Asociación de Internautas

Proclaman su "cruzada". El vicepresidente Joe Biden tiene ya su estrella de ‘sheriff’ de internet. Y quiere que brille con potestad global. Confiesa que buscan “escarmientos ejemplificadores” dentro y fuera de sus fronteras. Han empezado orquestar su ‘guerra preventiva’ a los contenidos ‘piratas’ y el P2P con el brazo de los jueces federales y las tenazas de la ICANN para clausurar dominios universales -de primer nivel, que están bajo jurisdicción americana-, no menos que con una campaña de ‘avisos’ para buscar acuerdos extrajudiciales en todo el mundo. Lo han conseguido con el cierre de una decena de webs, la clausura de Blogetery.com y los 73.000 blogs alojados con él. Y la promesa del US Copyright Group de que perseguirá a 150.000 proveedores, webmaster e internautas. Después de China y Rusia, España lidera otra vez los puntos de mira del Congreso, la Casa Blanca y los lobbies americanos. Ni Industria ni Cultura le han hecho los ‘ciberdeberes’ a Obama: no llega la Ley Sinde, ni lo hará antes de 2011. La doctrina de los tribunales, la Fiscalía General y la judicatura siguen defendiendo la legalidad del P2P sin ánimo de lucro -en contra de las advertencias del Congreso, la IPPA y la lista 301 de EE UU- y la presidencia española no sirvió para impulsar el Tratado de Comercio ACTA. Biden ni siquiera tendría que esperar para dedicar 'escarmientos' al sur de los Pirineos: 74 de las 200 webs de la ‘lista negra’ a perseguir por Industria y la Audiencia Nacional tras Ley Sinde residen en EE UU, bastaría con notificarlo a las autoridades norteamericanas, ávidas de escarmientos.

La impaciencia de Obama puede sintonizar con la de la industria española y las sociedades de gestión de derechos de autor, con la SGAE, la Coalición de Creadores y Promusicae en cabeza, ahora que sugieren una regulación ad hoc si la LES tarda más y cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería. Si la ‘Cruzada’ de Biden despacha alguna de esas 200 webs, les ahorraría tiempo y las denuncias ante la Comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional cuando entre en vigor la Ley, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P en España.

La RIAA, la IFPI y la mismísima Casa Blanca intentan que se diluyan las fronteras. Tienen sobre la mesa el último balance de la lucha ‘antipirata’ de la industria discográfica americana. Y ya saben que no les han salido ni siquiera las cuentas de la persecución: como adelantaba Recording Industry vs People, según la RIAA, que representa a las principales empresas del mercado musical norteamericano, durante el último ejercicio gastaron 16 millones de dólares para perseguir a los usuarios que descargan música protegida por derechos de autor, pero sólo consiguieron recuperar menos de 400.000 dólares, sobre todo con acuerdos extrajudiciales amistosos. La RIAA (la SGAE de Estados Unidos) ha hecho en los últimos 2 años 1,8 millones de amenazas a usuarios de la red de redes para que paguen si no quieren llegar a juicio y 269. 609 amenazas más a colegios y universidades. Pero el resultado ha sido casi cero. Nada que, ni la industria, ni el Ejecutivo estadounidense quieran soportar.
Bajo el impulso de Victoria Espinel (Coordinadora de Aplicación de la Propiedad Intelectual), pero sobre todo del vicepresidente Joe Biden, se ha iniciado desde hace dos meses una nueva campaña, a cuatro manos entre las autoridades federales y los principales lobbies de su industria nacional. “La piratería es como robar en un escaparate y llevarse lo que haya en él”, advertía Biden, en la puesta de largo con la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y el fiscal general, Eric Holder, de la nueva estrategia en los cinco continentes.

Biden prometía ejercer más presión sobre los gobiernos extranjeros para que cierren las páginas. No esperarán de brazos cruzados. Sus declaraciones coinciden con el anuncio por parte del US Copyright Group de que perseguirá a 150.000 internautas con demandas en los próximos meses en “legítima defensa”. Ya hay miles los usuarios que han recibido algún tipo de carta con amenazas de demanda si no cesan en sus intercambios de archivos. La administración norteamericana -advertía el propio Barack Obama- “esta empezando a usar todo el arsenal de herramientas disponibles” para combatir las prácticas que dañan el modelo de negocio audiovisual.

Por eso -aviso para navegantes- las autoridades federales de EE UU han iniciado una nueva táctica: el secuestro de facto de los dominios de las páginas de descargas. Una estrategia que les permitiría en la práctica, gracias al brazo de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) y de los tribunales federales llegar mucho más allá del mercado americano, si los dominios son de primer nivel (la jurisdiccion de aplicación para los dominios de primer nivel como .com, .org, .net, .tv .gov, es la de EE.UU) y si no se interponen las barreras diplomáticas. Como adelantaban Francisco George en el blog http://fgeorge.wordpress.com y Nacion Red, tras la ‘Operación in Our Sites’ dirigida por el Servicio de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE), en la que han bautizado como su “mayor operación contra la piratería”, el fiscal federal de Manhattan en conjunción con varios estudios de Hollywood ordenó el cierre de siete web que ofrecían acceso a películas y contenidos audiovisuales protegidos por derechos de autor. Entre ellas, seis publicaban enlaces a otros sitios donde podían visualizarse películas y programas de televisión y una almacenaba películas para descarga directa. De momento los dominios ‘secuestrados’ en la primera oleada, en la última semana de junio y la primera de julio, son TVShack.net (TodayNic), Movies-links.tv(DirectI), Filespump.com (DirectI), Now-movies.com (GoDaddy), PlanetMoviez.com (eNom), PirateCity.org (Active 24), zml.com (BIZCN) (-la más transitada según el fiscal con más de 860.000 usuarios mensuales directas de películas y otros contenidos), NinjaVideo.net (eNom) y NinjaThis.net (eNom). Las autoridades incautaron activos de 15 bancos, cuentas del servicio de comercio electrónico PayPal y de gestión de publicidad.

‘GUERRA PREVENTIVA’ A LAS DESCARGAS

Las autoridades estadounidenses han empezado a sobreactuar, para que sus esfuerzos se reflejen en los escaparates propios, pero sobre todo en los ajenos El servidor Blogetery.com, que alojaba más de 73.000 blogs, ha cesado su actividad, dejando tras de sí -como TorrentFreak publica- la huella de las presiones de las autoridades del país norteamericano para acabar con el intercambio de archivos. Toda una estrategia que, como en este caso, traspasa la presión a los proveedores: el cierre del servidor se produjo tras la petición de su proveedor, BurstNet, previa solicitud por parte de las autoridades estadounidenses “por alojar determinado material en su servidor”. Como en la anterior ronda de cierres, en lugar de cerrar los sitios acusados de contenido ilícito, decidieron retirar todo el servicio que los hospeda. Washington ha comenzado a enseñar la huella de la ICANN- el sistema que controla los dominios- tras su estrategia de presión. Y la industria discográfica estadounidense ha solicitado a una corte que congele los bienes de LimeWire y los de su fundador Mark Gorton. Ha empezado dentro y fuera de territorio norteamericano el trasvase a nombres de segundo nivel como .es o de cualquier país que acepte registros de países extranjeros. En particular, el .is (Islandia) ya que el parlamento islandés acaba de aprobar una ley que ofrece mayor protección. Y, bajo el amparo del Partido Pirata de Suecia llegará un nuevo ISP al país nórdico, que abogaría por defender el uso de los protocolos P2P, así como proteger el anonimato de sus clientes en Internet.

Por primera vez, EEUU está dispuesto a perseguir las descargas de contenido audiovisual ‘made in usa’ en el extranjero, incluso a hacerlo directamente, al menos con las que estén localizadas en su mercado, bajo su jurisdicción, o tengan dominios universales, si no consigue que los gobiernos extranjeros cierren, con sus presiones, por sí mismos las páginas que ya tiene en el punto de mira de una lista negra de la que España no ha dejado nunca de ocupar un lugar preferente. Biden enarbola 33 medidas bajo la intención confesa de “ejemplarizar” y “asegurar qeu se garantizan los derechos de sus producciones”, que van desde establecer grupos de trabajo -Embajadas incluidas- para vigilar y “concienciar”, hasta proveer a la Agencia de Protección de Aduanas de instrumentos para perseguir a las webs, sus servidores y proveedores, o directamente, bloquear las webs radicadas o controladas en el extranjero que infrinjan la propiedad intelectual de productos norteamericanos.

Un cambio de enfoque del gobierno federal aplaudido con entusiasmo por la Motion Picture Association of America, la Copyright Alliance, la Progress & Freedom Foundation, o la National Association of Manufacturers. La Administración Obama no ha mencionado abiertamente alguna web ilegal, pero un reciente informe de la Oficina de Comercio de EE UU menciona que la principal empresa de Internet china Baidu Inc, está relacionada con entre el 50 y el 75% de las descargas ilegales de música en China. En su lista de “infractores notorios” hay sitio para el sitio canadiense IsoHunt, el portal ucraniano Mp3Fiesta, el tracker sueco The Pirate Bay, el servidor de descargas directas Rapidshare y el portal luxemburgués RMX4U. Pero tras la prioridad pekinesa y moscovita, bajo la batuta de la oficina del Representante del Comercio de Estados Unidos (USTR) su ‘Cruzada’ apunta ya al Viejo Continente, con epicentro en Madrid, ahora que Gran Bretaña ya tiene en vigor desde el 8 de julio su Ley de Economía Digital. Solo en Europa se ha pasado en dos años de 150 sitios web de descargas ‘ilegales’ a más de 700, según el Observatorio Audiovisual Europeo.

El Congreso de EE UU en su informe Caucus Antipiratería Internacional no ha retirado a España de los países más ‘piratas’. El último informe anual de la Federación Internacional de la Industria Discográfica la situaba a la cabeza de la "piratería" musical en Europa con una caída de ventas del 17% en 2009 y el informe de IDC encargado por la Federación Antipiratería (FAP) destaca entre sus conclusiones que el valor absoluto de los contenidos pirateados supone exactamente el 83,7% del mercado legal digital. Tampoco han conseguido ni las negociaciones del ya ex Secretario de Estado Francisco Ros, ni las promesas de la ministra Sinde sobre la regulación a los contenidos online de la LES sacar a España de la Lista 301, que cada año redacta el Departamento de Comercio de los EE UU. Sigue ocupando un lugar ‘preferente’ en el grupo dos, bajo vigilancia junto a países como Kuwait, Líbano, Vietnam, Rumanía o Turkmenistán, un escalón por encima de de la lista prioritaria que pueblan Argentina, China, Rusia o Venezuela. Un informe de mayo del Congreso de EE UU advierte que la actual Administración “descriminaliza las descargas ilegales de contenidos”. Incluso “la Policía española se niega a tomar acciones en Internet” y sugieren aprobar "expeditivamente una legislación para localizar la piratería online, con acuerdos con los proveedores para hacer público quién descarga contenidos a través de P2P (como en Suecia) y endurecer la ley contra las violaciones de la propiedad intelectual”.

Ya el Departamento de Justicia ha hecho saber que el Fiscal General se ha reunido en las últimas semanas con representantes de la Administración, la Justicia y la industria de Latinoamérica y España para establecer compromisos comunes para blindar la propiedad intelectual. Washington esperaba contar para la ocasión, al menos, con la complicidad de Moncloa. Sinde, Sebastián, Caamaño e incluso Moncloa trataron de sincronizar las expectativas de la regulación de los contenidos online de la LES con los ultimatums de Obama. Esperaban apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete. Ahora, ni lo uno ni lo otro. No, al menos a tiempo para la campaña de persecución internacional a webs de descarga o enlaces a contenidos con copyright a la que se han lanzado la Casa Blanca, la industria audiovisual americana y sus tribunales federales. No es casualidad que una de las derivadas de su ‘Cruzada’ dispare contra BitTorrent, a la que la Coalición de Creadores señalaba como uno de los modelos más afectados si se cerraban las 200 webs bajo sospecha en España. Menos casualidad aún que sea en España, donde sigue adelante la batalla de la industria musical contra los ‘trackers’ o rastreadores de BitTorrent.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) (que agrupa a las mayores asociaciones de discográficas como la RIAA de Estados Unidos o Promusicae de España) le ha declarado la guerra a OpenBitTorrent y está amenazando al tracker por alojarse en España, en los servidores de SoloGigabit. Poco le importa al organismo internacional de la industria discográfica -que ha remitido una carta amenazadora- que OpenBitTorrent por sí mismo no aloja contenidos protegidos (No enlaza ficheros torrent que lo utilizan, sólo da el soporte para conectar a los usuarios). Por el momento según TorrentFreak el propietario de la empresa de hosting, para evitarse problemas y pese a las dudas iniciales sobre qué hacer, ha instado a OpenBitTorrent a cambiar de empresa a finales de mes. Y el tracker puede seguir con su mudanza para alojarse en otro proveedor de hosting.
Si el viaje oficial a EE UU de González- Sinde en mayo buscaba distender el enfrentamiento con el lobby cultural americano, superar la permanencia de España en el grupo de países ‘piratas’ bajo vigilancia en la Lista 301 y pasar la página a los recelos que el vicepresidente Joe Biden dejó durante su viaje a España en febrero, la ministra ha conseguido todo lo contrario. Sinde defiende ahora que “el consumo ilegal de material audiovisual en España se debe a la falta de películas disponibles en el mercado".

Sólo que lo hace, además, como argumento de respuesta ante la nueva denuncia de la industria audiovisual norteamericana, la patronal del cine y la agencia de comercio del Gobierno Federal. España es “uno de los peores infractores de derechos de propiedad intelectual”, replicaba al día siguiente de su encuentro el presidente de la Asociación Cinematográfica de EE UU. Ha reavivado las heridas de gigantes como Sony Entertainment, que se han llegado a plantear la viabilidad del mercado de los DVDs en España.

UN TERCIO DE LA ‘LISTA NEGRA’ DE SINDE, EN LATITUDES AMERICANAS

Lo que antes parecía un inconveniente para los planes de la Coalición de Creadores y la SGAE y su ‘menú’ para la jurisdicción de la Audiencia Nacional, ahora se puede convertir en una ventaja: 74 de las 200 webs de la ‘lista negra’ elaborada en su momento por la Coalición, enviada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y admitida por Sinde como borrador para la Comisión de Propiedad Intelectual están alojadas en EE UU. Y, desde hace poco más de un mes, mucho más cerca, a un tiro de piedra de la campaña de ‘cerrojazos’ a dominios universales y a servidores y dominios nacionales desde Washington. Bastaría con que, desde las sociedades de gestión españolas comunicaran a la justicia de EE.UU su identidad, para que Washington pudiera comenzar el acoso judicial de facto, o al menos, poner de nuevo en un compromiso a Sebastián y a Sinde. Por esas 200 webs pasaba, según las sociedades, la llave para acabar con hasta un 70% de la ‘piratería’ en contenidos online. Al fin y al cabo, la Coalición de Autores e Industrias de Contenidos, en su informe Parasite's Business, atribuía a cada una de estas 200 páginas gana una media de 1,5 millones de euros al año gracias a la publicidad y la cesión a terceras empresas de la dirección electrónica de los usuarios registrados. Una cifra desproporcionada según los webmasters y los abogados de las demandas españolas contra webs de enlaces e intercambio de archivos peer to peer, que en la casi totalidad de los casos han terminado en la absolución de los imputados: la ley española considera que sin ánimo de lucro, no existe delito.

Moncloa calla. Los representantes españoles volvieron en silencio el 1 de julio de la Cumbre de Lucerna (Suiza), en la que la UE, EE UU, Australia, Japón y Canadá, entre una cuarentena de países han ultimado la novena y última ronda de las negociaciones del acuerdo por la lucha contra la falsificación, el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). No hay noticias oficiales, sólo filtraciones sobre un acuerdo que se negocia desde hace más de dos años entre una veintena de países industrializados bajo el paraguas de la OMC. Pero la industria de internet y la asociación de grandes telecos europeas -ETNO- han encendido todas las luces rojas. Si las propuestas que sólo esperan la concreción de los países ponentes se consuman -lo advierten ya los 1.700 proveedores de servicios en la red de EuroISPA- el acuerdo para “sabotear la piratería” implicará la desconexión de quienes descarguen repetidamente material con derechos de autor sin permiso y nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de Internet y las operadoras de telecomunicaciones sobre el contenido que distribuyen, como el filtrado de contenido.

Pero además, por primera vez, abre la puerta a sanciones penales por infracción de derechos de autor y exige una colaboración obligada entre operadores y titulares de los derechos de autor, para que los proveedores estén obligados a revelar la identidad de un abonado al titular de los derechos vulnerados, previa solicitud de las autoridades judiciales. Ya en países como Irlanda los operadores han cedido a sus presiones y son quienes contactan con sus clientes para avisarles que se podría llegar a desconectarles si comparten archivos a través de redes P2P desde sus conexiones. La sanción penal por el intercambio de archivos no está necesariamente ligada a un intercambio comercial o el lucro, el ACTA podría castigar a los usuarios de P2P por el simple hecho de serlo en función de lucro cesante y daños patrimoniales colaterales. Ya en varios países de Latinoamérica, donde EE UU sostiene acuerdos de comercio bilaterales y multilaterales en vigor -como el DR-CAFTA con RD- las autoridades locales sellan compromisos de coordinación en la persecución de abusos a derechos de autor, algunos de ellos, con el padrinazgo y la presencia de asesores de las sociedades españolas de derechos de autor.

ULTIMATUMS A SINDE Y SEBASTIÁN Y PLANES ‘C’ DE LA INDUSTRIA

González-Sinde sólo espera. Sinde ya reconoce que la regulación de los contenidos online recogida en la disposición adicional segunda de la LES no se someterá a votación como pronto hasta mediados de septiembre. Será muy difícil que entre en vigor durante el próximo año. Más aún, en Cultura empiezan a sospechar que cuando la Ley de Economía Sostenible vea la luz lo hará ante los recelos de la industria de contenidos -que no adelantará su web y ha enfriado el ‘idilio’ con la ministra-, ante los informes de Fedea -que advierten de que será ineficaz y hasta contraproducente para la industria- y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son también los que más contenidos audiovisuales consumen.

Entre las entidades de gestión de derechos de autor, descuentan además que, cuando llegue la LES -no antes de un año-, el procedimiento completo para regular las descargas de internet, lo hará sin incluir la persecución del intercambio de archivos a través del sistema P2P y de sus usuarios, centrándose sólo en las páginas web que ofrecen contenido protegido sin el permiso de sus autores. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde la facilidad para neutralizar el cierre cautelar de una web: bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar. Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigot la LES, no sólo se plantearán a Google, con la intención de desafiar a la administración, sino que tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros.

Hasta la industria sospecha de su ‘ineficiencia’: hasta ahora la Coalición exigía que, si en un año de aplicación de la LES no se reducía el 70% de la ‘piratería’, los cortes lleguen también a los usuarios. Pero si la LES se retrasa, no esperarán a su ultimátum. Si la aprobación de la propuesta del ‘documento Gallo’ en el Europarlamento les abre la puerta en septiembre, se aferrarán a los antecedentes de la Ley Ipred en Suecia, la Hadopi en Francia o la Digital Economy Act en Reino Unido, para intentar que prosperen los cortes a usuarios. No les disuaden los antecedentes galos, donde tras un año en vigor, la Ley Hadopi no ha tenido ningún efecto, no se ha enviado ni una sola advertencia a los usuarios de P2P e incluso podría haber conllevado un aumento del uso de servicios de streaming y de descarga directa, según algunos estudios.

La industria española comienza a presionar a Industria tanto como a Cultura con un nuevo menú de ‘planes B’. La SGAE culpa al “aumento de ancho de banda y del número de internautas” del descenso de las audiencias televisivas y alerta en su Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2010, de la caída de los ingresos por venta y alquiler de vídeo -hasta ahora la joya del sector- un 37% en un año y un 70% desde 2004 y de la facturación de la industria de videojuegos un 16%. Pero además, por primera vez, los informes de la industria audiovisual no sólo le ponen cifras a los argumentos de sus pérdidas por las descargas y el intercambio de archivos, sino que han empezado a tasarle a la Administración Central sus propios retrasos. Sólo con la “piratería” en el sector del vídeo, según la Asociación Española de Empresas de Vídeo (AEVIDEO), las arcas del Gobierno “pierden 500 millones de euros al año, que tendrían que haber percibido por el IRPF de los trabajadores, impuestos de sociedades de las empresas e impuestos de seguridad social”.

Sus expectativas se han irritado aún más desde el ultimátum del director del I Seminario Ortega y Gasset sobre la industria audiovisual, José María Otero: si se va a retrasar mucho más la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, exigen que esas medidas ‘anti-piratería’ se pasen a un "texto normativo independiente que se promulgue de manera urgente". Según sus calendarios y las conclusiones del estudio sobre la industria audiovisual, -“El cine en internet”-, la normativa debía haberse desarrollado ya hace tres años, cuando la Comisión Europea denunció las graves consecuencias de este fenómeno sobre las pequeñas y medianas empresas, que el informe cifra en pérdidas para el cine de 32.000 millones de euros en la UE en 2013. El ‘precio’ de sus retrasos se lo cuantifica de nuevo -aunque sea con un informe controvertido, por cierto de la consultora norteamericana IDC- la Coalición de Creadores: Si la medida tarda tres meses más en aprobarse, se traducirá, al menos, en 2.560 millones de pérdidas, según la tendencia que apunta el Primer Observatorio de ‘piratería’ encargado por la Coalición de Creadores, que establecía una tasa de contenidos ‘piratas’ en España del 76 %.

Entretanto, la industria audiovisual intentará, primero, hacerse hueco en la intensidad de los internautas españoles y su consumo de contenidos, al fin y al cabo los segundos más activos del mundo en el último año. Las propias cifras de la Coalición prevén –a la luz de su Primer Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales -que más de un 50% de los internautas estaría dispuesto a pagar por contenidos online, lo que supondría unos ingresos para el Estado superiores a los 1.400 millones de euros por IVA e Impuestos de Sociedades sólo en un ejercicio. Por eso el propio PSOE exige ahora al Gobierno un plan de impulso al sector de contenidos digitales “liderado desde el Gobierno, pero que cuente con la participación de empresas, creadores y otras instituciones, con la cooperación de diversos actores”. Un programa que -en palabras de la portavoz socialista en materia de Sociedad de la Información, Lourdes Muñoz, podría impulsar un proceso similar al del Plan Avanza. Y, como él, podría dejar su ‘volante’ en manos del ministerio de Industria, lejos otra vez de Angeles González-Sinde. Y hacerle un sitio preferente, -si es necesario para calmar los recelos de Biden, el US Trade Council y el Congreso estadounidense-, a la industria audiovisual norteamericana.