Asociaci贸n de Internautas

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Las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor exigen ser instituidas como 'censores' de la Sociedad de la Informaci贸n

Las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor exigen ser instituidas como 'censores' de la Sociedad de la Informaci贸n


Internautas y juristas tratando de proteger el derecho a la libertad de expresi贸n y el respeto de las garant铆as constitucionales tambi茅n para la Red, mientras las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor exigen ser instituidas como "censores" de la Sociedad de la Informaci贸n.

En respuesta a la consulta p煤blica planteada por el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informaci贸n (CATSI), sobre el borrador del Anteproyecto de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Informaci贸n (para la reforma de la LSSI), el pasado mes de septiembre las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor presentaron sus alegaciones tratando de impulsar la Sociedad de la Informaci贸n, y en resumen, exigen capacidad y criterio propio para controlar y censurar p谩ginas web.

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El listado de propuestas al legislador, comienza sugiriendo que el art铆culo 8 de la LSSI no limite la asignaci贸n de competencias a los 贸rganos administrativos, sino que se haga una referencia m谩s amplia utilizando el concepto de "贸rgano competente" para la adopci贸n de restricciones a las prestaciones de servicios intracomunitarias. Esto, ciertamente es conciliador, pues remite a competencias ya asignadas con anterioridad y sobre las que en principio no cabr铆a discusi贸n. Ahora bien, la propia indeterminaci贸n de este concepto provoca cierta desconfianza sobre sus bondades, y as铆, las siguientes propuestas del texto vienen a confirmar una vez m谩s que las ideas de las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor para "mejorar" la LSSI, en realidad lo son para incrementar sus competencias, en este caso para potenciar vigilancia y control sobre la Sociedad de la Informaci贸n. Seg煤n sus planteamientos, la LSSI debe recoger expresamente que tambi茅n ellos son parte de los "贸rganos competentes" para adoptar medidas restrictivas, pretenden que los medios propios de polic铆a, administraci贸n y justicia, se pongan sin trabas a su alcance y arbitrio, aunque eso s铆, s贸lo cuando se trate de actuar para la protecci贸n de los derechos de propiedad intelectual. Pretenden fiscalizar libremente las p谩ginas web, sobre todo si facilitan los intercambios P2P, cercenando la libertad de expresi贸n sin orden judicial, pero, 驴qu茅 ser谩 lo siguiente? 驴Interceptar las comunicaciones? No hay que olvidar que el P2P tan s贸lo es un sistema de comunicaci贸n, de intercambio de datos, protegido por otro derecho fundamental de igual entidad que la libertad de expresi贸n, es el derecho al secreto de las comunicaciones

De imponerse este criterio, la LSSI estar铆a abriendo un entorno de ciencia ficci贸n dif铆cil de superar, porque hoy por hoy entendemos que, en lo que respecta a las leyes y su aplicaci贸n por la justicia (sea en Internet sea fuera de ella), resulta muy complicado encajar que alguien pueda "tomarse la justicia por su mano" sin necesidad de acudir a un juez. Esta deducci贸n podr铆a parecer precipitada por lo absurdo de sus consecuencias en un Estado constitucional y democr谩tico, pero no, realmente cada una de las propuestas planteadas contin煤a esta l铆nea de pensamiento y confirma lo anterior predisponiendo adem谩s la gravedad de sus efectos.

Para lograr sus objetivos las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor, proponen en general un procedimiento 谩gil y efectivo de "notificaci贸n y retirada" de contenidos, por el que los leg铆timos titulares de los derechos de propiedad intelectual (o en su caso, sus legales representantes) puedan ponerse en contacto con los prestadores de servicios para impedir la vulneraci贸n de sus derechos, bastando comunicarlo sin m谩s, sin necesidad de que un 贸rgano jurisdiccional haya declarado previamente su ilicitud. Es decir, dos m谩s dos son cuatro y esto significa que quieren que cuando un 贸rgano competente en la protecci贸n de los derechos de autor, conozca, o le comunique el propio afectado, la existencia contenidos il铆citos (civiles o penales) en la Red, pueda inmediatamente ordenar su suspensi贸n, bloqueo o secuestro sin necesidad de poner en marcha la engorrosa y lenta actividad judicial.

Justifican su "razonamiento" se帽alando que lo principal para detectar y combatir il铆citos en Internet es la premura. As铆, aceptan que deba darse la circunstancia de que el prestador de servicios tenga conocimiento "efectivo" de que existen los contenidos, pero menosprecian la segunda parte, el conocimiento de su ilicitud y la procedencia de retirarlos, y la dejan directamente al "buen criterio" del supuesto afectado. Explican que cuando se tenga conocimiento "suficiente" de hechos que indiquen "claramente" la existencia de una infracci贸n, se debe actuar con prontitud para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. Este sistema ser铆a sin duda muy r谩pido, tanto, que llevarlo a cabo implicar铆a la imposibilidad de armonizar el t茅rmino "prontitud" con "conocimiento suficiente" y "hechos que indiquen claramente", sobre todo si tenemos en cuenta que no habr谩 un juez para decidir, y estimar si en su caso es o no proporcionado violar el derecho fundamental a la libertad de expresi贸n.

Deber铆a preocuparnos ver c贸mo estas "sugerencias legislativas" descentran el sentido 茅tico de la proporcionalidad, para ceder ante las presiones de determinados intereses m谩s propios del antiguo r茅gimen (en concreto para la represi贸n de la libertad de expresi贸n) que del actual.

Quieren convencernos - al legislador- de que los derechos de autor son un mundo aparte, una realidad distinta y preferente que requiere especiales cuidados m谩s all谩 de lo constitucionalmente exigible y ponderable en relaci贸n con el resto de derechos con que convive. Y as铆 se manifiesta cuando tratan de incluirlos entre las situaciones de especial y espec铆fico tratamiento que destaca la Directiva 200/31/CE, relativa a determinados aspectos jur铆dicos de los servicios de la sociedad de la informaci贸n, en particular el comercio electr贸nico en el mercado interior, es decir, la protecci贸n de la juventud y los menores, la seguridad de Estado y defensa nacional, la salud p煤blica, la dignidad de la persona, etc.

A la vista de lo expuesto y de otros patrones de exigencias similares ya existentes, debemos hacer saltar la alarma, pues podr铆an multiplicarse degradantes situaciones como las que ya plantea nuestro C贸digo Penal, como por ejemplo, que sea m谩s protegido el derecho de autor que los derechos de los menores. Una somera comparativa entre los art铆culos 186 y 270 nos muestra que la sanci贸n penal prevista para el supuesto de una distribuci贸n de DVDs originales de pornograf铆a entre menores de edad, es inferior en un a帽o de prisi贸n, a la prevista para el supuesto de distribuir DVDs piratas (pongamos de la pel铆cula "Buscando a Nemo") al "lucrativo" precio de 5 c茅ntimos. 驴Qu茅 se protege y qui茅n impone los l铆mites?

Parece que para las Sociedades Gestoras de los Derechos de Autor en Espa帽a, todas las libertades y derechos que recoge la Constituci贸n son menores e incluso incompatibles con la protecci贸n de los derechos de propiedad intelectual, y obstaculizan su ejercicio, son especialmente molestos el derecho a la libertad de expresi贸n, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a un proceso justo.

驴QUI脡N ESTA DETRAS DE LA REFORMA DE LA LSSI?
Cronolog铆a de los hechos:


08-02-2002 Se aprueba en Consejo de Ministros la LSSI

27-02-2002 Rubalcaba anuncia que el PSOE pedir谩 la retirada de la ley de comercio electr贸nico (LSSI) porque introduce el "ambig眉o" concepto de "autoridad competente", que es quien, seg煤n la LSSI, puede decretar el cierre cautelar de una p谩gina web.

10-03-2004 Se hace public贸 un informe emitido por la Secretar铆a de Educaci贸n y Cultura del PSOE (cuyo responsable era Carmen Chac贸n, futurible en esos momentos Ministra de Cultura) donde se argumenta un apoyo incondicional al canon de la SGAE y con acusaciones y expresiones ofensivas hacia quienes se oponen a el-

14-03-2004 EL PSOE Gana las elecciones y gobernar谩 Espa帽a

07-04-2004 La SGAE denuncia a la Asociacion de Internautas. El objeto de la demanda es hacer responsable a los intermediarios de la sociedad de la informaci贸n por los contenidos que alojan o transportan. Los hechos en los que se fundamente datan de mas de dos a帽os antes,pero hasta esta fecha no presentan la denuncia. La defensa de la Asociaci贸n de Internautas se fundamenta en la LSSI.

24-04-04 Carmen Chacon (PSOE) es galardona por la SGAE

20-01-2005 Pedro Farr茅 (director de relaciones institucionales de la SGAE), anticipandose a Carmen Calvo (Ministra de Cultura PSOE), anuncia la reforma de la LSSI que, seg煤n Farr茅, "hasta ahora exonera de responsabilidad a los intermediarios de la sociedad de la informaci贸n cuando se distribuyen contenidos il铆citos". Por ello, el sector observa la necesidad urgente de hacer responsables a esos intermediarios de los contenidos que fluyen a trav茅s de sus servidores".

01-02-2005 Joan Clos (alcalde de Barcelona, PSOE) es galardonado por la SGAE.

16-03-2005 M煤sicos entregan carta al Ministerio apoyando canon ADSL y reforma LSSI

03-04-2005 Carmen Calvo insiste en un nuevo impuesto sobre el ADSL

06-04-2005 El Ministro de Industria Jose Montilla dice no al canon del ADSL y de los discos duros

14-04-2005 Pedro Farr茅 (SGAE) dice que la SGAE no ha pedido un canon al ADSL

10-06-2005 La SGAE reclama un canon por descarga a los proveedores de Internet

15-06-2005 El Juzgado de 1陋 instancia num. 42 de Madrid condena a la Asociacion de Internautas a pagar 36.000 euros a SGAE "por publicar" los contenidos de la Plataforma de coordinaci贸n de movilizaciones contra la SGAE que se encontraban alojados en el servidor de la Asociaci贸n. Para la Asociaci贸n de Internautas todo parece apuntar a que se quiere llegar al punto en que de nada sirvan los esfuerzos de los legisladores europeos y nacionales por delimitar las responsabilidades de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Informaci贸n, enfrentadas a las tesis mantenidas por las sociedades de gesti贸n de los derechos de autor, como es la responsabilizar al prestador de servicios por los contenidos de terceros. La Sentencia es recurrida ante la Audiencia.

15-02-2006 La Audiencia de Madrid confirma la condena a la AI pasando por alto, una vez mas, el argumento de que la AI es solamente el lugar en donde estaba alojada la p谩gina 'putasgae.org'. La asociaci贸n recurre al Tribunal Supremo porque la sentencia 'afecta a toda la Red' en su conjunto, ya que los jueces cargan la responsabilidad a los proveedores de servicios, y no a los autores directos de los contenidos.

29-08-2006 Joan Clos sustituira la semana proxima a Montilla (que est谩 en contra del canon ADSL) como Ministro de Industria

17-09-2006 El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio abre a consulta p煤blica el borrador de anteproyecto de la futura Ley de Impulso de la Sociedad de la Informaci贸n: El nuevo texto da carta blanca a los "贸rganos administrativos competentes"

02-10-2006 El Consejo Asesor de Telecomunicaciones considera el canon digital 'un freno a la Sociedad de la Informaci贸n'

04-12-2006 Un fiscal del Supremo sostiene que los servidores de la Red no son responsables del contenido de las webs.

25-12-2006 Propuestas de AI al anteproyecto de Ley de medidas de impulso de la Sociedad de la Informaci贸n.

28-12-2006 CLI ve claros indicios de inconstitucionalidad en determinados art铆culos del anteproyecto elaborado por el Gobierno.

03-01-2007 El sector musical y audiovisual, a favor de la LISI.

09-01-2007 La 煤ltima moda de censura en Internet: exigir la imposible retirada de un art铆culo de toda la WEB