Agua, luz, gas e Internet
Decenas de ayuntamientos despliegan redes públicas de acceso y los operadores se quejan. En Galicia y Andalucía, Euskadi o Canarias, decenas de ayuntamientos están instalando sus propias redes de telecomunicaciones, hartos, dicen, de esperar a que lo hagan los operadores privados. La mayoría ofrece sus servicios por un precio muy bajo, e incluso gratis, lo que ha provocado quejas de competidores y organismos reguladores. Lo que subyace es una discusión sobre la importancia de las telecomunicaciones en el siglo XXI. ¿Es un servicio tan vital como para que el sector público garantice su abastecimiento? La pelea acaba de comenzar.
PATRICIA FERNÁNDEZ DE LIS NEGOCIOS / EL PAÍS
En Ponteareas, a 30 kilómetros de Vigo, viven 500 privilegiados. Este medio millar de ciudadanos sólo ha tenido que firmar una solicitud para que su operador de telecomunicaciones les diera acceso a Internet a alta velocidad, y sin pagar un euro. La media de los españoles, mientras, debe conformarse con uno de los accesos a Internet más caros y lentos de Europa: entre 29 y 101 euros al mes (según datos del informe eEspaña 2004 de la Fundación Auna) por un acceso de 128/256 kbps (kilobits por segundo), una velocidad que, además, ningún operador del mercado garantiza.
A los habitantes de Ponteareas no les ha tocado un sorteo. El operador de telecomunicaciones es su ayuntamiento, que ha decidido ofrecerles el acceso a Internet como un servicio público, y de forma gratuita. En un lugar donde hay zonas que ni siquiera tienen línea telefónica, no hacer nada hubiera significado "dejar a Ponteareas al margen de la sociedad de la información", afirma Alberto Novoa, teniente de alcalde de la localidad.
Ponteareas sigue así la estela de el pueblo granadino de Atarfe, cuya decisión de ofrecer acceso gratuito a la Red sublevó a una operadora privada y, después, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Este organismo ha abierto expediente a ambos ayuntamientos por sanción "muy grave", y ya está barajando una sanción de 12.000 euros en el caso de Ponteareas.
En realidad, los expedientes se abrieron por una cuestión burocrática, ya que ninguno de los ayuntamientos comunicó a la CMT que iba a ofrecer servicios de telecomunicaciones, tal y como exige la ley. Detrás de esta decisión, sin embargo, se esconde la preocupación del organismo regulador, y de los operadores privados, por el hecho de que estos municipios estén ofreciendo acceso gratis -o por un precio muy bajo- a la Red. En una resolución de noviembre pasado, la CMT advertía: "La oferta gratuita del servicio de acceso a Internet (...) sería considerada, a priori (...), una actividad susceptible de producir distorsiones a la libre competencia".
Los casos de Atarfe y Ponteareas fueron denunciados por una televisión local y un cibercafé, respectivamente. Eduardo Pollatos, director de Atarfe TV, explica: "Es como tener una tienda de comestibles y que el ayuntamiento abra otra al lado donde los regala. No tenemos nada contra ellos, pero antes contábamos una lista de espera de tres meses para nuestro negocio de acceso a Internet". Ahora, dice, esa lista está "vacía". En todo caso, tanto Ponteareas como Atarfe aclaran que harán "todo lo necesario" para cumplir la legislación vigente, y que están dispuestos a cobrar por sus servicios. Atarfe ya lo hace, por un precio de entre tres y seis euros al mes. Ponteareas asegura que lo hará cuando la CMT aclare cuánto debe cobrar.
De Asturias a La Palma
El debate de la gratuidad es, en realidad, la punta del iceberg. Lo que ninguno de estos dos municipios va a hacer es renunciar es al despliegue de su red, y con ellos, Carreño (Asturias), Sopelana (Vizcaya), Sagunto (Valencia), Avión (Orense), Calahorra (La Rioja) o Garafía (La Palma). Decenas de ayuntamientos de toda España han decidido montar redes públicas de telecomunicaciones allí donde los operadores privados no pueden o no quieren llegar.
"Para nosotros, los servicios básicos deben ser garantizados desde el sistema público", explica Antonio Rojo, concejal de Nuevas Tecnologías de Atarfe. "Y un acceso a Internet de 128/256 kbps [el ADSL más lento] es lo básico", añade. El papel de los operadores privados, según esta visión, sería vender acceso a la Red por encima de ese mínimo, además de servicios añadidos (juegos, multimedia). No se puede obligar a un operador privado, explica Rojo, a llevar agua a un pueblo lejano o a un cortijo. Por eso, los ayuntamientos que no quieran perder la estela de la sociedad de la información no pueden esperar a que las empresas decidan desplegar sus propias infraestructuras de telecomunicaciones. "En este pueblo vive mucha gente joven", confirma Alberto Novoa, el teniente de alcalde de Ponteareas, "que necesita acceder a Internet para trabajar. Si no pueden hacerlo, se irán a vivir a cualquier otro sitio".
Y es que la disparidad de posibilidades de acceso a la Red entre la España rural y la urbana es ciertamente preocupante. De las dos millones de líneas ADSL que hay en España, 800.000 están en Madrid y Barcelona, según datos de la Asociación de Internautas (AI). Y todavía quedan 69.000 líneas de acceso rural que no pueden conectarse ni siquiera a Internet.
Esta situación deja pueblos y comarcas enteras -y con ellas, a sus empresas- fuera de las ventajas que ofrece Internet, como la comunicación inmediata, el acceso a todo tipo de datos y la puesta en marcha de esos negocios que comienzan con tele, como telemedicina, teletrabajo o teleformación. Seis años después de la liberalización de las telecomunicaciones en España, la situación no parece mejorar: las inversiones en redes se redujeron en 2003 un 25% respecto al año anterior y, sin embargo, los ingresos por banda ancha de las operadoras han crecido un 80% este año, según el estudio anual del mercado presentado esta misma semana por la CMT. "Lo que no es aceptable es que el despliegue de las infraestructuras clave del siglo XXI, que son las telecomunicaciones, dependa de esa hoja de cálculo donde el operador analiza la rentabilidad de la inversión", añade Alfredo Romeo, director de la consultora Open: service, que forma parte del proyecto Redespublicas.org.
La tabla de salvación para muchas poblaciones ha sido la irrupción de una tecnología de nombre simple: wi-fi. Esta rede inalámbrica de acceso a Internet utiliza una banda de frecuencia -la de 2,4 gigaherzios- en la que no se necesita licencia, lo que reduce el coste del despliegue. Éste es, además, relativamente rápido, sencillo y barato: el ayuntamiento de Ponteareas, por ejemplo, se ha gastado 35.000 euros en su red, que da servicio a parte del caso urbano. Por eso, las redes wi-fi han explotado. Desde el pasado noviembre, la CMT ha recibido casi un centenar de notificaciones de empresas y organismos que quieren ofrecer wi-fi, entre ellos, decenas de municipios.
Cada día se conocen, de hecho, nuevos planes de algún ayuntamiento para montar su red wi-fi -la mayoría están recopilados en www.redespublicas.net-. La situación ha explotado de tal forma que comienza a interesar, y preocupar, al Gobierno de la nación. Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, decía recientemente que había que "respetar" y "encauzar" estas iniciativas públicas, provocadas por "ciertos retrasos por parte de operadores". El Gobierno no quiere detallar mucho más, pero admite la posibilidad de modificar la legislación para buscar acomodo a estas redes públicas del siglo XXI, tratando de no afectar a la iniciativa privada. El modelo de las autopistas de peaje -que se explotan por concesiones administrativas- podría aplicarse aquí, según explican sus protagonistas. Lo que no es lógico, explica Romeo, es "esperar a que una empresa decida si le conviene poner en marcha la red de la que dependerá la evolución del país en este siglo".
El caso de 'Utopía' y las descargas ilegales
España no es el único país donde se están desplegando redes públicas de telecomunicaciones (RPT). Según explica Alfredo Romeo, "mientras el Gobierno español [del PP] destinó 30 millones a su proyecto del Internet rural", el Reino Unido ha invertido 1.400 millones de euros en su propia red.
En Estados Unidos hay documentados unos 150 casos de municipios que están desplegando sus propias RPT, como Cedar Falls, Cleveland, Scottsburg, Issaquah Islands, Jacksonville o Holland. Y los problemas a los que se enfrentan son muy similares a los que están viviendo los ayuntamientos españoles -cuentan con la postura en contra de competidores, tribunales y reguladores-, aunque allí tienen, además, la presión añadida de las poderosas baby bells, las compañías de telefonía local.
El caso más especial es, probablemente, el del proyecto Utopía, que pretendía cubrir con fibra óptica el Estado de Utah. El proyecto era muy ambicioso hasta que se descolgó el Ayuntamiento de Salt Lake City -la capital del Estado-, que se ha negado a financiar este proyecto con dinero público. Las razones del alcalde de la ciudad, Rocky Anderson, son bastante simples: "No veo el beneficio social que se puede obtener de usar el dinero de los contribuyentes para financiar una red que ofrece banda ancha para que los usuarios descarguen ficheros de manera ilegal".
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En Ponteareas, a 30 kilómetros de Vigo, viven 500 privilegiados. Este medio millar de ciudadanos sólo ha tenido que firmar una solicitud para que su operador de telecomunicaciones les diera acceso a Internet a alta velocidad, y sin pagar un euro. La media de los españoles, mientras, debe conformarse con uno de los accesos a Internet más caros y lentos de Europa: entre 29 y 101 euros al mes (según datos del informe eEspaña 2004 de la Fundación Auna) por un acceso de 128/256 kbps (kilobits por segundo), una velocidad que, además, ningún operador del mercado garantiza.
A los habitantes de Ponteareas no les ha tocado un sorteo. El operador de telecomunicaciones es su ayuntamiento, que ha decidido ofrecerles el acceso a Internet como un servicio público, y de forma gratuita. En un lugar donde hay zonas que ni siquiera tienen línea telefónica, no hacer nada hubiera significado "dejar a Ponteareas al margen de la sociedad de la información", afirma Alberto Novoa, teniente de alcalde de la localidad.
Ponteareas sigue así la estela de el pueblo granadino de Atarfe, cuya decisión de ofrecer acceso gratuito a la Red sublevó a una operadora privada y, después, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Este organismo ha abierto expediente a ambos ayuntamientos por sanción "muy grave", y ya está barajando una sanción de 12.000 euros en el caso de Ponteareas.
En realidad, los expedientes se abrieron por una cuestión burocrática, ya que ninguno de los ayuntamientos comunicó a la CMT que iba a ofrecer servicios de telecomunicaciones, tal y como exige la ley. Detrás de esta decisión, sin embargo, se esconde la preocupación del organismo regulador, y de los operadores privados, por el hecho de que estos municipios estén ofreciendo acceso gratis -o por un precio muy bajo- a la Red. En una resolución de noviembre pasado, la CMT advertía: "La oferta gratuita del servicio de acceso a Internet (...) sería considerada, a priori (...), una actividad susceptible de producir distorsiones a la libre competencia".
Los casos de Atarfe y Ponteareas fueron denunciados por una televisión local y un cibercafé, respectivamente. Eduardo Pollatos, director de Atarfe TV, explica: "Es como tener una tienda de comestibles y que el ayuntamiento abra otra al lado donde los regala. No tenemos nada contra ellos, pero antes contábamos una lista de espera de tres meses para nuestro negocio de acceso a Internet". Ahora, dice, esa lista está "vacía". En todo caso, tanto Ponteareas como Atarfe aclaran que harán "todo lo necesario" para cumplir la legislación vigente, y que están dispuestos a cobrar por sus servicios. Atarfe ya lo hace, por un precio de entre tres y seis euros al mes. Ponteareas asegura que lo hará cuando la CMT aclare cuánto debe cobrar.
De Asturias a La Palma
El debate de la gratuidad es, en realidad, la punta del iceberg. Lo que ninguno de estos dos municipios va a hacer es renunciar es al despliegue de su red, y con ellos, Carreño (Asturias), Sopelana (Vizcaya), Sagunto (Valencia), Avión (Orense), Calahorra (La Rioja) o Garafía (La Palma). Decenas de ayuntamientos de toda España han decidido montar redes públicas de telecomunicaciones allí donde los operadores privados no pueden o no quieren llegar.
"Para nosotros, los servicios básicos deben ser garantizados desde el sistema público", explica Antonio Rojo, concejal de Nuevas Tecnologías de Atarfe. "Y un acceso a Internet de 128/256 kbps [el ADSL más lento] es lo básico", añade. El papel de los operadores privados, según esta visión, sería vender acceso a la Red por encima de ese mínimo, además de servicios añadidos (juegos, multimedia). No se puede obligar a un operador privado, explica Rojo, a llevar agua a un pueblo lejano o a un cortijo. Por eso, los ayuntamientos que no quieran perder la estela de la sociedad de la información no pueden esperar a que las empresas decidan desplegar sus propias infraestructuras de telecomunicaciones. "En este pueblo vive mucha gente joven", confirma Alberto Novoa, el teniente de alcalde de Ponteareas, "que necesita acceder a Internet para trabajar. Si no pueden hacerlo, se irán a vivir a cualquier otro sitio".
Y es que la disparidad de posibilidades de acceso a la Red entre la España rural y la urbana es ciertamente preocupante. De las dos millones de líneas ADSL que hay en España, 800.000 están en Madrid y Barcelona, según datos de la Asociación de Internautas (AI). Y todavía quedan 69.000 líneas de acceso rural que no pueden conectarse ni siquiera a Internet.
Esta situación deja pueblos y comarcas enteras -y con ellas, a sus empresas- fuera de las ventajas que ofrece Internet, como la comunicación inmediata, el acceso a todo tipo de datos y la puesta en marcha de esos negocios que comienzan con tele, como telemedicina, teletrabajo o teleformación. Seis años después de la liberalización de las telecomunicaciones en España, la situación no parece mejorar: las inversiones en redes se redujeron en 2003 un 25% respecto al año anterior y, sin embargo, los ingresos por banda ancha de las operadoras han crecido un 80% este año, según el estudio anual del mercado presentado esta misma semana por la CMT. "Lo que no es aceptable es que el despliegue de las infraestructuras clave del siglo XXI, que son las telecomunicaciones, dependa de esa hoja de cálculo donde el operador analiza la rentabilidad de la inversión", añade Alfredo Romeo, director de la consultora Open: service, que forma parte del proyecto Redespublicas.org.
La tabla de salvación para muchas poblaciones ha sido la irrupción de una tecnología de nombre simple: wi-fi. Esta rede inalámbrica de acceso a Internet utiliza una banda de frecuencia -la de 2,4 gigaherzios- en la que no se necesita licencia, lo que reduce el coste del despliegue. Éste es, además, relativamente rápido, sencillo y barato: el ayuntamiento de Ponteareas, por ejemplo, se ha gastado 35.000 euros en su red, que da servicio a parte del caso urbano. Por eso, las redes wi-fi han explotado. Desde el pasado noviembre, la CMT ha recibido casi un centenar de notificaciones de empresas y organismos que quieren ofrecer wi-fi, entre ellos, decenas de municipios.
Cada día se conocen, de hecho, nuevos planes de algún ayuntamiento para montar su red wi-fi -la mayoría están recopilados en www.redespublicas.net-. La situación ha explotado de tal forma que comienza a interesar, y preocupar, al Gobierno de la nación. Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, decía recientemente que había que "respetar" y "encauzar" estas iniciativas públicas, provocadas por "ciertos retrasos por parte de operadores". El Gobierno no quiere detallar mucho más, pero admite la posibilidad de modificar la legislación para buscar acomodo a estas redes públicas del siglo XXI, tratando de no afectar a la iniciativa privada. El modelo de las autopistas de peaje -que se explotan por concesiones administrativas- podría aplicarse aquí, según explican sus protagonistas. Lo que no es lógico, explica Romeo, es "esperar a que una empresa decida si le conviene poner en marcha la red de la que dependerá la evolución del país en este siglo".
El caso de 'Utopía' y las descargas ilegales
España no es el único país donde se están desplegando redes públicas de telecomunicaciones (RPT). Según explica Alfredo Romeo, "mientras el Gobierno español [del PP] destinó 30 millones a su proyecto del Internet rural", el Reino Unido ha invertido 1.400 millones de euros en su propia red.
En Estados Unidos hay documentados unos 150 casos de municipios que están desplegando sus propias RPT, como Cedar Falls, Cleveland, Scottsburg, Issaquah Islands, Jacksonville o Holland. Y los problemas a los que se enfrentan son muy similares a los que están viviendo los ayuntamientos españoles -cuentan con la postura en contra de competidores, tribunales y reguladores-, aunque allí tienen, además, la presión añadida de las poderosas baby bells, las compañías de telefonía local.
El caso más especial es, probablemente, el del proyecto Utopía, que pretendía cubrir con fibra óptica el Estado de Utah. El proyecto era muy ambicioso hasta que se descolgó el Ayuntamiento de Salt Lake City -la capital del Estado-, que se ha negado a financiar este proyecto con dinero público. Las razones del alcalde de la ciudad, Rocky Anderson, son bastante simples: "No veo el beneficio social que se puede obtener de usar el dinero de los contribuyentes para financiar una red que ofrece banda ancha para que los usuarios descarguen ficheros de manera ilegal".
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