LSSICE.Enmmiendas PP otorgan expresamente a jueces las decisiones
LSSI.-
El PP defenderá en el Congreso de los Diputados una mayor precisión del campo de actuación del Poder Judicial en la restricción de las actividades de los prestadores de servicios de Internet (ISP), según se desprende de las enmiendas parciales que ha presentado al proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), a las que tuvo acceso Europa Press.
El grupo con mayoría absoluta en ambas cámaras quiere suprimir el límite inferior de las sanciones y la expresión "autoridad competente"
El PP defenderá en el Congreso de los Diputados una mayor precisión del campo de actuación del Poder Judicial en la restricción de las actividades de los prestadores de servicios de Internet (ISP), según se desprende de las enmiendas parciales que ha presentado al proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), a las que tuvo acceso Europa Press.
El grupo con mayoría absoluta en ambas cámaras quiere suprimir el límite inferior de las sanciones y la expresión "autoridad competente"
MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS)
En total han sido quince las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que apoya al Gobierno y disfruta de mayoría absoluta en ambas cámaras, afectando éstas a la totalidad de artículos que el PSOE critica al considerar que deberían tener el carácter de ley orgánica.
Uno de los aspectos más relevantes de las enmiendas es la modificación del articulado en lo referente a los ISP. El Partido Popular propone que "sólo la autoridad judicial competente podrá obtener las medidas previstas" en el artículo 8.1, con la intención de "enfatizar" la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales.
El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero prevé que en las medidas de restricción de los ISP se respeten las "garantías, normas y procedimientos previstos en el Ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión y a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados".
La enmienda del PP explicita la exclusividad de la actuación judicial cuando "la Constitución, las leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades, o cualquier otra norma general o sectorial que deba tenerse en cuenta en la realización de una determinada actividad por Internet atribuya a la autoridad jurisdiccional la competencia para la adopción de medidas que puedan restringir el ejercicio de dichas actividades o derechos".
La misma precisión se introduce en el artículo 11.2, con el deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, y en el 40.2, con las medidas de carácter provisional. El PP matiza que este precepto es "coherente" con el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admnistrativo Común, según el cual las Administraciones Públicas no pueden adoptar medidas provisionales que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
SANCIONES
El PP también defenderá una modificación en el apartado de multas (art. 38.1c), al suprimir el límite inferior --tres mil euros en el proyecto de Ley-- de la cuantía de las sanciones por infracción leve para "permitir un mayor juego" de los criterios de graduación de las sanciones establecidos, y propone la modificación del Código Civil y Código de Comercio en referencia al lugar de celebración de los contratos.
La mayoría de las enmiendas se refieren a la sustitución sistemática de la polémica expresión "autoridad competente", muy criticado por varios partidos de la oposición --el PSOE ha llegado a equipararla con fórmulas preconstitucionales--, por la de "órgano competente" o incluso "órgano con competencias para ello", para "evitar que se produzca algún tipo de confusión con el concepto específico de 'autoridad' en el Derecho Administrativo".
Por último, el PP ha preparado tres enmiendas que hacen mención expresa a los discapacitados. Así, en las restricciones de los ISP añade el principio de no discriminación por discapacidad a los ya existentes de raza, sexo, religión, opinión o nacionalidad. De igual forma, explicita que las organizaciones que representen a discapacitados pueden ser de distintos tipos ("físicas o psíquicas") en la elaboración de códigos de conducta que les afecten.
ACCESIBILIDAD
A este respecto, introduce una nueva disposición adicional para que las Administraciones Públicas adopten las "medidas necesarias" para que las informaciones de sus webs puedan ser accesibles a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los "criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005".
La adición de esta enmienda resulta sorprendente en tanto en cuanto el vigente Plan de Acción 'e-Europe' 2000-2003, que previsiblemente será ampliado hasta 2005 en la próxima cumbre de Sevilla, recogía el compromiso de los estados miembros de la UE de adaptar sus webs a las necesidades de los discapacitados para finales de 2001.
El Consejo de Ministros de Telecomunicaciones del pasado 25 de marzo aprobó una resolución al respecto, pero lo cierto es que existen muchos web representativos de la Administración que no han cumplido todavía este compromiso, tal y como confirmó un estudio realizado a principios de año por la consultora Emergia.
Reproducido de Europa Press
En total han sido quince las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que apoya al Gobierno y disfruta de mayoría absoluta en ambas cámaras, afectando éstas a la totalidad de artículos que el PSOE critica al considerar que deberían tener el carácter de ley orgánica.
Uno de los aspectos más relevantes de las enmiendas es la modificación del articulado en lo referente a los ISP. El Partido Popular propone que "sólo la autoridad judicial competente podrá obtener las medidas previstas" en el artículo 8.1, con la intención de "enfatizar" la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales.
El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero prevé que en las medidas de restricción de los ISP se respeten las "garantías, normas y procedimientos previstos en el Ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión y a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados".
La enmienda del PP explicita la exclusividad de la actuación judicial cuando "la Constitución, las leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades, o cualquier otra norma general o sectorial que deba tenerse en cuenta en la realización de una determinada actividad por Internet atribuya a la autoridad jurisdiccional la competencia para la adopción de medidas que puedan restringir el ejercicio de dichas actividades o derechos".
La misma precisión se introduce en el artículo 11.2, con el deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, y en el 40.2, con las medidas de carácter provisional. El PP matiza que este precepto es "coherente" con el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admnistrativo Común, según el cual las Administraciones Públicas no pueden adoptar medidas provisionales que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
SANCIONES
El PP también defenderá una modificación en el apartado de multas (art. 38.1c), al suprimir el límite inferior --tres mil euros en el proyecto de Ley-- de la cuantía de las sanciones por infracción leve para "permitir un mayor juego" de los criterios de graduación de las sanciones establecidos, y propone la modificación del Código Civil y Código de Comercio en referencia al lugar de celebración de los contratos.
La mayoría de las enmiendas se refieren a la sustitución sistemática de la polémica expresión "autoridad competente", muy criticado por varios partidos de la oposición --el PSOE ha llegado a equipararla con fórmulas preconstitucionales--, por la de "órgano competente" o incluso "órgano con competencias para ello", para "evitar que se produzca algún tipo de confusión con el concepto específico de 'autoridad' en el Derecho Administrativo".
Por último, el PP ha preparado tres enmiendas que hacen mención expresa a los discapacitados. Así, en las restricciones de los ISP añade el principio de no discriminación por discapacidad a los ya existentes de raza, sexo, religión, opinión o nacionalidad. De igual forma, explicita que las organizaciones que representen a discapacitados pueden ser de distintos tipos ("físicas o psíquicas") en la elaboración de códigos de conducta que les afecten.
ACCESIBILIDAD
A este respecto, introduce una nueva disposición adicional para que las Administraciones Públicas adopten las "medidas necesarias" para que las informaciones de sus webs puedan ser accesibles a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los "criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos antes del 31 de diciembre de 2005".
La adición de esta enmienda resulta sorprendente en tanto en cuanto el vigente Plan de Acción 'e-Europe' 2000-2003, que previsiblemente será ampliado hasta 2005 en la próxima cumbre de Sevilla, recogía el compromiso de los estados miembros de la UE de adaptar sus webs a las necesidades de los discapacitados para finales de 2001.
El Consejo de Ministros de Telecomunicaciones del pasado 25 de marzo aprobó una resolución al respecto, pero lo cierto es que existen muchos web representativos de la Administración que no han cumplido todavía este compromiso, tal y como confirmó un estudio realizado a principios de año por la consultora Emergia.
Reproducido de Europa Press