Canon digital preventivo
Canon digital preventivo
Como cada año por estas fechas, me encuentro trabajando en China. Para la mayoría de occidentales, China es el paraíso de la piratería, de las copias ilegales de música, películas, relojes, etcétera. Pero no todo el pirateo es malo, especialmente en un país donde los ciudadanos tienen libertades condicionadas. Gracias a las copias piratas han podido disfrutar de películas, chinas y occidentales, que no encuentran en el mercado legal.
JAUME RIBERA *Profesor del IESE.en El Periódico China también ha generado esta última semana cabeceras de prensa por la aprobación de la ley de propiedad, una ley que desarrollará el derecho a la propiedad privada ya incluida en la Constitución china desde el año 2004. Contra lo que se podría intuir de un país denominado comunista, la ley ha tardado 14 años en aprobarse, después de pasar por varias legislaturas y sufrir múltiples modificaciones. A pesar de tener un partido único, hay en China mucha discusión interna, ellos le llaman democracia política, en la elaboración de las leyes.
MIENTRAS TANTO, en España está pendiente la decisión ministerial sobre el denominado canon digital, muy relacionado con el pirateo y los derechos de autor. En este caso ha habido poca discusión parlamentaria, pero sí bastante movimiento ciudadano que a través de la plataforma Todoscontraelcanon ha presentado más de un millón de firmas al Ministerio de Industria.
La mayoría de españoles estamos de acuerdo en la defensa de los intereses de los creadores en la sociedad del conocimiento. Es justo que los autores reciban una justa remuneración por la explotación de sus obras. Donde ya no hay acuerdo es en la cuantificación de esta remuneración. Donde existe un mercado perfecto, este se encarga de ajustar los precios que los consumidores pagan y los proveedores reciben. El problema aparece cuando hay imperfecciones en el mercado, sea por efecto de grandes empresas que controlan la cadena de suministro o por grupos de presión que defienden los intereses de un colectivo en esta cadena e imponen sus criterios, convenciendo a los legisladores y no dejando que el libre mercado funcione, sea por efecto de ladrones o piratas que se apropian indebidamente de los productos creados por otros. Estas imperfecciones están todas presentes en el caso del canon digital, pero hay además otras consideraciones.
¿Quién aceptaría en una democracia que la penalización por un delito se distribuyera entre todos los ciudadanos en vez de castigar a quien lo comete? Imaginemos que a partir de una estimación del número de conductores que exceden la velocidad límite en las autopistas, se calculara el total de multas a recaudar y se distribuyera esta cantidad a pagar entre todos los conductores con independencia de la velocidad a la que circulan. Se podría incluir en el precio del coche el promedio de multas que debería pagar cada conductor y así podríamos evitarnos la policía de tráfico. ¿Lo aceptarían los ciudadanos? Más o menos esto es lo que hace el canon digital.
La SGAE lo percibe de forma diferente. Por una parte, lo presenta como una contraprestación por el derecho que permite a un usuario hacer algunas copias para su uso o el de sus familiares. De ahí se extrapola que todos vamos a hacerlo así, y en todos aquellos productos o soportes donde hay posibilidad de hacer una copia, se aplica el canon compensatorio de los derechos de autor. Así, el canon se aplica a DVD, CD, MP3, teléfonos móviles, fotocopiadoras, e incluso se ha propuesto cargarlo a impresoras y faxes. Parece que se han olvidado de incluir los lápices, papeles y clases en las universidades, que pueden contribuir a difundir contenidos de otros autores.
Con la tecnología actual es muy posible reducir los costes innecesarios en la cadena de distribución de productos digitales: facilitando descargas en internet y eliminando los soportes físicos, con lo que el consumidor podría pagar menos y el autor aun podría percibir más que ahora. Pero no parece que el sector esté por esta labor.
HAY QUE HACER notar que la ley es del tipo preventivo, ya que se aplica la multa en previsión de que el comprador use su derecho a copiar legalmente o lo amplíe a copias ilegales. Debería llamarse canon digital preventivo, pero este adjetivo está un poco mal visto estos días en que entramos en el quinto año de la guerra de Irak. Este canon da por supuesto que todos los consumidores somos piratas, y puede fácilmente darse una situación de síndrome de Pigmalión (o de My Fair Lady, en versión cinematográfica, más fácil de copiar). Si nos suponen piratas, posiblemente terminemos comportándonos como tales. El PP ha hecho una propuesta de modificación de la ley para que la Administración no tenga que pagar el canon digital. Así, la Administración queda limpia, pero a los administrados la piratería se nos supone.
Hay ya antecedentes de situaciones similares al canon digital. Los grandes almacenes incrementan los precios para compensar los robos de artículos en sus tiendas. La diferencia está en que entre los grandes almacenes hay competencia y como cliente puedo optar por cambiar si uno de ellos me aplica un canon de robo excesivo. Desgraciadamente, con el canon digital no tendré opción de cambio. Para aprovechar lo que ya me habrán cobrado, ¿tendré que convertirme en pirata?
MIENTRAS TANTO, en España está pendiente la decisión ministerial sobre el denominado canon digital, muy relacionado con el pirateo y los derechos de autor. En este caso ha habido poca discusión parlamentaria, pero sí bastante movimiento ciudadano que a través de la plataforma Todoscontraelcanon ha presentado más de un millón de firmas al Ministerio de Industria.
La mayoría de españoles estamos de acuerdo en la defensa de los intereses de los creadores en la sociedad del conocimiento. Es justo que los autores reciban una justa remuneración por la explotación de sus obras. Donde ya no hay acuerdo es en la cuantificación de esta remuneración. Donde existe un mercado perfecto, este se encarga de ajustar los precios que los consumidores pagan y los proveedores reciben. El problema aparece cuando hay imperfecciones en el mercado, sea por efecto de grandes empresas que controlan la cadena de suministro o por grupos de presión que defienden los intereses de un colectivo en esta cadena e imponen sus criterios, convenciendo a los legisladores y no dejando que el libre mercado funcione, sea por efecto de ladrones o piratas que se apropian indebidamente de los productos creados por otros. Estas imperfecciones están todas presentes en el caso del canon digital, pero hay además otras consideraciones.
¿Quién aceptaría en una democracia que la penalización por un delito se distribuyera entre todos los ciudadanos en vez de castigar a quien lo comete? Imaginemos que a partir de una estimación del número de conductores que exceden la velocidad límite en las autopistas, se calculara el total de multas a recaudar y se distribuyera esta cantidad a pagar entre todos los conductores con independencia de la velocidad a la que circulan. Se podría incluir en el precio del coche el promedio de multas que debería pagar cada conductor y así podríamos evitarnos la policía de tráfico. ¿Lo aceptarían los ciudadanos? Más o menos esto es lo que hace el canon digital.
La SGAE lo percibe de forma diferente. Por una parte, lo presenta como una contraprestación por el derecho que permite a un usuario hacer algunas copias para su uso o el de sus familiares. De ahí se extrapola que todos vamos a hacerlo así, y en todos aquellos productos o soportes donde hay posibilidad de hacer una copia, se aplica el canon compensatorio de los derechos de autor. Así, el canon se aplica a DVD, CD, MP3, teléfonos móviles, fotocopiadoras, e incluso se ha propuesto cargarlo a impresoras y faxes. Parece que se han olvidado de incluir los lápices, papeles y clases en las universidades, que pueden contribuir a difundir contenidos de otros autores.
Con la tecnología actual es muy posible reducir los costes innecesarios en la cadena de distribución de productos digitales: facilitando descargas en internet y eliminando los soportes físicos, con lo que el consumidor podría pagar menos y el autor aun podría percibir más que ahora. Pero no parece que el sector esté por esta labor.
HAY QUE HACER notar que la ley es del tipo preventivo, ya que se aplica la multa en previsión de que el comprador use su derecho a copiar legalmente o lo amplíe a copias ilegales. Debería llamarse canon digital preventivo, pero este adjetivo está un poco mal visto estos días en que entramos en el quinto año de la guerra de Irak. Este canon da por supuesto que todos los consumidores somos piratas, y puede fácilmente darse una situación de síndrome de Pigmalión (o de My Fair Lady, en versión cinematográfica, más fácil de copiar). Si nos suponen piratas, posiblemente terminemos comportándonos como tales. El PP ha hecho una propuesta de modificación de la ley para que la Administración no tenga que pagar el canon digital. Así, la Administración queda limpia, pero a los administrados la piratería se nos supone.
Hay ya antecedentes de situaciones similares al canon digital. Los grandes almacenes incrementan los precios para compensar los robos de artículos en sus tiendas. La diferencia está en que entre los grandes almacenes hay competencia y como cliente puedo optar por cambiar si uno de ellos me aplica un canon de robo excesivo. Desgraciadamente, con el canon digital no tendré opción de cambio. Para aprovechar lo que ya me habrán cobrado, ¿tendré que convertirme en pirata?