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El Tribunal Europeo acusa a Espa√Īa de no cumplir con las exigencias normativas.

El Tribunal Europeo acusa a Espa√Īa de no cumplir con las exigencias normativas.


Las críticas del PP y de las asociaciones judiciales, así como las investigaciones abiertas por el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, no se centran tanto en Sitel —software utilizado por el Ministerio del Interior para interceptar llamadas— cuanto en el marco legal que le da cobertura y en su funcionamiento.

R.B. La Gaceta.- Los pinchazos telef√≥nicos en Espa√Īa est√°n regulados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (el art√≠culo 579, modificado en 1988), que expone cu√°ndo se puede limitar el derecho al secreto de las comunicaciones; la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (art√≠culos 33 y 35); la Ley 25/2007 de conservaci√≥n de datos; y el Real Decreto 424/2005. Sin embargo, todas estas normativas son consideradas insuficientes, contradictorias y dispersas por el PP y otros grupos civiles ¬óAsociaci√≥n de Internautas o Agencia Catalana de Protecci√≥n de Datos, entre otros¬ó, que piden ahora una ley org√°nica para regular las interceptaciones tras conocer que se efect√ļan con el avanzado sistema Sitel.

Aviso histórico

Ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos advert√≠a incluso antes de la aparici√≥n de Sitel de las anomal√≠as legales que sufr√≠a Espa√Īa. Sin embargo, explican fuentes jur√≠dicas, el pa√≠s nunca las ha terminado de corregir, una correcci√≥n que ahora se hace incluso m√°s necesaria debido a la potente tecnolog√≠a que rodea a Sitel, que no s√≥lo es un software para pinchar llamadas, sino un aut√©ntico sistema de vigilancia. Mediante Sitel, explican fuentes policiales, "se puede saber qu√© hace una persona desde que se levanta hasta que se acuesta, d√≥nde est√° en cada momento, qu√© medios de transporte utiliza, su velocidad de desplazamiento, las rutas que habitualmente transita, con qui√©n habla, cu√°nto tiempo habla, etc√©tera".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ya se mostraba muy cr√≠tico con la cobertura legal que ampara la interceptaci√≥n de llamadas despu√©s de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1988, √ļnica norma con rango de ley org√°nica que trata sobre las interceptaciones. El 18 de febrero de 2003, el Alto Tribunal conden√≥ a Espa√Īa por un caso de escuchas (Prado Bugallo). La sentencia destacaba que, a pesar de las garant√≠as legislativas introducidas tras otra sentencia de la misma corte (caso Valenzuela Contreras), dichas garant√≠as no respond√≠an a todas las exigencias fijadas por la jurisprudencia del TEDH (en particular con las de los asuntos Kruslin y Huvig).

El Alto Tribunal exig√≠a crear un cat√°logo de delitos por los que se puede interceptar una llamada (en Espa√Īa no existe), establecer un tiempo l√≠mite durante el que mantener un
pinchazo, y fijar las condiciones en que se aporta la prueba (como la verificación o autenticación del documento en sede judicial).

Certificado digital

La Ley General de Telecomunicaciones (32/2003), entre otras cosas, ven√≠a a solventar esas cr√≠ticas del Tribunal Europeo. Sin embargo, en ning√ļn punto de la norma se regula la creaci√≥n de una autoridad certificadora ¬óque expida firmas electr√≥nicas (√ļnico notario electr√≥nico posible)¬ó ni el cifrado del documento, que evita que el archivo pueda ser le√≠do en caso de caer en manos de terceros. A pesar de estar ya creada la Ley 59/2003 de firma electr√≥nica, la Ley 25/2007 ¬óque se supone mejora la 32/2003¬ó tampoco prev√© la creaci√≥n de un organismo expendedor de certificados. Por lo tanto, no se pueden cumplir las exigencias del TEDH.

La citada sentencia Valenzuela Contreras (30 de julio de 1998) indicaba las garantías mínimas —necesaria para evitar abusos— que debe incluir la ley: qué personas pueden ser sometidas a escuchas, qué infracciones pueden dar lugar al pinchazo, cuál es el plazo máximo que puede durar una intervención, que se deje constancia documental del protocolo seguido por los agentes y las operadoras para ejecutar la orden de interceptación, qué precauciones hay que tomar para enviar las grabaciones intactas y completas (para que sean controladas por el juez y la defensa) y cuándo hay que archivar o destruir las grabaciones.

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