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Rubalcaba asegura que Sitel "ya est√° regulado por ley org√°nica"

Rubalcaba asegura que Sitel "ya est√° regulado por ley org√°nica"


El ministro del Interior, Alfredo P√©rez Rubalcaba, asegura de forma reiterada que el Sistema de Interceptaci√≥n de Comunicaciones Electr√≥nicas (Sitel) est√° regulado por ley org√°nica.. Por la Ley Org√°nica de Enjuiciamiento Criminal, por un lado, y por la "Ley Org√°nica de Telecomunicaciones". Esta √ļltima norma no es ley org√°nica, sino ordinaria. Y la de Enjuiciamiento Criminal, que s√≠ es org√°nica, fue modificada en 1988 para introducir la intervenci√≥n de llamadas. Es decir, antes de la implantaci√≥n del software esp√≠a, que se puso en marcha a principios de 2004.

Roberto R. Ballesteros - La Gaceta -Madrid .- El apartado 2 del art√≠culo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal asegura que "el juez podr√° acordar, en resoluci√≥n motivada, la intervenci√≥n de las comunicaciones telef√≥nicas del procesado, si hubiese indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobaci√≥n de alg√ļn hecho o circunstancia importante de la causa".

El problema es que el avance tecnológico ha dejado viejo ese artículo. Sitel es una aplicación informática propiedad del Ministerio del Interior que, en coordinación con otro software similar localizado en las operadoras telefónicas, es capaz de
pinchar todos los tel√©fonos que pida el juez y acceder a una serie de datos asociados ala comunicaci√≥n, como la identidad de los comunicantes, su posici√≥n geogr√°fica o el tr√°fico del √ļltimo a√Īo. Esta enorme cantidad de datos asociados no se pod√≠a conseguir a trav√©s de los sistemas tradicionales. El problema tambi√©n es que no existe un √≥rgano que controle el correcto funcionamiento del sistema. Y que la cobertura legal con que cuenta es insuficiente. As√≠ lo dijo el Tribunal Supremo en sentencia de febrero de 2008 para referirse al RD 424/2005.

El alto tribunal se declaraba incompetente para juzgar si era suficiente o no para regular Sitel con la Ley 25/2007 (que reforma la 32/2003), que posteriormente se aprobó. Sí había uno de los magistrados de la sala que se desmarcaba de la sentencia y mediante un voto particular entendía que "la Ley 32/2003 no tiene suficiente rango para regular el derecho fundamental previsto en el artículo 18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones, pues el artículo 81 de la Constitución reserva a la ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales".

Los fallos del Supremo

El ministro argumentó, sin embargo, que hay "varias" sentencias del Tribunal Supremo que avalan el uso de Sitel. Una de ellas, se refería a un caso de tráfico de drogas.

Rechazaba el recurso contra una condena por narcotr√°fico en la que se utiliz√≥ el sistema y argumentaba que se conoc√≠a en detalle el funcionamiento y las posibilidades del mismo. Se trata de un caso de recurso contra una sentencia por la que se usaba Sitel, no de un recurso contra la falta de regulaci√≥n del software. "No se enjuicia la ley, sino una interceptaci√≥n concreta", explica un experto de la Asociaci√≥n de Internautas. "Un caso en el que el abogado puede recurrir porque se explica que se est√° utilizando Sitel, sin embargo existen miles de sentencias en las que no se dice que las interceptaciones se efect√ļan con Sitel, y en esas no se puede recurrir". La √ļnica sentencia que responde a un recurso que enjuicia el sistema en s√≠ mismo es la sentencia referida m√°s arriba, la de febrero de 2008 en respuesta a un recurso de la Asociaci√≥n de Internautas.-

Rubalcaba insisti√≥ en que se trata de una aplicaci√≥n "legal", "m√°s garantista que lo que hab√≠a antes". "En Espa√Īa hace falta autorizaci√≥n judicial para interceptar llamadas". El ministro asegur√≥ tambi√©n en referencia a Sitel que "el ordenador es inmanipulable". Respond√≠a as√≠ alas cr√≠ticas que viene vertiendo este peri√≥dico sobre el hecho de que no existen garant√≠as de que el CD con las conversaciones pinchadas no est√© manipulado. Al no existir firma digital que certifique la autenticidad de la grabaci√≥n ni encriptaci√≥n alguna que evite las filtraciones, no hay seguridad de que lo que se entrega al juez coincide realmente con el original. Sobre todo teniendo en cuenta que en los archivos electr√≥nicos es muy f√°cil copiar, pegar y manipular.

El ministro del Interior valor√≥ la ofensiva del PP sobre Sitel como "el segundo cap√≠tulo" de las acusaciones vertidas contra el Gobierno por escuchas ilegales que se realizaron al final del pasado verano. "Hay pocas cosas m√°s graves que acusar al Gobierno de escuchar a la oposici√≥n", sentenci√≥. "Se est√° cuestionando el funcionamiento del Estado de Derecho". "¬ŅAcaso se gast√≥ 13 millones de euros el PP sin saber que era legal No me lo puedo creer". "Si hay pruebas ¬Ėinsisti√≥ de que alg√ļn polic√≠a les escucha, que vayan a los tribunales". "¬ŅPor qu√© no lo hacen Porque es mentira". "Que den una prueba y, si no, que se callen", exigi√≥ a los dirigentes populares que durante los √ļltimos d√≠as han solicitado que Sitel sea regulado por medio de una ley org√°nica.

La legalidad del software est√° siendo cuestionada, adem√°s de por el PP, por otros partidos como UPyD o el PNV. El portavoz de Interior en el Congreso de esta √ļltima formaci√≥n, Emilio Olavaria, reclam√≥ el pasado jueves al Gobierno que aclare "urgentemente" si hay escuchas ilegales. "Existe la obligaci√≥n pol√≠tica e incluso √©tica de explicar lo que est√° ocurriendo". La l√≠der de UPyD, Rosa Diez, pidi√≥ al ministro que acudiera al Congreso para explicar si Sitel "se ajusta en su actuaci√≥n a derecho".

Asimismo, la Agencia Espa√Īola de Protecci√≥n de Datos y el Defensor del Pueblo mantienen un expediente de investigaci√≥n abierto sobre la posible ilegalidad del software esp√≠a. Ambos organismos han pedido informes al Ministerio del Interior para comprobar de qu√© manera se llevan a cabo las interceptaciones.

Se amplía seis meses el plazo para que se identifiquen los móviles prepago

Rubalcaba anunci√≥ que se ampl√≠a el plazo para que se identifiquen los propietarios de tarjetas telef√≥nicas prepago. Los m√≥viles que ma√Īana no se hayan identificado se apagar√°n como preve√≠a la Ley 25/2007 ¬Ņsalvo para llamadas al 112¬Ņ, pero tendr√°n otros seis meses para identificar a su due√Īo. Cuando lo hagan, seg√ļn acord√≥ Interior con las operadoras, recuperar√°n su l√≠nea. El ministro inform√≥ de que a√ļn quedan tres millones de terminales sin identificar. Argument√≥ que terroristas y delincuentes utilizaban m√≥viles prepago para evitar ser interceptados, y que ahora lo tendr√°n m√°s dif√≠cil. Ocult√≥ sin embargo que, como aseguran varios expertos el Supervisor Europeo de Protecci√≥n de Datos o la Agencia Catalana de Protecci√≥n de Datos, entre otros, la ley trata a todos como sospechosos.

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