Asociaci贸n de Internautas

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FACUA ve ilegal la pretensi贸n de convertir a los ISP en los polic铆as y jueces de la Red

FACUA ve ilegal la pretensi贸n de convertir a los ISP en los polic铆as y jueces de la Red


Lamenta que la principal preocupaci贸n del Ejecutivo en relaci贸n a Internet sea defender los intereses de las entidades de gesti贸n de derechos de autores y editores en lugar de poner freno a las irregularidades que sufren millones de consumidores.


FACUA-Consumidores en Acci贸n lamenta que la principal preocupaci贸n del Gobierno en relaci贸n a Internet sea defender los intereses de las entidades de gesti贸n de derechos de autores y editores en lugar de poner freno a las irregularidades que sufren millones de consumidores con los abusos y fraudes de las operadoras de telecomunicaciones.

FACUA denuncia que el Gobierno pretende poner una placa de polic铆a privada a las compa帽铆as de telecomunicaciones y permitirles que esp铆en a los usuarios sin mediar siquiera una orden judicial, una medida totalmente desproporcionada teniendo en cuenta que el objetivo ser谩 intentar verificar si acceden a obras culturales protegidas por derechos de autor.

Porque la idea de la Comisi贸n Europea y que parece compartir el Gobierno de Espa帽a, advierte la asociaci贸n, es que los proveedores de acceso a Internet (ISP) ser铆an a la vez polic铆as y jueces, que dictar铆an sus sentencias -cortar el servicio- partiendo de la presunci贸n de culpabilidad de cualquiera que entrase en ciertas webs o compartiese archivos a trav茅s de la Red.

Es m谩s, 驴c贸mo puede presuponerse que los archivos que comparte un usuario a trav茅s de las redes P2P est谩n protegidos por derechos de autor y, de estarlo, si se trata de obras en las que se permite o no su copia o difusi贸n sin 谩nimo de lucro?

FACUA considera de enorme importancia la defensa de la propiedad intelectual, pero recuerda al Gobierno que hay derechos fundamentales de los ciudadanos que est谩n por encima, como el secreto de las comunicaciones, la privacidad, la intimidad y la presunci贸n de inocencia.

La asociaci贸n considera que la idea en la que trabaja el Gobierno podr铆a resultar anticonstitucional y adem谩s implicar铆a privatizar funciones exclusivas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y obviar el papel de los jueces.