El precario engranaje laboral de las TIC
El precario engranaje laboral de las TIC
Bajada de salarios en las nóminas, empeoramiento de condiciones laborales y aumento de la conflictividad en las empresas. Esta dura realidad ha irrumpido durante el año 2012 en el sector de Tecnologías de la Información de la mano de la crisis económica y la reforma laboral. Si los efectos de la primera ya se hicieron notar en años anteriores en el número de los despidos colectivos en las empresas del sector, este año han aumentado los trabajadores afectados por reducciones de salario colectivas.
Comfia - CCOO - Por otro lado, se ha reducido el número de personas afectadas por expedientes de reducción temporal de empleo (ERTES) y se ha abaratado el coste de los despidos colectivos. También se ha mantenido la reducción de los salarios en las escasas nuevas contrataciones.
El empleo continúa bajando de forma continuada, aunque no drástica. El número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) en las grandes empresas de ámbito estatal ha sido ocho, el mismo que el año anterior, afectando a unos 800 trabajadores. El número de ERTES y de trabajadores afectados se ha reducido, en cambio. Si en el año 2011 más de 4.000 trabajadores de grandes empresas estaban afectados por expedientes de reducción temporal de empleo, ese número se ha reducido a alrededor de 2.000 en el año 2012.
La nueva realidad es, por tanto, el aumento de los expedientes colectivos de reducción de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores en las grandes empresas del sector. En el año 2012 se han ejecutado seis expedientes de estas características, que han afectado a más de 10.000 trabajadores de esas empresas.
El siguiente cambio importante aportado por la reciente reforma laboral es el abaratamiento de los costes de despido de los trabajadores afectados por los ERE, debido a la facilidad de las empresas para aplicar el expediente de reducción de empleo incluso sin acuerdo con los representantes de los trabajadores. Aparejada a esta novedad se encuentra la siguiente: el aumento creciente de la conflictividad laboral. Aunque la práctica totalidad de los expedientes presentados en las empresas han finalizado con acuerdo con el sindicato refrendado por la plantilla, el endurecimiento de las condiciones y la bajada de los tiempos de negociación está teniendo un alto coste para ambas partes. Durante el año 2012 se han convocado huelgas y otros conflictos en numerosas empresas del sector donde tradicionalmente se daban como situaciones aisladas y puntuales.
La bajada de costes salariales y condiciones laborales que se está efectuando en el sector está encaminada a un cierto aumento de la competitividad de las empresas basado exclusivamente en la bajada de tarifas y costes, y a la caída de la inversión en formación e innovación y por tanto de la competitividad basada en la calidad y valor añadido de los servicios ofrecidos. Como concluía el informe que COMFIA-CCOO preparó junto con Accenture en el año 2009, el futuro del sector en España pasa por seguir desarrollando la competitividad basada en la innovación y la calidad aprovechando la brecha de costes con países más avanzados, porque exclusivamente en costes no podremos rivalizar con los países emergentes. La crisis económica, la caída de demanda de los mayores clientes como son la banca y las Administraciones Públicas y la reciente reforma laboral están forzando un modelo de competitividad para el sector de las Tecnologías de la Información en España que no es sostenible en el medio plazo.
No obstante, la situación laboral en las empresas es muy variada, ya que se trata de un sector con un amplio grado de diversidad, donde conviven desde multinacionales con centros de trabajo en todas las grandes ciudades, hasta cientos de pequeñas empresas solo activas en una zona o cliente. Las condiciones laborales y salariales difieren en las grandes empresas, que optan a proyectos importantes en los principales clientes del sector, y en las pequeñas dedicadas en general a la subcontratación de profesionales a las primeras, lo que se ha dado en llamar body shopping. A pesar de esta diversidad, hasta ahora las empresas del sector han podido contar con un marco normativo común de regulación de las relaciones laborales, el Convenio Colectivo Sectorial de Planificación y Consultoría, que regula las condiciones laborales y las tablas salariales de todo el sector.
Esta regulación común de ámbito estatal se encuentra en alto riesgo de desaparecer en julio de 2013, también debido a la reciente reforma laboral, que establece que los convenios colectivos expiran de forma definitiva si no se renuevan en el plazo de un año, al acabar su ultractividad. Que esto ocurra significa que, a partir del mes de julio, las empresas del sector podrán contratar a trabajadores con las condiciones mínimas que establece el Estatuto de los Trabajadores. El riesgo de precarización del sector y la competencia agresiva basada exclusivamente en la reducción de costes nos pueden lleva a ver a programadores contratados a cambio del salario mínimo interprofesional.
La desaparición de este marco común de regulación tendrá un impacto durísimo sobre las condiciones de los trabajadores del sector, ya que es allí donde se regulan aspectos como los sueldos mínimos para las distintas categorías profesionales, las dietas, el número de horas de trabajo, los complementos a las bajas médicas por incapacidad temporal, etc. y podría acabar en una precarización de la profesión que afectará negativamente a la calidad del trabajo en las empresas del sector.
La desaparición del convenio colectivo tendrá también efectos importantes sobre la capacidad para competir de las empresas del sector que sigan apostando por la innovación y por el desarrollo de productos y servicios de calidad para el mercado local o internacional. Existe el riesgo de comenzar una guerra de precios entre empresas que, además de las consecuencias empresariales, acabe con el empleo de calidad del sector y provoque la fuga de miles de trabajadores cualificados. Desde el punto de vista de las relaciones laborales, la pérdida del marco legislativo común del sector supondría también un problema de gestión para las empresas, y abriría un nuevo campo de conflictividad y judicialización para la defensa de las antiguas condiciones laborales.
Resulta evidente que la desaparición de un convenio colectivo sectorial afecta negativamente tanto a los trabajadores como a las empresas del sector, y se debe llegar a un acuerdo entre sindicatos y patronal para mantener este convenio. Desde nuestro punto de vista, desde la patronal AEC se debe extremar el esfuerzo para aplicar una perspectiva global del sector, todavía excesivamente atomizada desde los puntos de vista de cada una de las grandes empresas.
Desde CCOO creemos que el sector de las Tecnologías de la Información en España puede y debe consolidar su competitividad, y creemos que, adicionalmente a los ajustes circunstanciales necesarios, esto solo es posible garantizando unos mínimos para las condiciones laborales y salariales que permitan la realización de servicios de valor añadido. Creemos que para ser efectivo, este marco regulatorio debe ser revisado y adaptado a las circunstancias actuales, por ejemplo regulando de forma más práctica y ajustada a la realidad las necesidades de las empresas, y definiendo la aplicación de ciertos cambios de la reforma laboral en el sector. A la vez, este marco regulatorio debe garantizar el empleo de calidad en el sector con una clara definición de la carrera profesional y de la movilidad funcional dentro de la profesión, contribuyendo a unos servicios competitivos y de calidad.
El empleo continúa bajando de forma continuada, aunque no drástica. El número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) en las grandes empresas de ámbito estatal ha sido ocho, el mismo que el año anterior, afectando a unos 800 trabajadores. El número de ERTES y de trabajadores afectados se ha reducido, en cambio. Si en el año 2011 más de 4.000 trabajadores de grandes empresas estaban afectados por expedientes de reducción temporal de empleo, ese número se ha reducido a alrededor de 2.000 en el año 2012.
La nueva realidad es, por tanto, el aumento de los expedientes colectivos de reducción de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores en las grandes empresas del sector. En el año 2012 se han ejecutado seis expedientes de estas características, que han afectado a más de 10.000 trabajadores de esas empresas.
El siguiente cambio importante aportado por la reciente reforma laboral es el abaratamiento de los costes de despido de los trabajadores afectados por los ERE, debido a la facilidad de las empresas para aplicar el expediente de reducción de empleo incluso sin acuerdo con los representantes de los trabajadores. Aparejada a esta novedad se encuentra la siguiente: el aumento creciente de la conflictividad laboral. Aunque la práctica totalidad de los expedientes presentados en las empresas han finalizado con acuerdo con el sindicato refrendado por la plantilla, el endurecimiento de las condiciones y la bajada de los tiempos de negociación está teniendo un alto coste para ambas partes. Durante el año 2012 se han convocado huelgas y otros conflictos en numerosas empresas del sector donde tradicionalmente se daban como situaciones aisladas y puntuales.
La bajada de costes salariales y condiciones laborales que se está efectuando en el sector está encaminada a un cierto aumento de la competitividad de las empresas basado exclusivamente en la bajada de tarifas y costes, y a la caída de la inversión en formación e innovación y por tanto de la competitividad basada en la calidad y valor añadido de los servicios ofrecidos. Como concluía el informe que COMFIA-CCOO preparó junto con Accenture en el año 2009, el futuro del sector en España pasa por seguir desarrollando la competitividad basada en la innovación y la calidad aprovechando la brecha de costes con países más avanzados, porque exclusivamente en costes no podremos rivalizar con los países emergentes. La crisis económica, la caída de demanda de los mayores clientes como son la banca y las Administraciones Públicas y la reciente reforma laboral están forzando un modelo de competitividad para el sector de las Tecnologías de la Información en España que no es sostenible en el medio plazo.
No obstante, la situación laboral en las empresas es muy variada, ya que se trata de un sector con un amplio grado de diversidad, donde conviven desde multinacionales con centros de trabajo en todas las grandes ciudades, hasta cientos de pequeñas empresas solo activas en una zona o cliente. Las condiciones laborales y salariales difieren en las grandes empresas, que optan a proyectos importantes en los principales clientes del sector, y en las pequeñas dedicadas en general a la subcontratación de profesionales a las primeras, lo que se ha dado en llamar body shopping. A pesar de esta diversidad, hasta ahora las empresas del sector han podido contar con un marco normativo común de regulación de las relaciones laborales, el Convenio Colectivo Sectorial de Planificación y Consultoría, que regula las condiciones laborales y las tablas salariales de todo el sector.
Esta regulación común de ámbito estatal se encuentra en alto riesgo de desaparecer en julio de 2013, también debido a la reciente reforma laboral, que establece que los convenios colectivos expiran de forma definitiva si no se renuevan en el plazo de un año, al acabar su ultractividad. Que esto ocurra significa que, a partir del mes de julio, las empresas del sector podrán contratar a trabajadores con las condiciones mínimas que establece el Estatuto de los Trabajadores. El riesgo de precarización del sector y la competencia agresiva basada exclusivamente en la reducción de costes nos pueden lleva a ver a programadores contratados a cambio del salario mínimo interprofesional.
La desaparición de este marco común de regulación tendrá un impacto durísimo sobre las condiciones de los trabajadores del sector, ya que es allí donde se regulan aspectos como los sueldos mínimos para las distintas categorías profesionales, las dietas, el número de horas de trabajo, los complementos a las bajas médicas por incapacidad temporal, etc. y podría acabar en una precarización de la profesión que afectará negativamente a la calidad del trabajo en las empresas del sector.
La desaparición del convenio colectivo tendrá también efectos importantes sobre la capacidad para competir de las empresas del sector que sigan apostando por la innovación y por el desarrollo de productos y servicios de calidad para el mercado local o internacional. Existe el riesgo de comenzar una guerra de precios entre empresas que, además de las consecuencias empresariales, acabe con el empleo de calidad del sector y provoque la fuga de miles de trabajadores cualificados. Desde el punto de vista de las relaciones laborales, la pérdida del marco legislativo común del sector supondría también un problema de gestión para las empresas, y abriría un nuevo campo de conflictividad y judicialización para la defensa de las antiguas condiciones laborales.
Resulta evidente que la desaparición de un convenio colectivo sectorial afecta negativamente tanto a los trabajadores como a las empresas del sector, y se debe llegar a un acuerdo entre sindicatos y patronal para mantener este convenio. Desde nuestro punto de vista, desde la patronal AEC se debe extremar el esfuerzo para aplicar una perspectiva global del sector, todavía excesivamente atomizada desde los puntos de vista de cada una de las grandes empresas.
Desde CCOO creemos que el sector de las Tecnologías de la Información en España puede y debe consolidar su competitividad, y creemos que, adicionalmente a los ajustes circunstanciales necesarios, esto solo es posible garantizando unos mínimos para las condiciones laborales y salariales que permitan la realización de servicios de valor añadido. Creemos que para ser efectivo, este marco regulatorio debe ser revisado y adaptado a las circunstancias actuales, por ejemplo regulando de forma más práctica y ajustada a la realidad las necesidades de las empresas, y definiendo la aplicación de ciertos cambios de la reforma laboral en el sector. A la vez, este marco regulatorio debe garantizar el empleo de calidad en el sector con una clara definición de la carrera profesional y de la movilidad funcional dentro de la profesión, contribuyendo a unos servicios competitivos y de calidad.