Asociaci贸n de Internautas

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Ya lo sab铆amos. Pero Sinde ni 茅tica ni jur铆dicamente puede ser Ministra de Cultura.

Ya lo sab铆amos. Pero Sinde ni 茅tica ni jur铆dicamente puede ser Ministra de Cultura.


Como ya se ven铆a anunciando, la Asociaci贸n de Internautas, el 3 de junio de 2009, present贸 ante la Oficina de Conflicto de Intereses una denuncia contra la Ministra de Cultura por entender que exist铆a una situaci贸n de conflicto de intereses privado con el cargo, y que lejos de inhibirse como es preceptivo, seg煤n aparece publicado en el BOE, ha dispuesto de diversas ayudas a la industria cinematogr谩fica, por un valor total de 8.000.000 euros. Posteriormente la denuncia fue ampliada hasta en dos ocasiones por persistir en dicha actitud.

Como era de esperar el 28 de julio, la Oficina de Conflicto de Intereses (un 贸rgano encuadrado dentro de la Presidencia del Gobierno), rechaz贸 de plano la denuncia. Sin perjuicio de que tengamos que agotar la dilatoria v铆a administrativa, para poder acudir a un Tribunal de Justicia Independiente, queremos dar a conocer a la opini贸n p煤blica algunas puntualizaciones en relaci贸n con la referida resoluci贸n.

Lo primero es contextualizar la norma en la que se funda la resoluci贸n, cuesti贸n esencial dado que la denuncia se dirige contra una Ministra del Gobierno. En el primer a帽o de legislatura, tal y como hab铆a prometido el Presidente Zapatero, se adoptaron una serie de medidas tendentes a la proclamaci贸n de los principios que deb铆an regir las actuaciones del Gobierno, principios que no solo deb铆an de ser 茅ticos sino jur铆dicamente exigibles. Se trataba de algo m谩s que establecer distancias pol铆ticas con su antecesor, se pretend铆a instaurar una nueva forma de Gobernar, distinta a las anteriores que supon铆a una mayor profundizaci贸n en la democracia. Lo prometido no era desde luego el Gobierno abierto de Obama pero estaba en el camino.

A tal fin, el Consejo de Ministros, en su reuni贸n de 18 de febrero de 2005 adopt贸 un Acuerdo por el que se aprobaba el C贸digo de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administraci贸n General del Estado, que fue publicado para su general conocimiento por Orden Ministerial de 7 de marzo de 2005. Seg煤n este C贸digo de Buen Gobierno. Los Ministros y dem谩s Altos Cargos, actuar谩n, en el desempe帽o de sus funciones....con arreglo a los siguientes principios 茅ticos y de conducta... 聯objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad,... transparencia,... honradez聰, ... recalca que la finalidad es 聯la prevenci贸n de las situaciones de conflicto de intereses聰, y define lo que se debe entender por conflicto de intereses diciendo que: 聯se entiende que existe conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto p煤blico e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas聰.

En desarrollo de este credo y para que no quedase en una mera declaraci贸n de principios 茅ticos sin trascendencia jur铆dica alguna, se promulga la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulaci贸n de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administraci贸n General del Estado que ya en su exposici贸n de motivos deja claro que trata de prevenir el riesgo de conflicto y garantizar que no se van a producir situaciones que pongan en riesgo la objetividad, imparcialidad e independencia del alto cargo, sin perjuicio de la jerarqu铆a administrativa.

Este, y no otro es el objeto de nuestra denuncia. La existencia de una situaci贸n de conflicto que pone en riesgo la imparcialidad de la Ministra y por lo tanto tiene la obligaci贸n de inhibirse. En ning煤n caso afirmamos que haya realizado actos en beneficio propio, o de sus parientes, si as铆 fuese estar铆amos en un supuesto cuanto menos de prevaricaci贸n, de trafico de influencias o de corrupci贸n, algo que excede el 谩mbito de la presente denuncia y corresponde a la Sala II del Tribunal Supremo.

Evidentemente ese no es el caso. La denuncia se centra en que la Ministra de Cultura tiene desde antiguo intereses personales y familiares en la industria cinematogr谩fica, y eso entra帽a un conflicto de intereses con arreglo a la definici贸n contemplada en el C贸digo de Buen Gobierno, a cuyo texto debe acomodarse el Articulo 4 de la ley por tratarse de una interpretaci贸n aut茅ntica.

Por consiguiente sobran en la resoluci贸n las referencias a la falta de pruebas de hechos que no imputamos y que ese 贸rgano carece de competencia para investigar, tales como cuando dice, (alegaci贸n segunda) que no consta que la Ministra haya conocido ning煤n asunto relacionado con el Sindicato ALMA, pero no niega que haya sido Presidenta del citado sindicato, o que su padre fuera fundador de la Academia y ella posteriormente Presidenta, o que D, Enrique Urdbizu, fuera presidente de la entidad de gesti贸n de derechos de autor de medios audiovisuales DAMA. Nada de esto niega la resoluci贸n, solo se limita a decir escuetamente, 聯que no guardan relaci贸n alguna probada con el posible conflicto de intereses聰.

Tambi茅n resta importancia a que haya sido administradora, de dos sociedades relacionadas con la industria cinematogr谩fica, , o que en calidad de directora o guionista haya percibido subvenciones del Ministerio que ahora dirige y que el denunciante no ha acreditado que la Ministra haya tenido conocimiento o intervenci贸n en alg煤n asunto que afecte a las sociedades de las que ha sido administradora o su anterior condici贸n de directora y guionista de cine聰. Repetimos: ese no es el objeto de la denuncia. Si as铆 fuera habr铆amos formulado querella ante la Sala II del Tribunal Supremo, y desde luego no tenemos la obligaci贸n de probar los hechos, basta con la denuncia (en este caso querella) para que surja en el 贸rgano correspondiente la obligaci贸n de investigar.


En relaci贸n con la Presidencia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematogr谩ficas de Espa帽a de la que fue Presidenta hasta su nombramiento como Ministra de Cultura y del hecho de que solicitara subvenciones que posteriormente conceder铆a siendo Ministra. La resoluci贸n (alegaci贸n primera) niega que exista conflicto de intereses, con el argumento de que la Academia no es ni 聯empresa聰 ni 聯sociedad聰. La resoluci贸n pretende una interpretaci贸n literal que califica estricta, pero dif铆cil de sostener desde una interpretaci贸n sistem谩tica, ni finalista. Primero porque la ley no define lo que se entiende por empresa, ni sociedad. Una interpretaci贸n sistem谩tica deriva el concepto empresa a las asociaciones con 谩nimo de lucro, es decir aquellas regidas por el derecho mercantil y abarca tanto al empresario individual como el colectivo, en contraposici贸n con las que no tienen 谩nimo de lucro. Por el contrario el t茅rmino sociedad, sin adjetivar es un termino gen茅rico, (tal y como es empleado por el c贸digo civil) que abarca todas aquellas asociaciones que no son mercantiles, es decir las que no tienen 谩nimo de lucro, se rijan por el derecho civil, el social o el administrativo lo cual coincide como hemos dicho antes con la definici贸n que el propio Consejo de Ministros da al 聯conflicto de intereses聰 que no entra en esos distingos. Por otra parte ser铆a absurda una interpretaci贸n que pretenda excluirlos pues la ley perder铆a toda su eficacia y solo servir铆a para fomentar la corrupci贸n.

Por 煤ltimo se refiere a las resoluciones por las que se ampl铆an las ayudas al cine, y que las califica de instrumentales, baste 煤nicamente se帽alar que si las mismas se han dictado contraviniendo una prohibici贸n legal y pol铆tica, la resoluci贸n con independencia de su car谩cter instrumental es injusta. Basta solo determinar la intensidad de la injusticia.

Como dec铆amos seguiremos la lenta v铆a administrativa, pasar谩n meses hasta que recibamos otro papel con el membrete de la Presidencia del Gobierno en el que nos digan lo que ya sabemos. Pero solo entonces podremos acceder a los Tribunales, cuando estos quieran resolver habr谩n pasado dos o tres a帽os, es previsible que la Se帽ora Sinde ya no sea Ministra, el recurso habr谩 perdido su objeto, el Gobierno habr谩 ganado y la Asociaci贸n de Internautas habr谩 perdido.

Pero en realidad, habremos perdido todos, todos los que creemos en la necesidad de una democracia que funcione todos los d铆as y un Gobierno abierto y trasparente regido por unos principios como los contenidos en el C贸digo de Buen Gobierno. Una vez mas aquello ha quedado en papel mojado y de nuevo habr谩 elecciones.

Asociaci贸n de Internautas

Resoluci贸n de la Oficina de Conflicto de Intereses