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La Coordinadora Verde pide que se restablezca la legalidad comunitaria en Espa帽a en relaci贸n al canon digital

La Coordinadora Verde pide que se restablezca la legalidad comunitaria en Espa帽a en relaci贸n al canon digital


En relaci贸n a la publicaci贸n de las conclusiones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea sobre el caso SGAE, la Coordinadora Verde pide que Espa帽a cumpla con la legalidad de la Uni贸n Europea y modifique radicalmente su regulaci贸n sobre el canon digital, una tasa discriminatoria y dirigida a favorecer exclusivamente los intereses de las entidades de gesti贸n de derechos de autor en perjuicio del Estado, la industria y los usuarios.

El informe de la Abogada General detalla c贸mo un Estado puede perjudicar seriamente sus intereses en favor de unas estructuras de intereses privados y sin representaci贸n real, como la SGAE. Recordemos que la propia Ley de Propiedad Intelectual no detalla de manera directa, por imperativo de las entidades de gesti贸n, ni la cuant铆a del canon ni la identificaci贸n concreta de los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducci贸n digital a los que va a ir referido, sino que esas 聯concreciones聰 vendr谩n dadas, con car谩cter bienal, por un 聯acuerdo聰 que excluye a los usuarios y ciudadanos y del que son parte fundamental las entidades de gesti贸n.

Las conclusiones de la Abogada General son muy claras: el concepto de 芦compensaci贸n equitativa禄 que fundamenta el canon (seg煤n la Directiva 2001/29) es un concepto de Derecho comunitario y no es una v铆a de financiaci贸n arbitraria de entidades de gesti贸n ni puede distorsionar, en beneficio de unos pocos, la uniformidad regulatoria en la Uni贸n Europea. La aplicaci贸n indiscriminada del canon no es compatible con el Derecho comunitario y no cabe su recaudaci贸n cuando puede presumirse que equipos, aparatos y materiales no se utilicen para la realizaci贸n de copias privadas.

Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, se帽ala que 聯los jueces espa帽oles han detectado el uso abusivo de los derechos de propiedad intelectual para modificar nuestro sistema de garant铆as de derecho y est谩n reaccionando en la medida de sus posibilidades, como por ejemplo suscitando cuestiones prejudiciales como la presente.聰

A帽ade la coportavoz que 聯hasta el momento, el Gobierno y la SGAE han utilizado el canon digital para cobrar a los usuarios de forma indiscriminada. Ahora, el abuso de su posici贸n por parte de las entidades de gesti贸n ha adquirido relevancia comunitaria y el Estado espa帽ol ha quedado en evidencia en perjuicio de su industria cultural, el derecho a la cultura de sus ciudadanos y su propia legalidad.聰

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