Perseguir es lo más fácil
Perseguir es lo más fácil
Es más fácil perseguir a los ciudadanos que fomentar una ciencia y una cultura más participativas y abiertas. Y es más fácil y rápido hacerlo sin control judicial. El beneficio de unos pocos se impone a los derechos de todos y los intereses particulares amenazan los derechos fundamentales. Los gobiernos europeos vuelven a abrir el paso para perseguir las actividades de los ciudadanos en internet sin orden judicial. La llamada respuesta graduada defendida por Francia contra el intercambio de archivos (P2P), que convierte a las operadoras en ciberpolicÃas con control sobre la actividad de los usuarios y obligación de desconectarlos si descargan contenidos protegidos por derechos de autor.
“Ninguna restricción a los derechos y libertades fundamentales ha de ser impuesta sin la resolución previa de las autoridades judiciales”, es la enmienda 138, apoyada por 573 votos frente a 74 en el Parlamento Europeo y respaldada por la Comisión. Pero los Gobiernos son incapaces de promover una auténtica Europa digital y la olvidan frente a las presiones de los lobbies de la propiedad intelectual.
Los ministros de Cultura reconocÃan hace 15 dÃas la proporcionalidad entre derechos ciudadanos y las demandas de autores y sociedades de gestión, la necesidad de mejorar la oferta y promover un cambio de negocio. El Congreso español votó la semana pasada una iniciativa que defiende “una estrategia consensuada” y el “impulso al desarrollo de nuevos modelos de negocio plenamente adaptados al entorno digital”.
Pero los gobiernos favorecen a una industria de contenidos que comercializa música para móviles, abre servicios de suscripción por contenidos, aprovecha los vÃdeos subidos por fans de series de televisión para cobrar publicidad o recibe fondos públicos sin obligación de compartir la cultura y la investigación cientÃfica que los ciudadanos pagan y protegen con sus impuestos. Y, encima el canon digital, un impuesto privado e indiscriminado.
Ni proporcionalidad, ni nueva polÃtica cultural ni cientÃfica, ni modernización de una industria obsoleta: perseguir es más fácil. La propiedad mal entendida se impone a los derechos y libertades fundamentales, como denuncian asociaciones como las de consumidores (Facua) o las defensoras del software libre (Hispalinux). Se priman contenidos con derechos de autor restrictivos frente a los de dominio público y compartidos entre usuarios para uso privado o sin ánimo de lucro. Y todo sin contraprestación. ¿Qué reciben los ciudadanos a cambio de su libertad y sus impuestos? Más servicios de pago, más restricciones de uso e investigación, un espacio público empequeñecido y privatizado, y una Internet dominada por la comercialización. ¿Es ésta la Europa 3.0 que queremos?
Opinión de Juan Varela en Público.es
Los ministros de Cultura reconocÃan hace 15 dÃas la proporcionalidad entre derechos ciudadanos y las demandas de autores y sociedades de gestión, la necesidad de mejorar la oferta y promover un cambio de negocio. El Congreso español votó la semana pasada una iniciativa que defiende “una estrategia consensuada” y el “impulso al desarrollo de nuevos modelos de negocio plenamente adaptados al entorno digital”.
Pero los gobiernos favorecen a una industria de contenidos que comercializa música para móviles, abre servicios de suscripción por contenidos, aprovecha los vÃdeos subidos por fans de series de televisión para cobrar publicidad o recibe fondos públicos sin obligación de compartir la cultura y la investigación cientÃfica que los ciudadanos pagan y protegen con sus impuestos. Y, encima el canon digital, un impuesto privado e indiscriminado.
Ni proporcionalidad, ni nueva polÃtica cultural ni cientÃfica, ni modernización de una industria obsoleta: perseguir es más fácil. La propiedad mal entendida se impone a los derechos y libertades fundamentales, como denuncian asociaciones como las de consumidores (Facua) o las defensoras del software libre (Hispalinux). Se priman contenidos con derechos de autor restrictivos frente a los de dominio público y compartidos entre usuarios para uso privado o sin ánimo de lucro. Y todo sin contraprestación. ¿Qué reciben los ciudadanos a cambio de su libertad y sus impuestos? Más servicios de pago, más restricciones de uso e investigación, un espacio público empequeñecido y privatizado, y una Internet dominada por la comercialización. ¿Es ésta la Europa 3.0 que queremos?
Opinión de Juan Varela en Público.es