Zapatero desoye a los internautas y da el visto bueno al cierre de webs
Zapatero desoye a los internautas y da el visto bueno al cierre de webs
El Gobierno dio ayer un golpe de autoridad y aprobó sin cambios sustanciales la disposición final del proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) que regula las descargas de internet mediante un procedimiento que cuenta con el rechazo de los que se erigen como portavoces de la comunidad de internautas en España y de grupos políticos como el PP o IU. De forma discreta, el polémico proyecto de ley auspiciado por la ministra de Cultura, Ángeles GonzálezSinde, obtuvo su visto bueno en un Consejo de Ministros celebrado en Sevilla, en un día festivo en muchas comunidades autónomas y con una rueda de prensa posterior en la que no hubo ninguna referencia al texto con el que el Ejecutivo pretende perseguir a las webs que enlazan o alojan sin permiso archivos protegidos por derechos de autor.
Maria Vega / El Mundo.- Sin embargo, esa estrategia no consiguió frenar el estallido de un nuevo motín en la Red contra el cierre cautelar de páginas web. Blogueros, seguidores de Twitter y asociaciones de consumidores volvieron a la carga contra el Ejecutivo y comenzaron a organizar la estrategia de oposición con la que pretenden frenar la llamada 'ley Sinde' en el Parlamento.
Aunque el Gobierno no desvelará el texto definitivo de la disposición hasta el próximo martes, cuando llegue al Congreso, fuentes gubernamentales avanzaron a EL MUNDO que en la redacción del documento aprobado ayer «no se han incluido cambios sustanciales, salgo algunas modificaciones técnicas» que no afectan a las líneas esenciales del texto aprobado el 8 de enero.
Es decir, se mantiene la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, una entidad administrativa que dependerá del Ministerio de Cultura y canalizará las denuncias de los ti.tulares de derechos de autor, así como la tutela de un juez de la Audiencia Nacional para el bloqueo de los contenidos ilícitos.
De esta forma, con el proyecto de ley el plazo máximo para decretar el cierre cautelar de una web podría quedarse en cuatro días.
Miles de firmantes del Manifiesto en defensa de tos derechos fundamentales en internet creen que el Gobierno se ha plegado al lobby de la cultura. Este grupo de activistas que el pasado diciembre organizó una movilización digital que obligó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a desdecir en público a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y prometer que «no se cerrará ninguna web», lamentaba ayer que Zapatero «mintiera para salir del paso», según señaló a este periódico el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. Pese a todo, los internautas seguirán con sus movilizaciones con el objetivo, esta vez, de frenar el proyecto de la LES en el Parlamento. Algunos de los 14 blogueros a los que González-Sinde recibió en Cultura el pasado año ya han mantenido reuniones con grupos políticos y creen que la Cámara Baja frenará el proyecto, según el bloguero y director del grupo ADSL Zone, Javier Sanz.
El motín digital
Redes sociales y Twitter volvieron a encenderse contra la 'ley antidescargas' Webs de enlaces, como Series Yonakis.com, dejaron de dar servicio en protesta la asociación de consumidores Facuá lanzó ayer una campaña con el lema "Si es legal, es legal" .
El portavoz de Cultura del PP, José María Lassalle avanzó ayer a este periódico que su grupo presentará una enmienda a la totalidad de la disposición. «Exigiremos judidalizar el control sobre cualquier acción que suponga el cierre de una web», afirmó el político, que considera que la tutela del juez de la Audiencia Nacional fijada por la LES no garantiza los derechos constitucionales.
Por su parte, Izquierda Unida ya ha expresado a los blogueros su radical oposición a la disposición de la LES y UPyD pedirá abrir un periodo de reflexión, según Sanz.
Aunque el Gobierno no desvelará el texto definitivo de la disposición hasta el próximo martes, cuando llegue al Congreso, fuentes gubernamentales avanzaron a EL MUNDO que en la redacción del documento aprobado ayer «no se han incluido cambios sustanciales, salgo algunas modificaciones técnicas» que no afectan a las líneas esenciales del texto aprobado el 8 de enero.
Es decir, se mantiene la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, una entidad administrativa que dependerá del Ministerio de Cultura y canalizará las denuncias de los ti.tulares de derechos de autor, así como la tutela de un juez de la Audiencia Nacional para el bloqueo de los contenidos ilícitos.
De esta forma, con el proyecto de ley el plazo máximo para decretar el cierre cautelar de una web podría quedarse en cuatro días.
Miles de firmantes del Manifiesto en defensa de tos derechos fundamentales en internet creen que el Gobierno se ha plegado al lobby de la cultura. Este grupo de activistas que el pasado diciembre organizó una movilización digital que obligó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a desdecir en público a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y prometer que «no se cerrará ninguna web», lamentaba ayer que Zapatero «mintiera para salir del paso», según señaló a este periódico el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. Pese a todo, los internautas seguirán con sus movilizaciones con el objetivo, esta vez, de frenar el proyecto de la LES en el Parlamento. Algunos de los 14 blogueros a los que González-Sinde recibió en Cultura el pasado año ya han mantenido reuniones con grupos políticos y creen que la Cámara Baja frenará el proyecto, según el bloguero y director del grupo ADSL Zone, Javier Sanz.
El motín digital
Redes sociales y Twitter volvieron a encenderse contra la 'ley antidescargas' Webs de enlaces, como Series Yonakis.com, dejaron de dar servicio en protesta la asociación de consumidores Facuá lanzó ayer una campaña con el lema "Si es legal, es legal" .
El portavoz de Cultura del PP, José María Lassalle avanzó ayer a este periódico que su grupo presentará una enmienda a la totalidad de la disposición. «Exigiremos judidalizar el control sobre cualquier acción que suponga el cierre de una web», afirmó el político, que considera que la tutela del juez de la Audiencia Nacional fijada por la LES no garantiza los derechos constitucionales.
Por su parte, Izquierda Unida ya ha expresado a los blogueros su radical oposición a la disposición de la LES y UPyD pedirá abrir un periodo de reflexión, según Sanz.