La Comunidad de Madrid y los trabajadores rechazan el traslado de la sede de la CMT a Barcelona
El 29 de julio de 2004 los medios de comunicación filtran el deseo del Gobierno de trasladar la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) desde la calle Alcalá, en Madrid, a Barcelona. Cinco meses después, el 30 de diciembre, el Consejo de Ministros cumple la «amenaza».
Juancho Sánchez - La Razón
Un día antes de fin de año y, según los sindicatos, «con alevosía y nocturnidad, casi entre uva y uva». En el tiempo que ha transcurrido entre los rumores y los hechos, los casi 120 empleados de este organismo ?encargado de vigilar que las empresas de telecomunicación luchen en justa competencia? se han manifestado, han amenazado con huelgas, han emitido comunicados de prensa y han pedido en decenas de ocasiones ser recibidos por el Ministerio de Industria, organismo público al que está adscrita la CMT, para exponer sus argumentos. Pero han conseguido muy poco. «No sé dónde tiene este Gobierno el famoso talante, porque aquí han hecho las cosas a ritmo de ?decretazo? y sin darnos oportunidad de hablar», explica José Manuel Vilares, uno de los miembros del comité de empresa. Vilares cuenta que en agosto les recibieron una vez y «con muy buenas palabras» les pidieron que prepararan «un documento» con sus reivindicaciones, que entregaron el 13 de septiembre. Luego silencio, hasta finales de noviembre, fecha en que les volvieron a recibir, «para decirnos que el traslado se iba a hacer porque sí, y que si queríamos protestar nos fuéramos a hablar con el presidente de la CMT, Carlos Bustelo, quien por otra parte es rehén del Ministerio».
Así las cosas, cuando los sindicatos se enteraron «con mensajes a los móviles y llamándonos unos a otros, porque nadie tuvo a bien avisarnos», de la decisión del Consejo de Ministros, montaron en cólera. «Vamos a ir hasta el final. Por lo legal o por lo ilegal demostraremos a la sociedad que lo del talante es un cuento chino». Afirman que lo peor es que sólo hay razones políticas para hacer el traslado. «El ministro Montilla, que es el comisario de Maragall en Madrid, impuso su ley, y el PSOE calla y acata». En este sentido, la Comunidad califica también de «chapuza» la medida. El consejero de Economía, Merry del Val, se pregunta «¿para qué hay que trasladar un organismo que tiene en Madrid el 90% de las empresas a las que debe vigilar?»
Un día antes de fin de año y, según los sindicatos, «con alevosía y nocturnidad, casi entre uva y uva». En el tiempo que ha transcurrido entre los rumores y los hechos, los casi 120 empleados de este organismo ?encargado de vigilar que las empresas de telecomunicación luchen en justa competencia? se han manifestado, han amenazado con huelgas, han emitido comunicados de prensa y han pedido en decenas de ocasiones ser recibidos por el Ministerio de Industria, organismo público al que está adscrita la CMT, para exponer sus argumentos. Pero han conseguido muy poco. «No sé dónde tiene este Gobierno el famoso talante, porque aquí han hecho las cosas a ritmo de ?decretazo? y sin darnos oportunidad de hablar», explica José Manuel Vilares, uno de los miembros del comité de empresa. Vilares cuenta que en agosto les recibieron una vez y «con muy buenas palabras» les pidieron que prepararan «un documento» con sus reivindicaciones, que entregaron el 13 de septiembre. Luego silencio, hasta finales de noviembre, fecha en que les volvieron a recibir, «para decirnos que el traslado se iba a hacer porque sí, y que si queríamos protestar nos fuéramos a hablar con el presidente de la CMT, Carlos Bustelo, quien por otra parte es rehén del Ministerio».
Así las cosas, cuando los sindicatos se enteraron «con mensajes a los móviles y llamándonos unos a otros, porque nadie tuvo a bien avisarnos», de la decisión del Consejo de Ministros, montaron en cólera. «Vamos a ir hasta el final. Por lo legal o por lo ilegal demostraremos a la sociedad que lo del talante es un cuento chino». Afirman que lo peor es que sólo hay razones políticas para hacer el traslado. «El ministro Montilla, que es el comisario de Maragall en Madrid, impuso su ley, y el PSOE calla y acata». En este sentido, la Comunidad califica también de «chapuza» la medida. El consejero de Economía, Merry del Val, se pregunta «¿para qué hay que trasladar un organismo que tiene en Madrid el 90% de las empresas a las que debe vigilar?»