La Comisión Europea impone una multa a Microsoft de 497 millones
Mario Monti, comisario de Competencia, obtuvo ayer el visto bueno de los Gobiernos de la UE para imponer a Microsoft una multa de 497 millones por abuso de posición dominante. Es la mayor sanción impuesta hasta la fecha por Bruselas, aunque queda lejos del tope del 10% de la facturación de la compañía, que rondará los 36.000 millones de dólares. La mayor multa de Bruselas por abuso de posición fue de 75 millones a Tetra Pak, aunque el récord lo tenía la suiza Hoffman-Laroche, sancionada en 2001 con 462 millones.
R. M. DE RITUERTO
- Bruselas
EL PAÍS | Economía .--
Para los críticos de Microsoft, la sanción es el chocolate del loro para una firma que dispone de unos 50.000 millones. Para Microsoft se trata de una medida injusta, parte de un paquete sancionador más amplio que la Comisión abusivamente pretende que sea ejemplarizante. Microsoft recurrirá la sanción ante el Tribunal de Luxemburgo.
Los representantes de los Gobiernos de la UE, integrados en un comité asesor, necesitaron menos de una hora para decidir ayer sobre la cantidad presentada por Monti, filtrada anoche por fuentes gubernamentales conocedoras de la discusión. La portavoz de Monti se negó a confirmar la cantidad, que deberá ser ratificada mañana en la reunión semanal de la Comisión.
El monto era el fleco pendiente de la reunión de la pasada semana, cuando el mismo comité acordó que Microsoft se había hecho acreedor a fuertes penalizaciones por abusar de su posición de monopolio de hecho en un mercado como el europeo dominado al 90%.
Sistemas
Los expertos decidieron que, además de la multa, la compañía de Bill Gates deberá proporcionar a los fabricantes de ordenadores el sistema Windows desprovisto del reproductor multimedia Media Player, que copa el 64% del mercado de la UE, para que los consumidores puedan optar por otros rivales en la provisión de servicios de acceso audiovisual a Internet, como RealPlayer de Real Networks, que ahora tiene el 22% del mercado, o Quicktime de Apple. También deberá compartir Microsoft parte de sus códigos con otros fabricantes de servidores para que éstos puedan producir aparatos que funcionen con Windows como lo hacen los propios productos de Microsoft. Estos fabricantes deberán abonar royalties a la empresa de Bill Gates.
Aquella decisión fue seguida de intensas negociaciones entre Monti y Steve Ballmer, el consejero delegado de Microsoft, en un intento de última hora de evitar el choque. Las discusiones fracasaron por la negativa de Microsoft a aceptar las limitaciones que Bruselas quería imponer a futuros desarrollos de Windows.
"He tomado la mejor decisión para la competencia y los consumidores europeos", manifestó el pasado jueves Monti al anunciar la ruptura de las negociaciones con Ballmer y subrayar el "fuerte precedente" que deseaba establecer con la decisión del colegio de comisarios.
Sin precedentes
"Consideramos como una medida sin precedentes e inadecuada que la Comisión imponga una multa a una compañía cuyas operaciones ya están reguladas por el Gobierno de EE UU por una conducta que ha sido aprobada por el Departamento de Justicia y los tribunales de EE UU", señaló anoche en un comunicado Microsoft. A pesar de las protestas por la sanción, son los otros dos extremos técnicos lo que más preocupa a Microsoft, que ha anunciado que recurrirá al Tribunal de Luxemburgo y que pedirá que, mientras resuelve, no entren en vigor imposiciones. El caso podría extenderse durante cuatro o cinco años, salvo que el tribunal opte por la vía de urgencia y resuelva en un año.
Los representantes de los Gobiernos de la UE, integrados en un comité asesor, necesitaron menos de una hora para decidir ayer sobre la cantidad presentada por Monti, filtrada anoche por fuentes gubernamentales conocedoras de la discusión. La portavoz de Monti se negó a confirmar la cantidad, que deberá ser ratificada mañana en la reunión semanal de la Comisión.
El monto era el fleco pendiente de la reunión de la pasada semana, cuando el mismo comité acordó que Microsoft se había hecho acreedor a fuertes penalizaciones por abusar de su posición de monopolio de hecho en un mercado como el europeo dominado al 90%.
Sistemas
Los expertos decidieron que, además de la multa, la compañía de Bill Gates deberá proporcionar a los fabricantes de ordenadores el sistema Windows desprovisto del reproductor multimedia Media Player, que copa el 64% del mercado de la UE, para que los consumidores puedan optar por otros rivales en la provisión de servicios de acceso audiovisual a Internet, como RealPlayer de Real Networks, que ahora tiene el 22% del mercado, o Quicktime de Apple. También deberá compartir Microsoft parte de sus códigos con otros fabricantes de servidores para que éstos puedan producir aparatos que funcionen con Windows como lo hacen los propios productos de Microsoft. Estos fabricantes deberán abonar royalties a la empresa de Bill Gates.
Aquella decisión fue seguida de intensas negociaciones entre Monti y Steve Ballmer, el consejero delegado de Microsoft, en un intento de última hora de evitar el choque. Las discusiones fracasaron por la negativa de Microsoft a aceptar las limitaciones que Bruselas quería imponer a futuros desarrollos de Windows.
"He tomado la mejor decisión para la competencia y los consumidores europeos", manifestó el pasado jueves Monti al anunciar la ruptura de las negociaciones con Ballmer y subrayar el "fuerte precedente" que deseaba establecer con la decisión del colegio de comisarios.
Sin precedentes
"Consideramos como una medida sin precedentes e inadecuada que la Comisión imponga una multa a una compañía cuyas operaciones ya están reguladas por el Gobierno de EE UU por una conducta que ha sido aprobada por el Departamento de Justicia y los tribunales de EE UU", señaló anoche en un comunicado Microsoft. A pesar de las protestas por la sanción, son los otros dos extremos técnicos lo que más preocupa a Microsoft, que ha anunciado que recurrirá al Tribunal de Luxemburgo y que pedirá que, mientras resuelve, no entren en vigor imposiciones. El caso podría extenderse durante cuatro o cinco años, salvo que el tribunal opte por la vía de urgencia y resuelva en un año.