Asociaci贸n de Internautas

Logo 1

El Tribunal Supremo reconoce que la norma que regulaba la interceptaci贸n de las comunicaciones era insuficiente.

El Tribunal Supremo reconoce que la norma que regulaba la interceptaci贸n de las comunicaciones era insuficiente.


La semana pasada el Tribunal Supremo resolvi贸 el recurso que interpusimos contra el Cap铆tulo II del T铆tulo V del Reglamento que regula las condiciones para la prestaci贸n de servicios de comunicaciones electr贸nicas, el servicio universal y la protecci贸n de los usuarios aprobado por Real Decreto n煤mero 424/2005, de 15 de abril. Es decir la forma y el proceso que tienen que seguir los operadores de telefon铆a cuando los jueces autorizan la interceptaci贸n de una comunicaci贸n. Con dicho Reglamento el Gobierno pretendi贸 dar cobertura jur铆dica al sistema integrado de interceptaci贸n de las comunicaciones conocido como Sitel. Es decir a la activaci贸n de un sofisticado software implantado en las operadoras de telefon铆a, que dirigen la informaci贸n a unos, an贸nimos centros de interceptaci贸n de las comunicaciones dependientes del Ministerio del Interior y la distribuyen mediante una red secreta conocida como red SITEL

Nuestros argumentos contra el decreto se refer铆an a la carencia de cobertura normativa del Real Decreto y que determinados art铆culos singulares del Reglamento (en concreto, el art铆culo 88, apartados 1, 2 y 3, el art铆culo 89 y los art铆culos 95, 96 y 97) vulneran el derecho al secreto de la comunicaciones y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Desde que en junio de 2005 se presento la demanda hasta la sentencia, ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. Por tres veces y por distintas razones el Tribunal Supremo ha ido posponiendo la deliberaci贸n y fallo del recurso.

Con tanto tiempo ganado con estas dilaciones, el Gobierno ha tenido tiempo para arreglar al menos en parte el desaguisado, y as铆 el 19 de octubre de 2007 aparece publicada en el BOE la Ley 25/2007, de conservaci贸n de datos relativos a las comunicaciones electr贸nicas y a las redes p煤blicas de comunicaciones. Esa fecha pasara al mundo Internet y de los defensores de los derechos civiles aunque no sean conscientes de la importancia de las tecnolog铆as de la informaci贸n y comunicaci贸n, como el d铆a en que se puso la primera piedra para instaurar la policia del pensamiento , gracias a George Bush en EE.UU con la USA Patriot y en Espa帽a a Zapatero con este engendro. En a帽os futuros cuando seamos conscientes de lo que hemos permitido que se haga, combatiremos esta efem茅rides.

La nueva Ley 25/2007, incluye una Disposici贸n final en la que da nueva redacci贸n al art铆culo 33 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, de esta forma el contenido esencial del Reglamento cobra rango de LEY, especialmente, 隆qu茅 casualidad隆 aquellos preceptos que eran atacados por nuestro recurso.

Ante esta situaci贸n, sobrevenida durante la tramitaci贸n del recurso, el Tribunal Supremo en su sentencia declara, que el Poder Legislativo ha enmendado la situaci贸n, expulsando la norma antijur铆dica, por consiguiente habr谩 que estar a lo que dice el nuevo articulo 33 de la Ley 32/2003, y el reglamento solo es validado en aquello que no contradice la Ley.

Otra cuesti贸n y no balad铆, que se plantea como consecuencia irrupci贸n de la nueva norma en el proceso es que dicha norma es una Ley Ordinaria y nosotros sosten铆amos en nuestro recurso que por afectar a derechos fundamentales, el secreto de las comunicaciones y la intimidad, era preciso una Ley Org谩nica, para regular esta materia y as铆 se reiteramos al Tribunal Supremo cuando el 25 de octubre de 2007 nos pregunto sobre si el recurso hab铆a perdido su objeto o quer铆amos continuar.

El Tribunal en la sentencia, contesta escud谩ndose en la situaci贸n sobrevenida que no puede enjuiciar las Leyes. Eso compete al Tribunal Constitucional, y aunque le hemos advertido de que la nueva Ley no tiene el suficiente rango, dice que no le hemos pedido expresamente que plantee la cuesti贸n al Tribunal. Este ser谩 el primer punto de nuestro recurso pues creemos que el Tribunal Supremo al ser advertido de que la norma de la que depend铆a el enjuiciamiento pudiera ser inconstitucional deber铆a haber planteado de oficio la cuesti贸n. Por otra parte, el Tribunal Supremo intenta salvar la constitucionalidad y suficiencia de la Ley Ordinaria alegando, que se trata de datos instrumentales, de trafico que no afectan al contenido de la comunicaci贸n. Sin embargo muchos de estos datos, localizaci贸n geogr谩fica, identidad subjetiva de los interlocutores y de los corresponsales... no s贸lo inciden sobre el secreto de las telecomunicaciones, sino incluso sobre el derecho a la intimidad personal del art铆culo 18.1 CE. Esto opina tambi茅n el Magistrado discrepante D, Oscar Gonz谩lez Gonzalez que formula un voto particular.

Hemos conseguido que el Legislador rectifique al Gobierno, y el Tribunal Supremo ha tenido que hacer malabarismos jur铆dicos para intentar justificarlo. Pero no vamos a tolerarlo seguiremos hasta llegar a los Tribunales de la Uni贸n Europea, a donde llevaremos tambi茅n la Ley del Gran Hermano y seguiremos denunciando p煤blicamente la utilizaci贸n que se esta haciendo de la tecnolog铆a para controlar al ciudadano QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES? (驴Qui茅n guarda a los guardias?)


Por otra parte, el nuevo articulo 33 de la Ley 32/2003 al haber incorporado los puntos esenciales del Reglamento impugnado, reconociendo as铆 la falta de rango de la norma ha generado un problema grave e ineludible, del que fue advertido el Fiscal General, Candido Conde Pumpido, mediante un informe que le fue enviado en junio de 2005 por el Ex Teniente Fiscal de Madrid Pedro Mart铆nez.

A pesar del tiempo transcurrido, la respuesta es el silencio. Pero la pregunta cada vez es mas acuciante. 驴Cual es la validez de las interceptaciones telef贸nicas efectuadas antes del d铆a del gran hermano (19-10-2007) en que entro en vigor la nueva redacci贸n del articulo 33? El asunto, presenta cierta similitud a lo sucedido con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley de la patada en la puerta. En 1993 el Tribunal Constitucional reafirmo, que el domicilio es inviolable, y a pesar de que introdujo cambios m铆nimos, en la Ley, el Ministro del Interior, Corcuera, asumi贸 su responsabilidad pol铆tica y dimiti贸.


Sin embargo, la reacci贸n judicial, no se contento con eso y fue fulminante, como se infiere del siguiente titular, Los procesos de los 800 detenidos por la 'patada en la puerta' ser谩n anulados

Personalidad destacada, en la que enfatiza el articulo es C谩ndido Conde-Pumpido Tour贸n, actual Fiscal General del Estado, quien asegur贸 que todas las intervenciones realizadas al amparo del precepto declarado inconstitucional eran nulas. "Si hay alguna sentencia condenatoria tendr谩 que ser revisada". En general se dice que la sentencia del Constitucional deber铆a tener efectos retroactivos sobre las condenas ya dictadas, en aplicaci贸n de la norma anulada, e incluso que los fiscales deber铆an solicitar de oficio el sobreseimiento de los procesos penales amparados solamente en la ley Corcuera.

Si estos razonamientos eran validos entonces respecto de la inviolabilidad del domicilio tambi茅n tienen que serlo ahora, para garantizar la protecci贸n del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Los tres, forman parte del grupo de derechos civiles. Su finalidad es protegernos de intromisiones no deseadas provengan de donde provengan, de particulares o del Estado mismo y marcan la diferencia entre el s煤bdito y el ciudadano.