La LSSICE otra vez en Wired News.
Hace un año leiamos en Wired que con la LSSICE volvía la Inquisición a España, un año después Wired concluye que "....La conclusión fundamental del debate que se lleva a cabo en España tal vez sea que hasta los gobiernos mejor intencionados se exponen a cometer errores en el delicado reino de la regulación de Internet, y que las decisiones políticas sensatas sólo pueden tomarse a la luz del debate y el intercambio de información permanente con expertos y ciudadanos informados..."
Una ley española sobre Internet abre un fuerte debate
España se prepara a aprobar una ley que ha suscitado un debate nacional respecto del alcance que debe tener la legislación sobre los sitios web. Los críticos señalan que daría al gobierno la potestad de clausurar sitios web en forma unilateral.
Por Steve Kettmann.
España -- Una ley que está a punto de ser tratada por el Congreso de España ha suscitado un debate nacional respecto de hasta dónde debe llegar el Estado en la regulación de las actividades de los sitios web.
Los críticos del proyecto de ley LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacion y de Comercio Electronico) señalan que la norma otorgaría a la "autoridad administrativa competente" del ámbito gubernamental la potestad de clausurar sitios web en forma unilateral, un poder cuyo ejercicio requiere en la actualidad la aprobación de la justicia.
Otros, en cambio, contraatacan diciendo que esas afirmaciones interpretan en forma errónea el alcance del proyecto, que probablemente se apruebe en el mes en curso. En febrero, un consejo de ministros de gobierno aprobó el proyecto, después de dos años de debate y enmiendas.
Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, señaló que las presiones ejercidas por varios grupos había logrado que se introdujeran modificaciones en el proyecto que lo convierten en una norma positiva. La necesidad de que exista algún tipo de legislación es evidente. A diferencia de lo que ocurre en el sistema legal estadounidense, en el sistema español no es posible extrapolar a partir de aplicaciones previas de una norma, sino que es necesario establecer explícitamente cómo se aplicará la ley en nuevos contextos.
"En España, el poder con que cuentan las compañías telefónicas y los proveedores de servicios de Internet es enorme; los internautas se encuentran inermes e indefensos frente a ellos", manifestó Domingo. "Una ley que rija el comercio electrónico puede darnos algún tipo de seguridad jurídica...puede ser bueno para quienes navegan por Internet, ya que entre otras cosas hemos logrado la prohibición del spam".
Jose Guardia, un analista de la industria de los medios, señaló que el mencionado proyecto de ley viene a llenar un vacío legal, y agrega que los temores de quienes se oponen a la norma son infundados.
"Soy contrario a la regulación en general, pero esta ley no agrega capas adicionales de regulación", señaló. "Sólo dice de manera explícita que la legislación vigente se aplica en un nuevo campo. De otro modo, existiría un vacío legal".
Pedro de Alzaga, redactor de la edición online del periódico más importante de España, El País, manifiesta su preocupación por el hecho de que esta ley constituya un instrumento demasiado tosco para abordar las complejidades del paisaje de Internet, en permanente evolución.
"Según lo establecido por la LSSI, si alguien incluye un banner en la página de inicio de un sitio de su propiedad, deberá registrar el dominio en el Departamento de Comercio y pagar impuestos, aunque sólo obtenga unas monedas que lo ayuden a pagarle al ISP", explicó. "Esta ley favorece a los consumidores y a las grandes empresas, pero pone en peligro el crecimiento de los sitios web pequeños que no puedan satisfacer los requisitos dispuestos por la ley. De modo que tal vez no sea ésta la mejor forma de lograr los objetivos fijados por el gobierno de 'promover la Sociedad de la Información'".
No obstante, Guardia insiste en que la ley sólo se aplicaría a los sitios web comerciales, no así a los sitios personales; por otro lado, niega que los criterios sean tan abarcadores que hasta un sitio web personal con un aviso publicitario pequeño quede comprendido en los alcances de la ley.
"Excluye de manera explícita todas las páginas personales", dijo. "El criterio de diferenciación es si la página está relacionada con algún tipo de actividad comercial. Los críticos del proyecto aseguran que alcanza incluso a los adolescentes en cuyo sitio web hay un banner que los ayuda a solventar los costos de hosting. Desde el punto de vista técnico, están en lo cierto, pero la realidad es que en esos casos se suele recurrir a servicios gratuitos, como los provistos por Geocities, y dado que la compensación monetaria por la inclusión de banners va al servicio de hosting y no al usuario, luego la LSSI no se aplicaría".
El eje del debate, sin embargo, tal vez esté constituido por el tema del alcance de las libertades civiles básicas.
"El fervor legislativo del gobierno español va mucho más allá de la regulación comercial, y alcanza la libertad de expresión", dijo de Alzaga. "Qué paradoja tan curiosa: en España, sólo un juez puede extender una prohibición sobre una revista que se encuentra en los quioscos, sin embargo, en virtud de la LSSI, cualquier funcionario podría prohibir 'provisionalmente' la edición online de la misma revista si 'ofendiera o pudiera ofender' los valores consagrados por la ley española".
No obstante, Ana Birules, Ministro de Ciencia y Tecnología de España, declaró ante el periodismo a principios de año: "Si, en el mundo real, un juez es el único que tiene el poder de clausurar un medio de difusión, lo mismo ocurrirá en el mundo virtual".
La conclusión fundamental del debate que se lleva a cabo en España tal vez sea que hasta los gobiernos mejor intencionados se exponen a cometer errores en el delicado reino de la regulación de Internet, y que las decisiones políticas sensatas sólo pueden tomarse a la luz del debate y el intercambio de información permanente con expertos y ciudadanos informados.
"El gobierno no comprendió que Internet es una entidad muy compleja", expresó de Alzaga. "No se trata sólo de productos y servicios, sino también de información y de opinión. De modo que es imposible aplicar una ley comercial para regular toda la actividad de la Red. No es tan sencillo."
Reproducido de Wired
España se prepara a aprobar una ley que ha suscitado un debate nacional respecto del alcance que debe tener la legislación sobre los sitios web. Los críticos señalan que daría al gobierno la potestad de clausurar sitios web en forma unilateral.
Por Steve Kettmann.
España -- Una ley que está a punto de ser tratada por el Congreso de España ha suscitado un debate nacional respecto de hasta dónde debe llegar el Estado en la regulación de las actividades de los sitios web.
Los críticos del proyecto de ley LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacion y de Comercio Electronico) señalan que la norma otorgaría a la "autoridad administrativa competente" del ámbito gubernamental la potestad de clausurar sitios web en forma unilateral, un poder cuyo ejercicio requiere en la actualidad la aprobación de la justicia.
Otros, en cambio, contraatacan diciendo que esas afirmaciones interpretan en forma errónea el alcance del proyecto, que probablemente se apruebe en el mes en curso. En febrero, un consejo de ministros de gobierno aprobó el proyecto, después de dos años de debate y enmiendas.
Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, señaló que las presiones ejercidas por varios grupos había logrado que se introdujeran modificaciones en el proyecto que lo convierten en una norma positiva. La necesidad de que exista algún tipo de legislación es evidente. A diferencia de lo que ocurre en el sistema legal estadounidense, en el sistema español no es posible extrapolar a partir de aplicaciones previas de una norma, sino que es necesario establecer explícitamente cómo se aplicará la ley en nuevos contextos.
"En España, el poder con que cuentan las compañías telefónicas y los proveedores de servicios de Internet es enorme; los internautas se encuentran inermes e indefensos frente a ellos", manifestó Domingo. "Una ley que rija el comercio electrónico puede darnos algún tipo de seguridad jurídica...puede ser bueno para quienes navegan por Internet, ya que entre otras cosas hemos logrado la prohibición del spam".
Jose Guardia, un analista de la industria de los medios, señaló que el mencionado proyecto de ley viene a llenar un vacío legal, y agrega que los temores de quienes se oponen a la norma son infundados.
"Soy contrario a la regulación en general, pero esta ley no agrega capas adicionales de regulación", señaló. "Sólo dice de manera explícita que la legislación vigente se aplica en un nuevo campo. De otro modo, existiría un vacío legal".
Pedro de Alzaga, redactor de la edición online del periódico más importante de España, El País, manifiesta su preocupación por el hecho de que esta ley constituya un instrumento demasiado tosco para abordar las complejidades del paisaje de Internet, en permanente evolución.
"Según lo establecido por la LSSI, si alguien incluye un banner en la página de inicio de un sitio de su propiedad, deberá registrar el dominio en el Departamento de Comercio y pagar impuestos, aunque sólo obtenga unas monedas que lo ayuden a pagarle al ISP", explicó. "Esta ley favorece a los consumidores y a las grandes empresas, pero pone en peligro el crecimiento de los sitios web pequeños que no puedan satisfacer los requisitos dispuestos por la ley. De modo que tal vez no sea ésta la mejor forma de lograr los objetivos fijados por el gobierno de 'promover la Sociedad de la Información'".
No obstante, Guardia insiste en que la ley sólo se aplicaría a los sitios web comerciales, no así a los sitios personales; por otro lado, niega que los criterios sean tan abarcadores que hasta un sitio web personal con un aviso publicitario pequeño quede comprendido en los alcances de la ley.
"Excluye de manera explícita todas las páginas personales", dijo. "El criterio de diferenciación es si la página está relacionada con algún tipo de actividad comercial. Los críticos del proyecto aseguran que alcanza incluso a los adolescentes en cuyo sitio web hay un banner que los ayuda a solventar los costos de hosting. Desde el punto de vista técnico, están en lo cierto, pero la realidad es que en esos casos se suele recurrir a servicios gratuitos, como los provistos por Geocities, y dado que la compensación monetaria por la inclusión de banners va al servicio de hosting y no al usuario, luego la LSSI no se aplicaría".
El eje del debate, sin embargo, tal vez esté constituido por el tema del alcance de las libertades civiles básicas.
"El fervor legislativo del gobierno español va mucho más allá de la regulación comercial, y alcanza la libertad de expresión", dijo de Alzaga. "Qué paradoja tan curiosa: en España, sólo un juez puede extender una prohibición sobre una revista que se encuentra en los quioscos, sin embargo, en virtud de la LSSI, cualquier funcionario podría prohibir 'provisionalmente' la edición online de la misma revista si 'ofendiera o pudiera ofender' los valores consagrados por la ley española".
No obstante, Ana Birules, Ministro de Ciencia y Tecnología de España, declaró ante el periodismo a principios de año: "Si, en el mundo real, un juez es el único que tiene el poder de clausurar un medio de difusión, lo mismo ocurrirá en el mundo virtual".
La conclusión fundamental del debate que se lleva a cabo en España tal vez sea que hasta los gobiernos mejor intencionados se exponen a cometer errores en el delicado reino de la regulación de Internet, y que las decisiones políticas sensatas sólo pueden tomarse a la luz del debate y el intercambio de información permanente con expertos y ciudadanos informados.
"El gobierno no comprendió que Internet es una entidad muy compleja", expresó de Alzaga. "No se trata sólo de productos y servicios, sino también de información y de opinión. De modo que es imposible aplicar una ley comercial para regular toda la actividad de la Red. No es tan sencillo."
Reproducido de Wired