el Consejo Superior de Informática, muestra un incremento del 17,8% del gasto de la Administración en tecnologías de la información. Y en las comunidades autónomas, esa inversión también se ha incrementado, hasta un 10%, según los datos de eEspaña 2003, de la Fundación Auna.
Y es que, en este momento, el sector público está obligado a plantearse un cambio muy serio en sus sistemas. La Administración "se ha encontrado con que afronta la era de la ciudadanía electrónica con sistemas viejos, heterogéneos y difíciles de integrar", explica José María Olmo, presidente de la compañía de software libre Ándago.
Las administraciones no pueden mantener esos sistemas por mucho tiempo.
La UE ha detectado un gravísimo problema en la variedad de programas, proveedores y equipos informáticos que hay en los sistemas públicos, propiedad de determinadas empresas y que, por tanto, dialogan con dificultades entre sí y no pueden ser destripados por los responsables técnicos. Esa heterogeneidad de los sistemas ha provocado que los ordenadores de la UE tengan problemas para hablar con los de los gobiernos, que a su vez no entienden a los de las comunidades, que tampoco se comunican con los ayuntamientos y que, finalmente, no pueden establecer contacto con los ciudadanos. El plan eEurope 2005 de la UE advierte: "Los sistemas de información de las administraciones públicas estarán basados en estándares abiertos". Pero va más allá: "Alentamos el uso de software de código abierto", dice.
Se está produciendo por tanto, una confluencia de intereses: la Administración quiere renovar su software, y las empresas informáticas quieren como cliente a la Administración. Y esta batalla, que mezcla componentes técnicos y políticos, está removiendo los cimientos del sector informático.
Los fabricantes de hardware, por una parte, están muy interesados en alentar los sistemas abiertos. IBM, la mayor empresa del mercado y la más importante del sector público, vende ya gran parte de sus máquinas con Linux. La decisión de IBM se debe, en cierto modo, a que sus históricos sistemas propietarios, que aún funcionan en gran parte de los organismos españoles, tienen sus días contados. "Apoyamos Linux porque es donde el mercado está creciendo. Pero hay mucha gente a la que aún le resulta difícil asociar la palabra estándares abiertos con IBM", reconoce Corsini.
En la parte superior del negocio informático, los vendedores de aplicaciones como Oracle o Software AG, también están escribiendo sus programas para Linux, entre otras cosas, porque si no lo hacen ellos, cualquier desarrollador de software libre podría escribir bases de datos o programas de contabilidad sobre Linux, y sustuirles como proveedores.
¿Qué ocurre con la parte media de la pirámide? Aquí es donde se sitúan los sistemas operativos, es decir, Linux, y también Windows. Microsoft se está tomando muy en serio sus relaciones con el sector público, especialmente allí donde Linux está creciendo. Y es que las administraciones públicas no sólo tienen dinero para gastar, y la obligación de acabar con la heterogeneidad de sus sistemas; tienen el deber de pensar muy seriamente dónde gastan ese dinero, porque proviene de los impuestos de sus ciudadanos. No es casualidad, así, que las iniciativas más significativas para la adopción de políticas de software libre se hayan tomado en regiones económicamente desfavorecidas como América Latina o, en el caso español, Extremadura y Andalucía.
El pasado mayo, Microsoft anunciaba una donación de 25 millones de euros a las escuelas españolas de las regiones más desfavorecidas. Esta misma semana, donaba otros seis millones de dólares a la Agencia Americana para la Cooperación y el Desarrollo, destinados a los gobiernos de América Latina y el Caribe. En Perú, mientras, se celebraba la I Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre software libre.
El gigante ha sido acusado, además, de reducir los precios de las licencias de Windows hasta en un 50% en sus ventas a las administraciones. "Nuestra política no ha cambiado", niega Aurora García Bardón, directora de Sector Público en Microsoft Ibérica. La compañía sí reconoce que ahora está incluyendo en sus precios el soporte técnico y la formación, porque su objetivo es "dotar al software de valor", dice Bardón.
En todo caso, el crecimiento de Linux no tiene el más mínimo reflejo en las finanzas de la compañía. En España, las cuentas depositadas por Microsoft Ibérica en el Registro Mercantil, correspondientes al año 2002, demuestran que ha aumentado sus ingresos -de 55 a 70 millones de euros- y sus beneficios -de 5,3 a 8,5 millones-. "Las administraciones están buscando alternativas a Microsoft", dice la consultora Gartner. Algunas de ellas están buscando alternativas, incluso, al mercado. La Administración alemana y la francesa están creando organismos públicos que desarrollen software para ellas. Extremadura y Andalucía han firmado, asimismo, un protocolo para compartir Linex. Si el software es abierto, ¿por qué no puede estar hecho por la Administración? "Nosotros siempre acudiremos al sector privado", asegura Luis de Eusebio, subdirector de Recursos Tecnológicos de la Administración en el MAP (Ministerio de Administraciones Públicas).
El software libre, en fin, se abre paso en la Administración, ya sea porque lo distribuyen grandes empresas, compañías locales e incluso las propias administraciones. "El software lo seguirán produciendo los mismos", opina De Eusebio. "Eso sí, probablemente, lo harán de otra manera". El MAP está ultimando un estudio sobre cómo y dónde se utiliza software abierto en la Administración española.Pero ya hay datos significativos. Una encuesta de la UE aseguraba, en abril, que el 63% de las administraciones de la UE -a todos los niveles- utiliza ya programas de software abierto.
Reproducido de El País .
Schwäbisch, como Múnich, Porto Alegre, Andalucía o Extremadura, ha tomado la decisión de cambiar todo su software para instalar en sus ordenadores programas cuyo código puede ser libremente estudiado, copiado y modificado por cualquiera que quiera hacerlo. En realidad, "no hay administración pública que, en este momento, no esté estudiando cambiar sus sistemas a otros de código abierto", explica Piero Corsini, vicepresidente de Sector Público en IBM Europa, durante unas jornadas sobre software libre en la Administración que ha organizado la compañía en Berlín.
La popularidad de Linux
El interés por el software libre, cuyo programa más popular es el sistema operativo Linux, no es exclusivo de las administraciones públicas. Multinacionales, pymes, entidades financieras, escuelas. Todo tipo de instituciones, en todo el mundo, están planteándose la posibilidad de incorporar programas abiertos en sus sistemas, ya que en principio son más baratos y pueden ser modificados a voluntad.
La lucha por el sector público, en todo caso, es especial. Las administraciones tienen dinero para gastar, en un mercado en crisis. El negocio del software cayó un 5% el año pasado y, según la consultora Ovum, no se recuperará hasta 2007. El sector público, por el contrario, se ha convertido en el asidero y la esperanza de la industria. En España, el último informe Reina, que corresponde al año 2002 y que elabora el Consejo Superior de Informática, muestra un incremento del 17,8% del gasto de la Administración en tecnologías de la información. Y en las comunidades autónomas, esa inversión también se ha incrementado, hasta un 10%, según los datos de eEspaña 2003, de la Fundación Auna.
Y es que, en este momento, el sector público está obligado a plantearse un cambio muy serio en sus sistemas. La Administración "se ha encontrado con que afronta la era de la ciudadanía electrónica con sistemas viejos, heterogéneos y difíciles de integrar", explica José María Olmo, presidente de la compañía de software libre Ándago.
Las administraciones no pueden mantener esos sistemas por mucho tiempo.
La UE ha detectado un gravísimo problema en la variedad de programas, proveedores y equipos informáticos que hay en los sistemas públicos, propiedad de determinadas empresas y que, por tanto, dialogan con dificultades entre sí y no pueden ser destripados por los responsables técnicos. Esa heterogeneidad de los sistemas ha provocado que los ordenadores de la UE tengan problemas para hablar con los de los gobiernos, que a su vez no entienden a los de las comunidades, que tampoco se comunican con los ayuntamientos y que, finalmente, no pueden establecer contacto con los ciudadanos. El plan eEurope 2005 de la UE advierte: "Los sistemas de información de las administraciones públicas estarán basados en estándares abiertos". Pero va más allá: "Alentamos el uso de software de código abierto", dice.
Se está produciendo por tanto, una confluencia de intereses: la Administración quiere renovar su software, y las empresas informáticas quieren como cliente a la Administración. Y esta batalla, que mezcla componentes técnicos y políticos, está removiendo los cimientos del sector informático.
Los fabricantes de hardware, por una parte, están muy interesados en alentar los sistemas abiertos. IBM, la mayor empresa del mercado y la más importante del sector público, vende ya gran parte de sus máquinas con Linux. La decisión de IBM se debe, en cierto modo, a que sus históricos sistemas propietarios, que aún funcionan en gran parte de los organismos españoles, tienen sus días contados. "Apoyamos Linux porque es donde el mercado está creciendo. Pero hay mucha gente a la que aún le resulta difícil asociar la palabra estándares abiertos con IBM", reconoce Corsini.
En la parte superior del negocio informático, los vendedores de aplicaciones como Oracle o Software AG, también están escribiendo sus programas para Linux, entre otras cosas, porque si no lo hacen ellos, cualquier desarrollador de software libre podría escribir bases de datos o programas de contabilidad sobre Linux, y sustuirles como proveedores.
¿Qué ocurre con la parte media de la pirámide? Aquí es donde se sitúan los sistemas operativos, es decir, Linux, y también Windows. Microsoft se está tomando muy en serio sus relaciones con el sector público, especialmente allí donde Linux está creciendo. Y es que las administraciones públicas no sólo tienen dinero para gastar, y la obligación de acabar con la heterogeneidad de sus sistemas; tienen el deber de pensar muy seriamente dónde gastan ese dinero, porque proviene de los impuestos de sus ciudadanos. No es casualidad, así, que las iniciativas más significativas para la adopción de políticas de software libre se hayan tomado en regiones económicamente desfavorecidas como América Latina o, en el caso español, Extremadura y Andalucía.
El pasado mayo, Microsoft anunciaba una donación de 25 millones de euros a las escuelas españolas de las regiones más desfavorecidas. Esta misma semana, donaba otros seis millones de dólares a la Agencia Americana para la Cooperación y el Desarrollo, destinados a los gobiernos de América Latina y el Caribe. En Perú, mientras, se celebraba la I Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre software libre.
El gigante ha sido acusado, además, de reducir los precios de las licencias de Windows hasta en un 50% en sus ventas a las administraciones. "Nuestra política no ha cambiado", niega Aurora García Bardón, directora de Sector Público en Microsoft Ibérica. La compañía sí reconoce que ahora está incluyendo en sus precios el soporte técnico y la formación, porque su objetivo es "dotar al software de valor", dice Bardón.
En todo caso, el crecimiento de Linux no tiene el más mínimo reflejo en las finanzas de la compañía. En España, las cuentas depositadas por Microsoft Ibérica en el Registro Mercantil, correspondientes al año 2002, demuestran que ha aumentado sus ingresos -de 55 a 70 millones de euros- y sus beneficios -de 5,3 a 8,5 millones-. "Las administraciones están buscando alternativas a Microsoft", dice la consultora Gartner. Algunas de ellas están buscando alternativas, incluso, al mercado. La Administración alemana y la francesa están creando organismos públicos que desarrollen software para ellas. Extremadura y Andalucía han firmado, asimismo, un protocolo para compartir Linex. Si el software es abierto, ¿por qué no puede estar hecho por la Administración? "Nosotros siempre acudiremos al sector privado", asegura Luis de Eusebio, subdirector de Recursos Tecnológicos de la Administración en el MAP (Ministerio de Administraciones Públicas).
El software libre, en fin, se abre paso en la Administración, ya sea porque lo distribuyen grandes empresas, compañías locales e incluso las propias administraciones. "El software lo seguirán produciendo los mismos", opina De Eusebio. "Eso sí, probablemente, lo harán de otra manera". El MAP está ultimando un estudio sobre cómo y dónde se utiliza software abierto en la Administración española.Pero ya hay datos significativos. Una encuesta de la UE aseguraba, en abril, que el 63% de las administraciones de la UE -a todos los niveles- utiliza ya programas de software abierto.
Reproducido de El País .