Asociaciones de consumidores piden la colaboraci贸n de los partidos politicos
Asociaciones de usuarios y consumidores presentaron en Madrid un
documento que han hecho llegar a los partidos pol铆ticos en el que piden su
colaboraci贸n para hacer valer el debate parlamentario con vistas a reformar
algunos aspectos del proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la
Informaci贸n y de Comercio Electr贸nico (LSSI).
El texto, suscrito por la Federaci贸n de Usuarios y Consumidores
Independientes (FUCI), la Asociaci贸n de Usuarios de la Comunicaci贸n (AUC),
la Confederaci贸n Sindical de Comisiones Obreras, la Asociaci贸n de Usuarios
de Internet (AUI) y la Asociaci贸n de Internautas (AI), y del que finalmente
han quedado excluidas por voluntad propia la Organizaci贸n de Consumidores y
Usuarios (OCU) y la Confederaci贸n Espa帽ola de Organizaciones de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios(CEACU), no pretende constituirse en un
manifiesto, sino expresar unas "posiciones generales acordadas".
El objetivo de esta iniciativa --propuesta por la AI-- es que los partidos pol铆ticos conozcan los temores de los usuarios de Internet antes de que concluya el pr贸ximo martes el plazo para presentar enmiendas, con vistas a que defiendan sus derechos cuando comience el debate parlamentario y que las opiniones de los consumidores no queden relegadas a un segundo plano.
Los principales asuntos que aborda el documento se refieren a los temas que han centrado una mayor pol茅mica en la Red desde la aprobaci贸n del proyecto de Ley el pasado ocho de febrero por el Consejo de Ministros, aunque la valoraci贸n general que hacen las asociaciones del texto interministerial es "positiva".
MARCO JURIDICO
Las organizaciones firmantes coinciden en la necesidad de contar con un marco jur铆dico que "garantice" la seguridad para los agentes de las relaciones mercantiles --proveedores, consumidores y usuarios-- distinguiendo claramente las actividades comerciales de las que no lo son, "desde el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales".
As铆, el texto pide una definici贸n "m谩s precisa" del 谩mbito de aplicaci贸n de la Ley "delimitando" las actividades econ贸micas de aquellas que no lo son. Para ello aconseja asociar su realizaci贸n al alta en el ep铆grafe correspondiente del Impuesto de Actividades Econ贸micas, as铆 como la supresi贸n de redactados que pueden resultar equ铆vocos ("...todo servicio prestado normalmente a t铆tulo oneroso"). Tambi茅n se estima "insuficientemente definida" en el texto la intervenci贸n de la autoridad judicial en todos aquellos supuestos en los que pudieran verse afectados derechos fundamentales y las situaciones en la que la autoridad administrativa puede actuar.
La presunci贸n de celebraci贸n de los contratos electr贸nicos para el domicilio habitual del consumidor como derecho renunciable 煤nicamente mediante pacto expreso es otro de los argumentos que esgrimen las asociaciones, precisando que dicha renuncia que no podr谩 en ning煤n caso establecerse en las condiciones generales de contrataci贸n, adem谩s de tomar como referencia jurisdiccional en la prestaci贸n de servicios desde pa铆ses ajenos a la UE la del pa铆s del consumidor.
"AUTORIZACION EXPRESA"
Adem谩s, el documento exige que se mantenga la "autorizaci贸n expresa" del cliente para poder recibir comunicaciones promocionales o publicitarias por correo electr贸nico ('spam') y que 茅sta no pueda ir incluida en los documentos generales de contrataci贸n de bienes y servicios.
Por 煤ltimo, en materia de sanciones, se exige que se respete el principio de proporcionalidad, tomando como referencia no s贸lo el incumplimiento legal tipificado, sino tambi茅n el perjuicio que puede suponer para los consumidores y la realidad econ贸mica del prestador de servicio. Se propone la rebaja de la sanci贸n m铆nima pero el incremento de la m谩xima.
Las asociaciones representadas subrayaron la importancia de que grupos con objetivos "dispares" consideren "importante" que la Ley cubra determinados aspectos, sin olvidarse de que es una norma "manifiestamente mejorable".
El presidente de la AI, V铆ctor Domingo, realiz贸 un llamamiento a los partidos pol铆ticos para que que estas cuestiones no caigan en el olvido, porque son asuntos "de inter茅s" para los usuarios y consumidores, aunque pidi贸 que no se "confunda libertad de expresi贸n con libertad de contenidos".
Por 煤ltimo, las asociaciones explicaron que los grupos pol铆ticos ya hab铆an comenzado a ponerse en contacto con ellos al respecto. As铆, Domingo concret贸 que PP, PSOE y Chunta Aragonesista se hab铆an mostrado ya "muy receptivos" para desarrollar sus argumentos durante el debate parlamentario.
Reproducido de Europa Press
El objetivo de esta iniciativa --propuesta por la AI-- es que los partidos pol铆ticos conozcan los temores de los usuarios de Internet antes de que concluya el pr贸ximo martes el plazo para presentar enmiendas, con vistas a que defiendan sus derechos cuando comience el debate parlamentario y que las opiniones de los consumidores no queden relegadas a un segundo plano.
Los principales asuntos que aborda el documento se refieren a los temas que han centrado una mayor pol茅mica en la Red desde la aprobaci贸n del proyecto de Ley el pasado ocho de febrero por el Consejo de Ministros, aunque la valoraci贸n general que hacen las asociaciones del texto interministerial es "positiva".
MARCO JURIDICO
Las organizaciones firmantes coinciden en la necesidad de contar con un marco jur铆dico que "garantice" la seguridad para los agentes de las relaciones mercantiles --proveedores, consumidores y usuarios-- distinguiendo claramente las actividades comerciales de las que no lo son, "desde el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales".
As铆, el texto pide una definici贸n "m谩s precisa" del 谩mbito de aplicaci贸n de la Ley "delimitando" las actividades econ贸micas de aquellas que no lo son. Para ello aconseja asociar su realizaci贸n al alta en el ep铆grafe correspondiente del Impuesto de Actividades Econ贸micas, as铆 como la supresi贸n de redactados que pueden resultar equ铆vocos ("...todo servicio prestado normalmente a t铆tulo oneroso"). Tambi茅n se estima "insuficientemente definida" en el texto la intervenci贸n de la autoridad judicial en todos aquellos supuestos en los que pudieran verse afectados derechos fundamentales y las situaciones en la que la autoridad administrativa puede actuar.
La presunci贸n de celebraci贸n de los contratos electr贸nicos para el domicilio habitual del consumidor como derecho renunciable 煤nicamente mediante pacto expreso es otro de los argumentos que esgrimen las asociaciones, precisando que dicha renuncia que no podr谩 en ning煤n caso establecerse en las condiciones generales de contrataci贸n, adem谩s de tomar como referencia jurisdiccional en la prestaci贸n de servicios desde pa铆ses ajenos a la UE la del pa铆s del consumidor.
"AUTORIZACION EXPRESA"
Adem谩s, el documento exige que se mantenga la "autorizaci贸n expresa" del cliente para poder recibir comunicaciones promocionales o publicitarias por correo electr贸nico ('spam') y que 茅sta no pueda ir incluida en los documentos generales de contrataci贸n de bienes y servicios.
Por 煤ltimo, en materia de sanciones, se exige que se respete el principio de proporcionalidad, tomando como referencia no s贸lo el incumplimiento legal tipificado, sino tambi茅n el perjuicio que puede suponer para los consumidores y la realidad econ贸mica del prestador de servicio. Se propone la rebaja de la sanci贸n m铆nima pero el incremento de la m谩xima.
Las asociaciones representadas subrayaron la importancia de que grupos con objetivos "dispares" consideren "importante" que la Ley cubra determinados aspectos, sin olvidarse de que es una norma "manifiestamente mejorable".
El presidente de la AI, V铆ctor Domingo, realiz贸 un llamamiento a los partidos pol铆ticos para que que estas cuestiones no caigan en el olvido, porque son asuntos "de inter茅s" para los usuarios y consumidores, aunque pidi贸 que no se "confunda libertad de expresi贸n con libertad de contenidos".
Por 煤ltimo, las asociaciones explicaron que los grupos pol铆ticos ya hab铆an comenzado a ponerse en contacto con ellos al respecto. As铆, Domingo concret贸 que PP, PSOE y Chunta Aragonesista se hab铆an mostrado ya "muy receptivos" para desarrollar sus argumentos durante el debate parlamentario.
Reproducido de Europa Press