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Europa podría demandar a España por dificultar el servicio universal de telecomunicaciones

Europa podría demandar a España por dificultar el servicio universal de telecomunicaciones


La Comisión Europea ha dado hoy un último aviso a España antes de llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE para que modifique las condiciones en las que establece el servicio universal de telecomunicaciones.

EFE - Bruselas - .- El Ejecutivo comunitario ha informado del envío de un dictamen motivado -segundo paso del procedimiento comunitario de infracción- después de no haber recibido una respuesta satisfactoria de España desde que se abriese el proceso en junio de 2007.

Si España no soluciona los problemas detectados por la CE, ésta podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia.

El principal problema que detecta Bruselas es el mecanismo que utiliza España para designar y financiar a los proveedores del servicio universal.

Las normas comunitarias sobre telecomunicaciones prevén que los estados miembros de la UE se encarguen de comprobar que ningún proveedor quede automáticamente excluido al designar a los que ofrecerán el servicio universal. Además, establecen que los países puedan conceder compensaciones por ofrecer estos servicios previa petición cuando consideren que esto representa una carga injusta para los proveedores.

Sin embargo, en España aún no se han adoptado las medidas legislativas oportunas en la materia ni se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento de designación.

En concreto, España obliga a los proveedores que quieran ofrecer un servicio universal a aceptar dos paquetes de servicios predeterminados.

Así, si una compañía quiere proporcionar el acceso y el servicio de teléfono fijo, debe además ocuparse de las cabinas telefónicas públicas. De la misma manera, dar información de los números de abonados es indisoluble de la producción y reparto de guías telefónicas.

Estas condiciones excluyen a la mayoría de las compañías de telecomunicaciones, según fuentes comunitarias.

Bruselas ya explicó cuando se inició el proceso que consideraba que España no había traspuesto correctamente la legislación sobre los mecanismos de financiación a los operadores que dan el servicio universal.

Según fuentes comunitarias, la compensación no tiene que ser automática, sino que debe ser solicitada por el operador que realiza el servicio universal con una demostración de que soporta una carga financiera injusta.