Asociación de Internautas

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El tribunal estima que el sistema para investigar al trabajador, despedido en 2004, vulneraba su derecho a la intimidad

El tribunal estima que el sistema para investigar al trabajador, despedido en 2004, vulneraba su derecho a la intimidad


El conflicto legal entre el derecho a la privacidad de los trabajadores y las sanciones por el uso de internet en el centro de trabajo con fines personales parece apuntar que la privacidad es el elemento prioritario.

ÀLEX BARNET La Vanguardia.- Al menos, en aquellos casos en los que las empresas no han prohibido explícitamente el uso particular de las conexiones o cuando para investigar al trabajador se puede vulnerar su intimidad. Esto es lo que indica la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) por la que se obliga a una empresa de explotación electrónica a readmitir a un empleado al que despidió en abril del 2004 por, entre otras cosas, utilizar internet para chatear y ver porno. El Supremo argumenta que el sistema de control instalado por la empresa violaba la intimidad del trabajador. La decisión obliga a la empresa a pagarle su salario durante el tiempo transcurrido entre el cese y la resolución judicial (cerca de 35.000 euros). En caso de no readmitirle, el Alto Tribunal obliga a la compañía a indemnizarle con 4.200 euros. El trabajador, con categoría de técnico medio, cobraba un salario de 1.310 euros.

Esta resolución del Supremo confirma la sentencia dictada en diciembre del 2004 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que consideró improcedente el despido al entender que la empresa había violado la intimidad al instalar un sistema de control de su ordenador. El TSJPV señalaba, asimismo, que la compañía no le había prohibido explícitamente la utilización de la red con fines particulares. Sin embargo, anteriormente un juzgado de Vizcaya había considerado procedente el despido, atribuyendo al trabajador una "transgresión de la buena fe contractual" respecto a la empresa por "utilización indebida" de internet en el trabajo. Este tribunal consideró lícitos los controles de la compañía al entender que sólo había identificado la persona, fecha y duración de los contactos mantenidos en horas de trabajo, sin violar la intimidad del empleado.

"Existe cierta confusión en estos casos porque es difícil establecer la barrera entre el uso personal y el laboral. Pasa con internet pero también con el teléfono fijo o con los móviles que ahora algunas empresas entregan a sus trabajadores", manifestó a este diario Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociacion de Usuarios de Internet (AUI).

En su opinión entran en juego además valores subjetivos: "La cantidad de tiempo - ¿cinco minutos? ¿una hora?- a partir del cual se considera un uso abusivo y desproporcionado, por ejemplo. O el tipo de material consultado: el porno puede parecer malo a algunos, pero estas mismas personas pueden valorarlo de manera diferente si lo que se mira es un diario de información general". La tendencia actual, añade Subías, es que las empresas expliquen debidamente qué usos no están permitidos y que, llegado el caso, si han de investigar a una persona lo hagan siguiendo los pasos legales. "No se puede pinchar el teléfono de nadie sin el correspondiente mandato judicial. No veo la diferencia entre esa situación e internet".

Por su parte, la Asociación de Internautas, por boca de su presidente, Víctor Domingo, señala que el vacío legal del uso de internet en el trabajo ha supuesto una continua fuente de conflictos. "Ha servido como excusa para aplicar expedientes disciplinarios, incluso con despidos atribuidos al uso inadecuado de internet. Y sigue sin resolverse el respeto a la privacidad de las comunicaciones. Hay empresarios que entienden que el correo electrónico es una herramienta de la empresa y eso les permite poder espiar las comunicaciones. Otros entendemos, como así lo confirma el TS, que el correo electrónico de los trabajadores es confidencial e inviolable".

Durante la pasada legislatura, la Asociación de Internautas presentó con CC. OO. una propuesta al Senado para que el Estatuto de los Trabajadores regulase el uso de internet.