La jueza rechaza la petici贸n del fiscal de archivar la querella contra Deutsche
El Juzgado de Instrucci贸n n煤mero 2 de Barcelona ha acordado continuar la tramitaci贸n del procedimiento seguido contra directivos del Deutsche Bank acusados de despedir a un empleado tras interceptar su correo electr贸nico, denegando la petici贸n del Ministerio Fiscal de archivar la causa.
30/11/2001
Europa Press
La magistrada-juez Mar铆a Eugenia Canal Bedia tambi茅n ha determinado el inicio de un plazo de cinco d铆as para que la Acusaci贸n Particular solicite la apertura del juicio oral, seg煤n informaron Europa Press personas cercanas a la causa.
En el auto, la jueza considera que la orden que dieron los directivos del banco de "acceso, bloqueo y copiado" de los correos remitidos por su trabajador Gregorio Gim茅nez presenta "caracteres del tipo penal" en cuanto que vulneran el derecho fundamental de cualquier persona al secreto de sus comunicaciones, recogido en la Constituci贸n y tipificado en el art铆culo 197 del C贸digo Penal.
Alega la magistrada que, aun considerando la tesis del Ministerio Fiscal de que los derechos fundamentales como el de la inviolabilidad de las comunicaciones no tienen car谩cter absoluto, con 谩nimo de separar el 谩mbito laboral, su limitaci贸n se encuentra recogida en la Constituci贸n en el 煤nico supuesto legal de la autorizaci贸n judicial, al cual no se acogi贸 el banco.
La instructora de la causa se帽ala que, para poner fin al env铆o de correos por parte del empleado en horario laboral, hubiera bastado con bloquear el servicio de 'e-mail' de aquel sin acceder al contenido del mismo, y pedir las explicaciones oportunas para, en su caso y con su consentimiento, acceder a los correos electr贸nicos para adoptar posibles medidas disciplinarias.
Adem谩s, el acceso al contenido de los correos para determinar si este afecta o no a la intimidad de las personas, significar铆a --seg煤n la jueza-- dejar desprotegido el derecho fundamental de todas las personas al secreto de las comunicaciones, abriendo una "peligrosa" puerta de acceso a la intimidad y privacidad de las comunicaciones, por lo que abre la v铆a para que se inicie el juicio oral.
LOS USUARIOS CRITICAN A LA FISCALIA
Por su parte, el sindicato CC.OO. y las organizaciones de usuarios Asociaci贸n de Internautas (AI) y Asociaci贸n de Usuarios de Internet (AUI) lamentaron la actuaci贸n del Ministerio Fiscal por no proteger los derechos fundamentales de las personas.
La AI y la Federaci贸n de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. consideran que el 谩mbito interno de la empresa no puede quedar "fuera de la Constituci贸n", y "mucho menos el secreto de las comunicaciones".
Ambas "rechazan de plano" todas las "interpretaciones restrictivas" de los derechos fundamentales y subrayan la necesidad de contar con una autorizaci贸n judicial antes de intervenir las comunicaciones, teniendo en cuenta, adem谩s, que en este caso se ha producido la "vulneraci贸n del secreto por decisi贸n de la empresa".
CC.OO. e Internatuas consideran una "seria amenaza" la interpretaci贸n del Ministerio Fiscal "para el correo electr贸nico como herramienta de comunicaci贸n r谩pida, barata y de muy sencillo uso, dentro y fuera de las empresas".
Por otro lado, el presidente de la AUI, Miguel P茅rez Sub铆as, destac贸 la necesidad de delimitar cu谩ndo los recursos son de los trabajadores y cu谩ndo son de la empresa, diferenciando entre cuentas empresariales y cuentas personales, para crear una base com煤n aceptada, ya sea en los convenios laborales o los propios contratos, sin necesidad de que est茅 recogido en una ley.
Reproducido de Europa Press
Europa Press
La magistrada-juez Mar铆a Eugenia Canal Bedia tambi茅n ha determinado el inicio de un plazo de cinco d铆as para que la Acusaci贸n Particular solicite la apertura del juicio oral, seg煤n informaron Europa Press personas cercanas a la causa.
En el auto, la jueza considera que la orden que dieron los directivos del banco de "acceso, bloqueo y copiado" de los correos remitidos por su trabajador Gregorio Gim茅nez presenta "caracteres del tipo penal" en cuanto que vulneran el derecho fundamental de cualquier persona al secreto de sus comunicaciones, recogido en la Constituci贸n y tipificado en el art铆culo 197 del C贸digo Penal.
Alega la magistrada que, aun considerando la tesis del Ministerio Fiscal de que los derechos fundamentales como el de la inviolabilidad de las comunicaciones no tienen car谩cter absoluto, con 谩nimo de separar el 谩mbito laboral, su limitaci贸n se encuentra recogida en la Constituci贸n en el 煤nico supuesto legal de la autorizaci贸n judicial, al cual no se acogi贸 el banco.
La instructora de la causa se帽ala que, para poner fin al env铆o de correos por parte del empleado en horario laboral, hubiera bastado con bloquear el servicio de 'e-mail' de aquel sin acceder al contenido del mismo, y pedir las explicaciones oportunas para, en su caso y con su consentimiento, acceder a los correos electr贸nicos para adoptar posibles medidas disciplinarias.
Adem谩s, el acceso al contenido de los correos para determinar si este afecta o no a la intimidad de las personas, significar铆a --seg煤n la jueza-- dejar desprotegido el derecho fundamental de todas las personas al secreto de las comunicaciones, abriendo una "peligrosa" puerta de acceso a la intimidad y privacidad de las comunicaciones, por lo que abre la v铆a para que se inicie el juicio oral.
LOS USUARIOS CRITICAN A LA FISCALIA
Por su parte, el sindicato CC.OO. y las organizaciones de usuarios Asociaci贸n de Internautas (AI) y Asociaci贸n de Usuarios de Internet (AUI) lamentaron la actuaci贸n del Ministerio Fiscal por no proteger los derechos fundamentales de las personas.
La AI y la Federaci贸n de Servicios Financieros y Administrativos de CC.OO. consideran que el 谩mbito interno de la empresa no puede quedar "fuera de la Constituci贸n", y "mucho menos el secreto de las comunicaciones".
Ambas "rechazan de plano" todas las "interpretaciones restrictivas" de los derechos fundamentales y subrayan la necesidad de contar con una autorizaci贸n judicial antes de intervenir las comunicaciones, teniendo en cuenta, adem谩s, que en este caso se ha producido la "vulneraci贸n del secreto por decisi贸n de la empresa".
CC.OO. e Internatuas consideran una "seria amenaza" la interpretaci贸n del Ministerio Fiscal "para el correo electr贸nico como herramienta de comunicaci贸n r谩pida, barata y de muy sencillo uso, dentro y fuera de las empresas".
Por otro lado, el presidente de la AUI, Miguel P茅rez Sub铆as, destac贸 la necesidad de delimitar cu谩ndo los recursos son de los trabajadores y cu谩ndo son de la empresa, diferenciando entre cuentas empresariales y cuentas personales, para crear una base com煤n aceptada, ya sea en los convenios laborales o los propios contratos, sin necesidad de que est茅 recogido en una ley.
Reproducido de Europa Press