De la Vega ordenó que Industria aprobara los espÃas de Sitel en secreto
De la Vega ordenó que Industria aprobara los espÃas de Sitel en secreto
La vicepresidenta del Gobierno, MarÃa Teresa Fernández de la Vega, creó el mecanismo para garantizar que el desarrollo de Sitel se lleva a cabo en secreto, que no pueda ser conocido por la opinión pública. Se trata de la orden PRE/1575/2006, de 19 de mayo, por la que creó una comisión interministerial (con miembros del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, del CNI y de las operadoras de telecomunicaciones). De la Vega pidió "sigilo" a sus miembros y decretó que el informe del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información "equivaldrá" (sustituirá) a la audiencia pública, que establece el artÃculo 24 de la Ley 50/2007.
Roberto R. Ballesteros. Madrid.- Para dar cumplimiento a la orden de De la Vega, el Ministerio de Industria -competente por haberse encargado de la regulación de Sitel a través de la Ley 27/2007- , que concibe el software espÃa como algo técnico, como si no afectara a derechos fundamentales¿ dicta otras dos órdenes: ETSI TS 133 108 y la ETSI TS 101 671. Siguiendo el guión previsto por el Ejecutivo, ninguna de ellas pasa el trámite público -periodo dedicado a escuchar la opinión de los ciudadanos- y ambas acceden directamente al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.
Por otro lado, se da la paradoja de que el artÃculo 95 (Interfaces de interceptación) del Real Decreto 424/2005, que es el que se pretendÃa desarrollar, fue derogado por el Tribunal Supremo (sentencia de 5 de febrero de 2008, que responde al recurso de la propia Asociación de Ãnternautas). El artÃculo en cuestión aseguraba que las operadoras están obligadas a "tener en todo momento preparadas una o más interfaces a través de las cuales las comunicaciones electrónicas interceptadas y la información relativa a la interceptación se transmitirán a los centros de recepción de las interceptaciones. Las caracterÃsticas de estas interfaces y el formato para la transmisión de las comunicaciones interceptadas a estos centros estarán sujetas a las especificaciones técnicas que reglamentariamente se establezcan por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio".
"Se está imponiendo una filosofÃa de la vigilancia para controlar al ciudadano"
La Asociación de Internautas denunció la anomalÃa ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información el 19 de junio de 2009, pero no tuvo ninguna repercusión. La mencionada asociación entiende la actitud de la vicepresidenta como algo intencionado, dentro del "secretismo" generalizado "que rodea al caso Sitel".
Creen que no es "una burda equivocación del Gobierno", sino algo buscado. "Una maniobra para permitir la puesta en marcha de esas interfaces de transmisión de la información, sin transparencia alguna para los ciudadanos (la comunicación al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones sustituye a trámite de información publica), con el único aval de un infome de una comisión secreta".
Por otro lado, el artÃculo 3 de las citadas órdenes asegura que las operadoras "deberán proveer información de localización del terminal móvil del sujeto de la interceptación y, si es posible, de su o sus interlocutores". Se trata, según los Ãnternautas, de una "ilegalidad", ya que la localización geográfica afecta al artÃculo 18 de la Constitución Española. El artÃculo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones incluye la localización entre los datos relativos a la interceptación, pero sólo para el sospechoso. La orden la amplÃa a los interlocutores.
Para los Internautas, "se está imponiendo una filosofÃa de la vigilancia que tiene por objetivo controlar al ciudadano, no la seguridad, ni la protección de la infancia, ni tan siquiera los derechos de autor". Exigen "que el Poder sea transparente, y las medidas, garantistas".
Los impulsores del 'software espÃa*
Sitel comenzó a ser utilizado en pruebas en marzo de 2004, aún con el PP en el poder. El Gobierno de José MarÃa Aznar no se lanzó a usar el 'software espÃa' debido a las pegas que ponÃan ios informes del CGPJ y el Ministerio del Justicia. Pero cuando el PSOE llegó al Gobierno no tuvo problemas en utilizar el arma informática más potente que jamás habÃa tenido. Lo hizo el Ministerio del Interior, con José Antonio Alonso a la cabeza. Tanto él como su secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se lanzaron sin mirar los problemas legales. Y no esperaron mucho. Ya en el año 2004 el secretario de Estado admitió en sede parlamentaria en dos ocasiones estar utilizando el 'software'. Ocultó, sin embargo, la falta de cobertura legal con la que operaba. "El Sistema Integrado de Interceptación Telefónica es un sistema que se ha desarrollado a lo largo de los años 2001 y 2003, es un buen proyecto, y de lo que se trata (...) es de establecer la consignación presupuestaria suficiente para optimizar el sistema", anunciaba Camacho el 13 de octubre de 2004 en las Cortes, según el Diario de Sesiones del Congreso. La misma fuente se hace eco de una segunda intervención seis dÃas más tarde. "Sitel trata de mejorar (...) esas interceptaciones tan importantes en la lucha contra la criminalidad".
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Por otro lado, se da la paradoja de que el artÃculo 95 (Interfaces de interceptación) del Real Decreto 424/2005, que es el que se pretendÃa desarrollar, fue derogado por el Tribunal Supremo (sentencia de 5 de febrero de 2008, que responde al recurso de la propia Asociación de Ãnternautas). El artÃculo en cuestión aseguraba que las operadoras están obligadas a "tener en todo momento preparadas una o más interfaces a través de las cuales las comunicaciones electrónicas interceptadas y la información relativa a la interceptación se transmitirán a los centros de recepción de las interceptaciones. Las caracterÃsticas de estas interfaces y el formato para la transmisión de las comunicaciones interceptadas a estos centros estarán sujetas a las especificaciones técnicas que reglamentariamente se establezcan por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio".
"Se está imponiendo una filosofÃa de la vigilancia para controlar al ciudadano"
La Asociación de Internautas denunció la anomalÃa ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información el 19 de junio de 2009, pero no tuvo ninguna repercusión. La mencionada asociación entiende la actitud de la vicepresidenta como algo intencionado, dentro del "secretismo" generalizado "que rodea al caso Sitel".
Creen que no es "una burda equivocación del Gobierno", sino algo buscado. "Una maniobra para permitir la puesta en marcha de esas interfaces de transmisión de la información, sin transparencia alguna para los ciudadanos (la comunicación al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones sustituye a trámite de información publica), con el único aval de un infome de una comisión secreta".
Por otro lado, el artÃculo 3 de las citadas órdenes asegura que las operadoras "deberán proveer información de localización del terminal móvil del sujeto de la interceptación y, si es posible, de su o sus interlocutores". Se trata, según los Ãnternautas, de una "ilegalidad", ya que la localización geográfica afecta al artÃculo 18 de la Constitución Española. El artÃculo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones incluye la localización entre los datos relativos a la interceptación, pero sólo para el sospechoso. La orden la amplÃa a los interlocutores.
Para los Internautas, "se está imponiendo una filosofÃa de la vigilancia que tiene por objetivo controlar al ciudadano, no la seguridad, ni la protección de la infancia, ni tan siquiera los derechos de autor". Exigen "que el Poder sea transparente, y las medidas, garantistas".
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Sitel comenzó a ser utilizado en pruebas en marzo de 2004, aún con el PP en el poder. El Gobierno de José MarÃa Aznar no se lanzó a usar el 'software espÃa' debido a las pegas que ponÃan ios informes del CGPJ y el Ministerio del Justicia. Pero cuando el PSOE llegó al Gobierno no tuvo problemas en utilizar el arma informática más potente que jamás habÃa tenido. Lo hizo el Ministerio del Interior, con José Antonio Alonso a la cabeza. Tanto él como su secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, se lanzaron sin mirar los problemas legales. Y no esperaron mucho. Ya en el año 2004 el secretario de Estado admitió en sede parlamentaria en dos ocasiones estar utilizando el 'software'. Ocultó, sin embargo, la falta de cobertura legal con la que operaba. "El Sistema Integrado de Interceptación Telefónica es un sistema que se ha desarrollado a lo largo de los años 2001 y 2003, es un buen proyecto, y de lo que se trata (...) es de establecer la consignación presupuestaria suficiente para optimizar el sistema", anunciaba Camacho el 13 de octubre de 2004 en las Cortes, según el Diario de Sesiones del Congreso. La misma fuente se hace eco de una segunda intervención seis dÃas más tarde. "Sitel trata de mejorar (...) esas interceptaciones tan importantes en la lucha contra la criminalidad".
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