Sinde y su Waterloo
Sinde y su Waterloo
El varapalo que se ha llevado el Gobierno en la votación que pretendía poner fin en el Congreso al tortuoso recorrido de la mal llamada ley Sinde es de los que dejan señales. Para la titular de Cultura y autora del desafuero ha sido su Waterloo.
El lobby cultural, con la colaboración de Ángeles González Sinde, a la que pusieron allí en sustitución del culto e independiente César Antonio Molina porque no se plegaba a sus indicaciones, ha pretendido hacer con las descargas en Internet lo que hace años consiguió con las entidades de gestión de derechos de autor y hace menos con el canon digital: forrarse y esquilmar impunemente al consumidor, invocando falsamente el apoyo a la cultura. ¡Cultura, Cultura, cuántas tropelías se cometen en tu nombre!
Que la propiedad intelectual merece protección dentro y fuera de Internet es algo que ni los más radicales niegan o ponen en cuestión. Pero otra cosa es que las multinacionales norteamericanas del entretenimiento, con la Administración estadounidense como fuerza de choque (papeles Wikileaks), a las que acompañan en España quienes las representan, pretendan que se puedan clausurar páginas web solo con una ley y una opaca Comisión Administrativa del Ministerio de Cultura, en la que a los jueces de la Audiencia Nacional únicamente les permite decidir en cuatro días si se cierra la web acusada por la Comisión, pero sin poder entrar en el fondo de la cuestión.
La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) pide a voces una reforma completa, pero el lobby cultural se opone con fuerza porque sabe que la revisión acabará con sus privilegios de la era analógica. Colocar dentro del cajón de sastre del Proyecto de Ley de Economía Sostenible una disposición adicional que pone cerrojos en Internet, en lugar de abordar el asunto en una reforma a fondo de la LPI, es un error de bulto y una nueva demostración de soberbia de las agresivas entidades de gestión, con las desprestigiadas SGAE y Aisge a la cabeza. La clave no está en frenar el intercambio de archivos, sino en encontrar cuál es la vía de remuneración de los autores en la era digital. Un Internet en el que quepan conductas delictivas no tiene defensa, pero tampoco otro en el que los Estados y sus Administraciones impongan a su antojo la censura en la Red, sin definición de los supuestos perseguibles, graduación de las sanciones y tutela judicial efectiva. Esto es lo que quiere llevarse por delante la ley Sinde. Convendría que el Gobierno meditase y optase por modificar en profundidad toda la Ley de Propiedad Intelectual.
Tribuna de Jorge del Corral en la Voz de Galicia
Que la propiedad intelectual merece protección dentro y fuera de Internet es algo que ni los más radicales niegan o ponen en cuestión. Pero otra cosa es que las multinacionales norteamericanas del entretenimiento, con la Administración estadounidense como fuerza de choque (papeles Wikileaks), a las que acompañan en España quienes las representan, pretendan que se puedan clausurar páginas web solo con una ley y una opaca Comisión Administrativa del Ministerio de Cultura, en la que a los jueces de la Audiencia Nacional únicamente les permite decidir en cuatro días si se cierra la web acusada por la Comisión, pero sin poder entrar en el fondo de la cuestión.
La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) pide a voces una reforma completa, pero el lobby cultural se opone con fuerza porque sabe que la revisión acabará con sus privilegios de la era analógica. Colocar dentro del cajón de sastre del Proyecto de Ley de Economía Sostenible una disposición adicional que pone cerrojos en Internet, en lugar de abordar el asunto en una reforma a fondo de la LPI, es un error de bulto y una nueva demostración de soberbia de las agresivas entidades de gestión, con las desprestigiadas SGAE y Aisge a la cabeza. La clave no está en frenar el intercambio de archivos, sino en encontrar cuál es la vía de remuneración de los autores en la era digital. Un Internet en el que quepan conductas delictivas no tiene defensa, pero tampoco otro en el que los Estados y sus Administraciones impongan a su antojo la censura en la Red, sin definición de los supuestos perseguibles, graduación de las sanciones y tutela judicial efectiva. Esto es lo que quiere llevarse por delante la ley Sinde. Convendría que el Gobierno meditase y optase por modificar en profundidad toda la Ley de Propiedad Intelectual.
Tribuna de Jorge del Corral en la Voz de Galicia