Asociación de Internautas

Acelera. Ha jugado a ser el más precoz de la estrategia e-2010 de la UE. A la vista del título de novena potencia mundial en disponibilidad de gestiones digitales que le acaba de ratificar el informe 'EGoverment Readiness' de Naciones Unidas y del liderazgo comunitario en número de documentos de identidad electrónicos emitidos, le sabía a poco el horizonte de 2015 que se ha fijado Bruselas como línea roja para hacer exigible el derecho de los ciudadanos a realizar por medios electrónicos las gestiones con administraciones públicas del Estado. Por eso el ministro puso un ultimátum en vigor desde el 1 de enero de 2010. Prometía después ante Bruselas que durante este semestre de la presidencia europea España habría conseguido que el 100% de los trámites de la Administración General del Estado estén adaptados a la Ley y disponibles online. Pero tres años después de la entrada en vigor de la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos y tres meses después de la ‘hora de la verdad’ de su e-Administración, por primera vez, hasta Red.es -el ariete ministerial de su expansión digital- reconoce que el uso del e-DNI se les queda corto.

España es uno de los países punteros en producción y uso del software libre en la e-administración, junto con Brasil e India y ya hay un 96% de los trámites disponibles por vía telemática, pero del otro lado del espejo digital público, sólo un tercio de los españoles -15 millones- que tienen e-DNI o firma electrónica- podrían ser sus interlocutores y la ‘llave’ no tiene aún quien la use. No al menos de forma masiva: aunque habrá 19,5 millones de dni electrónicos en 2010, menos de un 20% de los internautas han iniciado gestiones y sólo un 3,4% las han acabado. Y en las Comunidades Autónomas y la Administración Local, los derechos de acceso electrónico no son aún de estricto y obligado cumplimiento, sino en función de sus disponibilidades presupuestarias.

La UE le recuerda que España tiene mucho que mejorar en la gestión de documentos privados ante la Administración electrónica y hasta Zapatero admite el retraso “lamentable” en Justicia. Las demoras de su Administración digital le han empezado a pasar ya más facturas que las de los recelos del sector: mientras la media del gasto burocrático en la UE es del 3,3% del PIB, para España es del 4,4% por el peso de las gestiones aún en papel. No era hasta enero cuando regulaba por real decreto la “interoperabilidad digital entre administraciones”. Y apenas ahora, dos años después del bautismo oficial de la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, el Consejo de Ministros se ha 'acordado' de aprobar un real decreto por el que se desarrolla la normativa de los registros electrónicos y se crea un registro estatal para garantizar el "papeleo" por internet y albergar los escritos y comunicaciones que presenten los ciudadanos.
El ministro Sebastián reparte ahora planes digitales y lectores de eDNI, de mercado en mercado. Hasta en Castellana 160 reconocen que tiene que lanzarse a buscar ciudadanos que quieran usar sus servicios telemáticos, todo con tal de intentar equipararse a los vecinos europeos, tres puntos porcentuales por encima de España, aunque sea a golpes comerciales. A la vista de la ‘timidez’ de la primera fase de su campaña -ésa que esperaba una avalancha de peticiones de 300.000 lectores a cambio de dos euros- acelera el segundo capítulo de su carrera para extender la eAdministración: Industria en colaboración con el sector privado distribuirá más de 200.000 paquetes informativos del eDNI (con un lector, el software y abundante información sobre sus utilidades y ventajas). Esta vez será gratis. Le dan cuerda al horizonte de un 33% de los ciudadanos que -según los cálculos del ministerio- tiene intención de utilizarlo.

Pero ni la inversión del Ministerio de 314 millones que destinó desde 2006 para la puesta en marcha del carnet electrónico, ni los planes de Red.es, la suma de 600.000 titulares en un año y la previsión del INE de alcanzar los 19 millones de titulares al final de 2010 pueden opacar que al DNI digital aún le falta quien lo use de forma masiva. Ha situado a España en la vanguardia mundial teórica en cuanto a firma digital -el país que tiene más instrumentos en uso- pero la práctica deja fuera de juego a los planes de Sebastián. Y es que dos de cada tres de los más de 24 millones de internautas que hay en España conocen las utilidades del nuevo documento de identidad y casi 15 millones lo tienen ya en sus manos, pero sólo el 40% de ellos -un 22% de los españoles- lo ha usado alguna vez y, según los datos del INE, en 2009 sólo un 3,4% de sus titulares había completado una gestión administrativa online con él. La orfandad del eDNI tiene mucho que ver con que sólo un 70% de los procedimientos, en el mejor de los casos y según estimaciones de la propia Administración central, sean efectivos en tiempo real Además, las previsiones de la Policía y la Guardia Civil apuntan a que el DNI tradicional se seguirá utilizando hasta 2017.

DESCONFIANZA Y FALTA DE OPERATIVIDAD

Lo que es peor -según el último estudio de Ocio Networks- el documento de identidad digital genera aún más desconfianza que el comercio electrónico: mientras más de la mitad de los usuarios se siente intranquilo utilizando su tarjeta de crédito para realizar transacciones a través de Internet, dos de cada tres aparcan al dni electrónico en el cajón de las sospechas. Para la mayoría de los expertos reunidos por la patronal Asimelec en el III Congreso de Identidad Digital, es necesario incorporar los drivers de los lectores en el sistema operativo, reducir el número de dígitos del PIN y obligar a los fabricantes de hardware a integrar el lector en sus máquinas -al igual que se hace con el teclado en español-. Y ayudaría la introducción de capas de software y el libre acceso a datos como la fecha de nacimiento y que se llegara a la integración del DNI y los certificados de atributos tanto como fomentar su utilización en las administraciones central, autonómica y local y facilitar a facilitar a los usuarios, de forma gratuita, software que facilite la interacción con el eDNI. Es, además, el sector tecnológico el primero en advertirle que los recelos aún son mayores entre las empresas: en el ámbito laboral, siguen predominando en lugar del DNI-e los certificados de firma emitidos por empresas de servicios de certificación. Y -como resaltan las conclusiones del Congreso de Asimelec- las iniciativas legales para obligar a las empresas a facturar de forma electrónica con el sector público no son eficaces, al no actuar el Ministerio de Economía y Hacienda con la diligencia debida.

Se lo advierte Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, con las mismas luces rojas que le ha encendido desde la puesta en marcha de sus campañas pro- dni en 206. “Los ciudadanos siguen utilizando la firma digital porque no hay conciencia difundida del uso del e-DNI, su uso deja mucho que desear”. No es la Comisión de Libertades Informáticas la única que le saca los colores a un proyecto que "se creó casi a escondidas, sin debate social ni parlamentario", que es aún "un gran desconocido entre la opinión pública y las entidades jurídicas” y al que ahora Industria tiene que darle cuerda con otros 14 millones de euros en una campaña que “no va acompañada de un reglamento de seguridad jurídica adecuado”. Hasta la propia infraestructura de la administración electrónica lo reconoce, a la vista de los resultados de sus últimas campañas digitales: durante la última Declaración de la Renta se registraron más de un millón y medio vía internet pero mediante la firma electrónica y no con el DNI-e.

El programa ‘Registro Civil en Línea’, impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de red.es, y el Ministerio de Justicia, y cofinanciado con fondos FEDER, ya ha digitalizado todos los registros civiles municipales del país, lo que supone que 110.210 tomos manuscritos y 68.197.976 páginas ya se encuentran en formato digital, accesibles no sólo a otros organismos públicos, desde la Seguridad Social a la Dirección General de la Policía o la Agencia Tributaria -con la autorización del ciudadano-. El próximo paso en este programa es la digitalización del Registro Civil Central y sus más de 10.500 tomos, el último escalón antes del desarrollo del nuevo Registro Civil de Servicios. Será, al menos en el primer momento, sin la ‘llave’ del DNI electrónico. Industria ha preferido adelantarlo por la derecha y dejar el acceso electrónico a mano a través de un número de acreditación, por los atajos de una firma digital personal.

DE ESPALDAS A LAS VENTAJAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS

Se lo acaba de recordar la patronal tecnológica AETIC (Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones), con la expectativa -ya frustrada- de que incluyera sus sugerencias entre las iniciativas TIC del Plan de Acuerdo de Zurbano: necesita establecer plazos concretos para la implantación de soluciones TIC en Sanidad, Dependencia, Educación, Seguridad y Justicia. “Casi todo está aún por hacer”, aunque la E-administración haya adaptado a formato digital más del 90% de sus procedimientos (según Presidencia) y la Conferencia de Alto Nivel sobre E-Health en Barcelona haya sido la evidencia de que las empresas españolas como Indra, Telefónica, Everis o Oesía lideran la digitalización sanitaria: un 98% de los centros de salud ya tienen la historia clínica de cada paciente digitalizada.

Pero sobre todo, Moncloa tendrá que establecer un Plan global de Administración Electrónica, para hacer realidad que en 2102 tanto la administración central como las CCAA tengan automatizados todos sus procesos. A pesar de las ventajas históricas de España (un modelo ya centralizado con un único documento de identidad) y de que las empresas españolas se han colocado a la avanzadilla de los modelos de dni electrónico -los exportarán a los cinco continentes-, en Castellana 160 se lanzan a buscar ciudadanos que quieran usar sus servicios telemáticos. La AETIC le presta su diagnóstico: no sólo tendrá que impulsar la implantación masiva hasta que todos los españoles dispongan de un carnet de identidad electrónico con el que acceder a los 20 servicios públicos básicos establecidos en la estrategia e-Europe 2005, sino mejorar la accesibilidad, hoy complicada. Ya hay desarrollos tic españoles que la facilitan y que, si quisiera, el ministerio podría incluir en la implementación de su plan.

Pero ni las demoras en inversión tecnológica tras los propios muros de la administración, ni sus retrasos en los indicadores electrónicos ayudan a los calendarios de Miguel Sebastián. Aunque la nueva ley obliga a las Administraciones a tener “quioscos físicos de atención digital” en todas las dependencias todavía la mitad de los centros de la administración autonómica no dispone de banda ancha y en los municipios de 1.000 a 10.000 habitantes, sólo el 76% tiene acceso a ella, frente al 92% de las empresas que se conecta mediante banda ancha, situando a España en la primera posición del ranking de la UE-27.La radiografía del último Informe de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica revela que los últimos años la partida TIC se mantiene estable en el 3,5% del presupuesto de la Administración General del Estado (es ya un 10% del sector tecnológico global en España), mientras que en las administraciones locales el aumento ha seguido un ritmo más elevado con un incremento del 23% entre los años 2005 y 2007. Todas las administraciones están realizando un esfuerzo en informatizar los puestos de trabajo, hay 80 ordenadores por cada 100 empleados públicos, el doble que ocho años atrás, pero el número de ordenadores personales de las administraciones del Estado y Local crece con una tasa inferior a la del informe anterior y sólo hay 46 ordenadores con acceso a internet/intranet por cada 100 empleados en la administración global.