Gallardón propone 6 años de prisión para los propietarios de webs de enlaces
Gracias al trabajo del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, tenemos acceso al anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modificarÃa nuestro Código Penal. Y en lo relativo a los delitos contra la propiedad intelectual, en especial en lo que se refiere al apartado de webs de enlaces, la propuesta del Ministerio de Justicia es, sinceramente, ridÃcula.
En un Estado de Derecho como España, la Constitución establece el marco jurÃdico de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos. En el polo opuesto del Derecho, se encontrarÃa el Código Penal, que establece las lÃneas rojas legales que nadie ha de sobrepasar, ya que en caso contrario será castigado. Son ambas configuraciones legales, en su justo equilibrio, las que garantizan la salud de una democracia.
Pero parece que el Código Penal de Gallardón tiende a ampliar alegremente las lÃneas rojas y las medidas punitivas, en especial en lo relativo a Internet en general, y a las webs de enlaces en particular. La actual redacción del anteproyecto, tal y como está ahora, establece una pena de prisión de 6 años para todo aquel que facilite el acceso de cualquier obra intelectual aún sin beneficio económico directo, criminalizando a los propietarios de las webs de enlaces, y también a los vendedores de dispositivos que permitan la elusión de protecciones tecnológicas.
¿Y por qué es ridÃcula esta medida? Porque además de criminalizar la red, y no entender su funcionamiento, ni proponer alternativas, se castigarÃa con más años de prisión a los dueños de webs de enlaces, que a una persona que obligue a un menor o a una persona incapaz a prostituirse (castigado con 5 años de prisión), o aquel que tenga pornografÃa infantil (también penado con cinco años).
Es decir, ser propietario de webs de enlaces comenzarÃa a ser considerado como un delito grave según el nuevo Código Penal de Gallardón. La actual redacción es tan absurda, que hasta chocarÃa con el procedimiento administrativo que proponÃa la Ley sobre la Propiedad Intelectual:
Un nuevo paso para criminalizar Internet y que deja en evidencia los intereses del Gobierno con el nuevo Código Penal de Gallardón. Un anteproyecto que de no ser modificado convertirá en delincuentes a todos aquellos que posean webs de enlaces.