Preocupaci贸n ante la posibilidad de que la UE obligue a los ISPs a retener los datos de comunicaciones electr贸nicas.
La Comisi贸n de Libertades e Inform谩tica se muestra preocupada por la posible aprobaci贸n de una decisi贸n por el Consejo de la Uni贸n que obligue a los proveedores de acceso a Internet a retener los datos de tr谩fico y conexi贸n entre 12 y 36 meses.
El a帽o pasado, la Comisi贸n de Libertades e Inform谩tica (CLI), alertaba sobre una propuesta de Resoluci贸n presentada al Consejo de la Uni贸n Europea por Francia, Irlanda, Suecia y Reino Unido que persegu铆a armonizar los periodos de conservaci贸n de los datos de tr谩fico de las comunicaciones electr贸nicas con fines policiales, estableciendo m铆nimos de un a帽o y m谩ximos de tres. Esta propuesta no inclu铆a la obligaci贸n de retener el contenido de las mismas pero s铆 los datos de tr谩fico (fecha, origen, destinatario, duraci贸n) y los de conexi贸n (localizaci贸n).
Hace algunos d铆as, el Parlamento Europeo ha rechazado esta propuesta por no ser conforme a los principios de la normativa europea de protecci贸n de datos, ni cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al derecho a la intimidad (las intromisiones deben ser contempladas en una ley, ser necesarias en una sociedad democr谩tica y acorde con una serie de fines enumerados en el Tratado), vulnerar el principio de inocencia, e imponer una cargas desproporcionadas a las empresas de telecomunicaciones para implantar un sistema cuya eficacia resulta dudosa. Ante estas circunstancias, el Parlamento pide a la Comisi贸n Europea que proponga una iniciativa acorde con la legislaci贸n vigente, bas谩ndose en el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa que propuso una duraci贸n m谩xima de conservaci贸n de los datos de 90 d铆as, y fomentando la cooperaci贸n entre los Estados Miembros. Sin embargo, la opini贸n del Parlamento Europeo no tiene car谩cter vinculante por lo que la propuesta puede ser aprobada por el Consejo de la Uni贸n.
Estas declaraciones hacen eco al anuncio de la Comisi贸n Europea hace algunos d铆as de proponer para este verano una decisi贸n que recoger铆a la obligaci贸n para las compa帽铆as telef贸nicas y proveedores de Internet de registrar todos los correos electr贸nicos, llamadas telef贸nicas y otras comunicaciones electr贸nicas durante un m铆nimo de un a帽o con fines policiales sin precisar debidamente las garant铆as que, en todo caso, deber铆an acompa帽ar estas actuaciones.
La CLI recuerda que los an谩lisis realizados por las Compa帽铆as de telecomunicaciones en Europa muestran que los datos de tr谩fico exigidos para la persecuci贸n de las infracciones y delitos en Internet tienen una antig眉edad inferior a seis meses. Todo ello, sin entrar a valorar el coste que supondr铆a para las empresas de telecomunicaciones el cumplimiento de esta obligaci贸n. Coste que en todo caso ser铆a repercutido en el precio de los servicios de telecomunicaciones, como Internet, servicio universal, etc. Dichas empresas ya piden a sus Gobiernos que se hagan part铆cipes de los costes, lo que supone que son los ciudadanos los que al final van a tener que pagar el precio tanto econ贸mico como en recorte de libertades fundamentales de estas medidas que consideramos desproporcionadas.
En Espa帽a, el 煤ltimo Reglamento de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones (RD 424/2005) regula el plazo de retenci贸n de los datos de tr谩fico con fines comerciales, limit谩ndolo al plazo de impugnaci贸n de la facturas (3 meses), y las personas que pueden acceder a los mismos. Sin embargo, sigue pendiente de desarrollo reglamentario el tratamiento de los datos de tr谩fico y de conexi贸n con fines policiales contemplado en la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci贸n) que fija un periodo m谩ximo de 12 meses, debi茅ndose en todo caso preservar el derecho al secreto de las comunicaciones.
Por todo ello, considerando que la retenci贸n indiscriminada y masiva de los datos de tr谩fico supone un alto riesgo de vulneraci贸n de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular de sus derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protecci贸n de datos de car谩cter personal, pero conscientes de la necesidad de tomar las medidas necesarias para luchar contra el terrorismo y cualquier otro tipo de delincuencia organizada, la CLI solicita de nuevo al Gobierno que elabore el Reglamento de desarrollo del art铆culo 12 de la LSSI, incorporando las debidas garant铆as para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y defina de esta manera claramente su posici贸n al respecto tanto en Espa帽a como ante la Uni贸n Europea.
Forman parte de la Comisi贸n de Libertades Inform谩ticas
AI:Asociaci贸n de Internautas
ALI: Asociaci贸n de Doctores, Licenciados e Ingenieros en Inform谩tica,
APDHE: Asociaci贸n Pro Derechos Humanos de Espa帽a,
CCOO:Comisiones Obreras,
CECU:Confederaci贸n de Consumidores y Usuarios,
FADSP: Federaci贸n de Asociaciones de Defensa de la Sanidad P煤blica,
UGT: Uni贸n General de Trabajadores.
Hace algunos d铆as, el Parlamento Europeo ha rechazado esta propuesta por no ser conforme a los principios de la normativa europea de protecci贸n de datos, ni cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al derecho a la intimidad (las intromisiones deben ser contempladas en una ley, ser necesarias en una sociedad democr谩tica y acorde con una serie de fines enumerados en el Tratado), vulnerar el principio de inocencia, e imponer una cargas desproporcionadas a las empresas de telecomunicaciones para implantar un sistema cuya eficacia resulta dudosa. Ante estas circunstancias, el Parlamento pide a la Comisi贸n Europea que proponga una iniciativa acorde con la legislaci贸n vigente, bas谩ndose en el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa que propuso una duraci贸n m谩xima de conservaci贸n de los datos de 90 d铆as, y fomentando la cooperaci贸n entre los Estados Miembros. Sin embargo, la opini贸n del Parlamento Europeo no tiene car谩cter vinculante por lo que la propuesta puede ser aprobada por el Consejo de la Uni贸n.
Estas declaraciones hacen eco al anuncio de la Comisi贸n Europea hace algunos d铆as de proponer para este verano una decisi贸n que recoger铆a la obligaci贸n para las compa帽铆as telef贸nicas y proveedores de Internet de registrar todos los correos electr贸nicos, llamadas telef贸nicas y otras comunicaciones electr贸nicas durante un m铆nimo de un a帽o con fines policiales sin precisar debidamente las garant铆as que, en todo caso, deber铆an acompa帽ar estas actuaciones.
La CLI recuerda que los an谩lisis realizados por las Compa帽铆as de telecomunicaciones en Europa muestran que los datos de tr谩fico exigidos para la persecuci贸n de las infracciones y delitos en Internet tienen una antig眉edad inferior a seis meses. Todo ello, sin entrar a valorar el coste que supondr铆a para las empresas de telecomunicaciones el cumplimiento de esta obligaci贸n. Coste que en todo caso ser铆a repercutido en el precio de los servicios de telecomunicaciones, como Internet, servicio universal, etc. Dichas empresas ya piden a sus Gobiernos que se hagan part铆cipes de los costes, lo que supone que son los ciudadanos los que al final van a tener que pagar el precio tanto econ贸mico como en recorte de libertades fundamentales de estas medidas que consideramos desproporcionadas.
En Espa帽a, el 煤ltimo Reglamento de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones (RD 424/2005) regula el plazo de retenci贸n de los datos de tr谩fico con fines comerciales, limit谩ndolo al plazo de impugnaci贸n de la facturas (3 meses), y las personas que pueden acceder a los mismos. Sin embargo, sigue pendiente de desarrollo reglamentario el tratamiento de los datos de tr谩fico y de conexi贸n con fines policiales contemplado en la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci贸n) que fija un periodo m谩ximo de 12 meses, debi茅ndose en todo caso preservar el derecho al secreto de las comunicaciones.
Por todo ello, considerando que la retenci贸n indiscriminada y masiva de los datos de tr谩fico supone un alto riesgo de vulneraci贸n de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular de sus derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a la protecci贸n de datos de car谩cter personal, pero conscientes de la necesidad de tomar las medidas necesarias para luchar contra el terrorismo y cualquier otro tipo de delincuencia organizada, la CLI solicita de nuevo al Gobierno que elabore el Reglamento de desarrollo del art铆culo 12 de la LSSI, incorporando las debidas garant铆as para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y defina de esta manera claramente su posici贸n al respecto tanto en Espa帽a como ante la Uni贸n Europea.
Forman parte de la Comisi贸n de Libertades Inform谩ticas
AI:Asociaci贸n de Internautas
ALI: Asociaci贸n de Doctores, Licenciados e Ingenieros en Inform谩tica,
APDHE: Asociaci贸n Pro Derechos Humanos de Espa帽a,
CCOO:Comisiones Obreras,
CECU:Confederaci贸n de Consumidores y Usuarios,
FADSP: Federaci贸n de Asociaciones de Defensa de la Sanidad P煤blica,
UGT: Uni贸n General de Trabajadores.