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El PSOE aprobó Sitel con un texto idéntico al que rechazó el PP

El PSOE aprobó Sitel con un texto idéntico al que rechazó el PP


Al margen de las acusaciones mutuas que PP y PSOE vienen lanzándose sobre quién puso en marcha el Sistema de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (Sitel), desde el punto de vista legal no hay lugar a dudas. En paralelo a su desarrollo técnico -encargado en 2001-, el PP pidió informes a distintos organismos para dar una cobertura legal al sistema de escuchas.

Roberto R. Ballesteros / La Gaceta.es /Madrid.- En total, fueron elaborados 17 informes, entre los a√Īos 2000 y 2003, por distintas instituciones. Todos ellos, con cr√≠ticas m√°s o menos relevantes contra el proyecto legislativo que hab√≠an redactado los populares para regular el funcionamiento del software.

17 informes críticos

El Ministerio de Defensa (2000 y 2001), el Ministerio de Ciencia y Tecnolog√≠a (2000 y 2003), la Asociaci√≥n Espa√Īola de Proveedores de Servicios de Internet (2002), la Asociaci√≥n de Empresas Operadoras de Telecomunicaciones, el Ministerio del Interior (2000 y 2003), la Asociaci√≥n Espa√Īola de Protecci√≥n de Datos (2002), Ministerio de Justicia (2003) y el Consejo General del Poder Judicial (2002) expusieron sus reparos por escrito. Tambi√©n se pidi√≥ opini√≥n a Retevisi√≥n M√≥vil, Telef√≥nica y la Comisi√≥n del Mercado de las Telecomunicaciones, que emitieron su propio dictamen sobre la propuesta de reglamento del PP.

No había hecho más que comenzar a andarse el camino legislativo y ya había muros. El desarrollo legal quedó paralizado. Mientras, Sitel comenzó a implantarse en puntos estratégicos y a ser utilizado en pruebas.

Con la llegada del PSOE al Gobierno, la estrategia cambi√≥. El software esp√≠a termin√≥ de instalarse y se empez√≥ a utilizar sin ninguna cobertura legal. Durante un a√Īo estuvieron la Polic√≠a Nacional, la Guardia Civil y el CNI utilizando el sistema sin colch√≥n jur√≠dico alguno; hasta el 15 de abril de 2005, fecha en la que se aprob√≥ el RD 424/2005, el primer reglamento que regulaba la interceptaci√≥n de comunicaciones electr√≥nicas. Seg√ļn sentencia del Tribunal Supremo dictada el 25 de febrero de 2008 en respuesta a un recurso de la Asociaci√≥n de Internautas, el texto que aprueba el Gobierno socialista (RD 424/2005) es el mismo que dos a√Īos antes paraliz√≥ el PP por los reparos que pon√≠an los citados informes.

Interior, Defensa, Justicia, CGPJ y la Agencia de Protección de Datos ya ponían pegas en 2001 y 2002

Así lo expone el Supremo en la referida sentencia: "La Sala requirió al Ministerio de Industria para que nos remitiera el expediente completo de aquel primer Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los procedimientos y las medidas técnicas para la interceptación legal de las telecomunicaciones (...), que ulteriormente no se convertiría en texto reglamentario. Su contenido, insistimos, coincide en lo sustancial con el del. Capítulo II del Título V del nuevo proyecto de texto reglamentario, que llegaría a ser aprobado por Real Decreto 424/2005".

Proporcionalidad

Entre las pegas que ponían los informes críticos estaban las siguientes. El Ministerio del Interior (8 de julio de 2003) censuraba que la definición de agente facultado no era del todo precisa. Proponía que se reconocieran dos categorías de agentes facultados y que sólo la Policía Judicial pudiera acceder a los datos de tráfico de las operadoras.

El CGPJ, por su parte, recuerda, el 24 de octubre de 2002, que es una ley orgánica la que debe regular cuándo se debe suspender a una persona el derecho al secreto de las comunicaciones. El Poder Judicial también se ve en la necesidad de que se diferencie entre autoridad judicial y autoridad competente.

"Se evitaría así" que otra autoridad distinto de la judicial autorice una interceptación.
Asimismo, la Asociaci√≥n Espa√Īola de Proveedores de Servicios de Internet, en septiembre de 2002, subray√≥ que ser√≠a conveniente que el Real Decreto definiese las especificaciones que deber√° incorporar la orden judicial. Entre ellas, el sujeto o sujetos obligados a realizar la interceptaci√≥n -para clarificar responsabilidades-, la informaci√≥n espec√≠fica relativa a la interceptaci√≥n requerida -puesto que √©sta depender√° del tipo de comunicaci√≥ny el centro de recepci√≥n de la interceptaci√≥n. As√≠, destaca el informe, se actuar√≠a con m√°s proporcionalidad

Interior, Defensa, Justicia, CGPJ y la Agencia de Protección de Datos ya ponían pegas en 2001 y 2002

La √ļnica sentencia del TS sobre el 'software* afirma que su regulaci√≥n es "insuficiente"
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer, tras el Consejo de Ministros, que existen tres sentencias del Tribunal Supremo que avalan la cobertura legal del Sistema Integral de Interceptación de las Comunicaciones Electrónicas (Sitel). La realidad es que tan sólo existe una sentencia que se refiera a la legalidad del 'software espía'. Se trata de la resolución del 25 de febrero de 2008
que respondía al recurso contencioso administrativo presentado por la Asociación de Internautas contra el Real Decreto 424/2005, que por aquel entonces regulaba Sitel mediante un reglamento. La sentencia del alto tribunal considera que un mero reglamento es "insuficiente", aunque matiza que, tras el recurso de internautas, se aprobó la Ley 25/2007. Un voto particular recalca que es necesaria una ley orgánica.

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