Asociaci贸n de Internautas

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M煤gica investiga las escuchas de Sitel

M煤gica investiga las escuchas de Sitel


La legalidad en la que opera el avanzado software utilizado por el Ministerio del Interior para pinchar tel茅fonos y acceder a datos personales est谩 en duda. No s贸lo porque esa cobertura legal est谩 recurrida ante la Comisi贸n Europea por la Asociaci贸n de Internautas o porque la Agencia de Protecci贸n de Datos la est谩 investigando, sino tambi茅n porque el 贸rgano encargado de velar por los intereses de los ciudadanos ha puesto el acento en la debilidad d茅las personas ante el potente sistema inform谩tico.

Roberto R. Ballesteros. Madrid .- A petici贸n de los usuarios de Internet, el Defensor del Pueblo, Enrique M煤gica, ha abierto una investigaci贸n con objeto de esclarecer si es adecuada o no la cobertura legal existente que regula la interceptaci贸n de las comunicaciones electr贸nicas (telefon铆a m贸vil fundamentalmente) y si el ciudadano est谩 desamparado ante esta potente arma.

Hasta hoy el Ejecutivo no ha respondido. Su silencio provocar谩 el recurso a los tribunales

M煤gica ha solicitado al Gobierno de Jos茅 Luis Rodr铆guez Zapatero informaci贸n 驴adem谩s de aquella relativa al paraguas legal que lo sustenta驴 sobre la metodolog铆a utilizada para pinchar llamadas. Seg煤n el denunciante, el-Sistema Integral de Interceptaci贸n de Comunicaciones (Sitel) almacena datos y conversaciones sine die en servidores centrales, lo cual vulnera el art铆culo 35b de la Ley 32/3003 General de Telecomunicaciones; los jueces no han sido informados sobre la existencia de este software y sus potencialidades, lo que lleva a pensar c贸mo es posible para un magistrado controlar un proceso del que desconoce completamente su funcionamiento; y la inexistencia de responsables conocidos, ya que los informes policiales se presentan ante el juez sin firmar.

La Asociaci贸n de Internautas ha querido denunciar tambi茅n que la ley permite a los agentes acceder a datos personales sin orden judicial, ya que las operadoras est谩n obligadas a proporcionar esa informaci贸n,

El Defensor del Pueblo, Enrique M煤gica, espera la respuesta del Gobierno. / EFE
entre la que destaca la identidad de los interlocutores, su direcci贸n postal, el n煤mero de identificaci贸n del terminal m贸vil o la posici贸n geogr谩fica exacta en la que se encuentran los dos comunicantes.

Silencio gubernamental

Por el momento, el Ejecutivo no ha contestado a la petici贸n de informaci贸n realizada por el Defensor del Pueblo. Si no lo hiciera en un determinado plazo -establecido por los protocolos habituales-, explican desde el organismo dirigido por M煤gica, el Defensor volver铆a a elevar su solicitud y, en caso de que se reiterara la negativa a contestar, la instituci贸n podr铆a recurrir a los tribunales competentes.

Seg煤n ha podido saber LA GACETA, el software esp铆a entrega a los magistrados las conversaciones escuchadas y los datos asociados en un soporte electr贸nico sin autentificar, ya que el 煤nico modo de verificar el contenido de un CD, un DVD o un pen drive es a trav茅s de firma digital. Como inform贸 este peri贸dico el pasado 13 de octubre: "La justicia espa帽ola es incapaz de autentificar un pen drive". Jueces, abogados y fiscales admitieron que la firma digital no se utiliza en absoluto en la judicatura. Seg煤n los expertos, la firma digital es el 煤nico modo de autentificar un archivo electr贸nico.

Respaldo de la jurisprudencia europea a las tesis de la Asociaci贸n de Internautas

El Defensor del Pueblo ha puesto en marcha la investigaci贸n sobre Sitel a ra铆z de una denuncia efectuada por 隆a Asociaci贸n de internautas. El escrito utiliza al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como argumento de autoridad. Asegura que "Espa帽a ha sido condenada en dos ocasiones " por La citada corte: los casos Valenzuela Contreras (julio de 1998) y Prado Burgallo (febrero de 2003). En ambos como tambi茅n destac贸 el fiscal Pedro Mart铆nez en su informe ante C谩ndido Conde Pumpido en 2006 se penalizaba a Espa帽a "por no ajustar sus previsiones legales a las exigencias m铆nimas de una sociedad democr谩tica en materia del secreto de las comunicaciones". De ah铆 tambi茅n que los Internautas resaltasen ante el Defensor del Pueblo "el secretismo que ha presidido Sitel y el 铆nfimo rango normativo que lo regula". Esta actitud, afirman, "contraviene" la doctrina del caso Valenzuela Contreras: "El derecho interno debe usar t茅rminos claros y di谩fanos para que cualquiera pueda entender en qu茅 circunstancias y bajo qu茅 condiciones los poderes p煤blicos pueden adoptar tales medidas".

Protecci贸n de Datos tambi茅n act煤a

El director de la Agencia de Protecci贸n de Datos (APD), Artemi Rallo, orden贸 abrir un expediente para analizar la regulaci贸n en la que opera Sitel despu茅s de que este peri贸dico informara sobre su existencia y sus problemas de cobertura legal. "A ra铆z de las informaciones aparecidas en la prensa, estamos analizando si puede incumplir 铆a ley", explicaron aquel d铆a fuentes oficiales de la agencia estatal.

A pesar de llevar cinco a帽os operando con una cobertura legal cuanto menos dudosa -cuando no inexistente-, la Agencia de Protecci贸n de Datos no ha abierto una investigaci贸n hasta ahora, d铆as despu茅s de las informaciones publicadas. La raz贸n estriba en la falta de transparencia con que se cre贸 y se puso en marcha el software. Tras los informes negativos que los 贸rganos judiciales competentes remitieron al Gobierno de Jos茅 Mar铆a Aznar, que fue el que encarg贸 la aplicaci贸n, el actual Ejecutivo decidi贸 utilizarlo a pleno rendimiento. Eligi贸 un Reglamento (Real Decreto 424/2005) para regular en funcionamiento del software. Se trata de un comportamiento ya tradicional en el modo de actuar del Ejecutivo (el 煤ltimo episodio, el Decreto Ley con el que el Gobierno que aprob贸 la TDT de pago de urgencia el pasado agosto): evitar la sede parlamentaria para no afrontar incomodidades. Posteriormente, introdujo el Reglamento en la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones de 2007, una norma puramente t茅cnica, sin ning煤n tipo de connotaciones morales. Evitaba de este modo de nuevo la incomodidad que hubiera supuesto en el Congreso una ley org谩nica, protocolo previsto por la Constituci贸n para regular aspectos que limitan los derechos fundamentales, como en este caso ocurre: Sitel lim铆tala privacidad y el secreto de las comunicaciones. Una tramitaci贸n de ley org谩nica hubiera conllevado m谩s transparencia y la elaboraci贸n de enmiendas.

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Descargar escrito (pdf) al Defensor del Pueblo


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