La 'Ley Lassalle' se cobra m谩s v铆ctimas que beneficiados
El anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual del Gobierno aglutina el desacuerdo de todas las partes. Unos y otros denuncian que endurece las penas, criminaliza los enlaces y conduce a la ilegalidad a millones de ciudadanos.
T.L.M. Zoom News Pocos, muy pocos, parecen estar contentos con el anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), m谩s conocido como 'Ley Lassalle' (toma su nombre del apellido del actual Secretario de Estado de Cultura), aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo.
Y es que esta reforma concita las quejas y desacuerdos de los diferentes agentes implicados y afectados por la misma, desde las entidades de gesti贸n de derechos de autor a los internautas, dos colectivos que siempre se han visto como enemigos naturales pero que ahora, sin embargo, coinciden en criticar abiertamente este asunto. Tal y como ha dise帽ado el Ejecutivo, el anteproyecto, mediante el cual se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, pretende 聯reforzar la transparencia, el control y la vigilancia efectiva de las entidades de gesti贸n de derechos de propiedad intelectual por las Administraciones P煤blicas, mejorar la protecci贸n de los autores frente a las vulneraciones de sus derechos en Internet y revisar el concepto legal de copia privada聰, se帽ala el Ministerio de Educaci贸n, Cultura y Deporte con el ministro Jos茅 Ignacio Wert a la cabeza.
Sin duda, el esc谩ndalo que afect贸 seriamente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en 2011 y que se materializ贸 en la denominada Operaci贸n Saga, ha sido el desencadenante de esta decisi贸n del Gobierno de mirar con lupa la actuaci贸n de esta y otras entidades de gesti贸n de derechos de autor.
Por eso, este anteproyecto de reforma de la LPI recoge de forma detallada el cat谩logo de obligaciones de las sociedades de gesti贸n para con las Administraciones P煤blicas y respecto a sus asociados, con especial atenci贸n a aquellas relacionadas con la rendici贸n anual de cuentas.
Asimismo, establece un cuadro de infracciones y sanciones que permitan exigir a las entidades responsabilidades administrativas por el incumplimiento de sus obligaciones legales. Dichas sanciones estar谩n vinculadas a un porcentaje de la recaudaci贸n del a帽o anterior de la entidad de gesti贸n que variar谩 seg煤n sea la gravedad de la infracci贸n, pudiendo llegar hasta el 2 por ciento.
Como paso previo a la revocaci贸n de la licencia, que es la sanci贸n m谩s grave que se le puede poner a una entidad, se establece la posibilidad de que se intervenga la misma nombrando un gestor interino.
Finalmente, se somete a la aprobaci贸n del 贸rgano autorizante la facultad de crear fundaciones y, de forma especialmente justificada y excepcional, sociedades mercantiles destinadas a dar cumplimiento a sus obligaciones asistenciales, formativas y promocionales en favor de sus socios. Tambi茅n se modifica el r茅gimen de voto plural y se introducen nuevas obligaciones en relaci贸n con el establecimiento y publicaci贸n de las tarifas generales.
聯Precipitado y chapucero聰
Seg煤n Julia Altares, portavoz de la Junta Directiva de la SGAE, este anteproyecto es 聯precipitado, chapucero, injusto y discriminatorio聰 y presenta 聯numerosas contradicciones聰.
Altares apunta que la entidad que representa ha enviado al Ministerio de Educaci贸n, Cultura y Deporte sus alegaciones a este anteproyecto, un total de 200 folios en los que se analizan pormenorizadamente todos los detalles del mismo.
Por otra parte, la portavoz de la SGAE cuestiona la eficacia de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual. 聯Tras un a帽o de puesta en marcha, solo dos webs se han visto forzadas a retirar los contenidos ilegales que alojaban en sus p谩ginas聰, recuerda a帽adiendo, por otra parte, que las industrias creativas 聯aportan el 4 por ciento del PIB y m谩s de un mill贸n de trabajadores que se van incorporando al mercado laboral聰 y que a eso se le llama 聯defender la imagen de Espa帽a聰.
Respecto al tema de la copia privada, Altares lo tiene claro: 聯Nos asombra que sea adem谩s una Ley que atenta contra la libertad de los consumidores y que criminaliza cualquier acto de copia privada聰.
La SGAE, en la informaci贸n que facilita a sus socios, deja claro que hoy 聯el canon de copia privada no afecta al precio de los productos electr贸nicos. Se ha suprimido desde diciembre de 2011 y el precio de estos productos no ha bajado聰.
Sin embargo, opina que el Gobierno 聯ha decidido exonerar a los fabricantes de estos productos del pago de los derechos de autor y cargarlo al presupuesto del Estado聰. La entidad considera que tal decisi贸n 聯supone dar una ayuda p煤blica a costa del erario a empresas en su gran mayor铆a extranjeras que no pagan impuestos regulares en Espa帽a聰. 聯El Estado, adem谩s, regateando a los creadores, fija una cuant铆a reducida en un 95% respecto a la que antes pagaban los fabricantes聰, critica. Y es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha fijado esa compensaci贸n a los autores en 5 millones de euros, imput谩ndola a los Presupuestos Generales.
Para Altares esta situaci贸n que plantea el anteproyecto de reforma parcial de la LPI ha abocado a los creadores 聯a una situaci贸n nefasta聰 aunque conf铆a en que 聯el sentido com煤n se imponga聰.
Otros aspectos de la reforma
El anteproyecto de Ley recoge adem谩s otras propuestas como la modificaci贸n de forma puntual de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para permitir que un juez pueda solicitar la identificaci贸n del prestador de un servicio de la sociedad de la informaci贸n sobre el que concurran indicios razonables de que est谩 poniendo a disposici贸n o difundiendo a gran escala, de forma directa o indirecta, contenidos protegidos.
Adem谩s, entre otras cuestiones, se dota a la Secci贸n Segunda de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual de 聯mecanismos m谩s eficaces de reacci贸n frente a aquellos que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor. As铆, se incluye la posibilidad de requerir la colaboraci贸n de intermediarios de pago electr贸nico y de publicidad, como paso previo a la petici贸n al juez de lo contencioso-administrativo del bloqueo t茅cnico de la web聰.
En caso de incumplimiento reiterado se prev茅n sanciones econ贸micas de entre 30.000 y 300.000 euros y se incluye en el 谩mbito del procedimiento de la Comisi贸n a las webs que tengan como principal actividad facilitar la localizaci贸n de contenidos ofrecidos il铆citamente de forma notoria. El Ministerio pone como ejemplo 聯listados ordenados de enlaces a tales contenidos ilegales聰, excluyendo a los motores de b煤squeda, y advierte que estas medidas est谩n dirigidas a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Informaci贸n. 聯En ning煤n caso afectar谩n a los usuarios finales de Internet聰, apunta.
En cuanto a la revisi贸n del concepto legal de copia privada, el Gobierno mantiene que la reproducci贸n por copia privada sea 聯la que se lleva a cabo por una persona f铆sica para su uso privado sobre obras ya divulgadas y que la copia obtenida no sea objeto de una utilizaci贸n colectiva ni lucrativa. A esto se a帽ade la condici贸n de que la reproducci贸n se realice sin asistencia de terceros, es decir, que el copista y el usuario de la copia sea la misma persona聰.
Modelo franc茅s
Hace escasos d铆as, seg煤n recoge el Instituto Ibercrea, las entidades de gesti贸n espa帽olas han vuelto a pedir al Ejecutivo una paralizaci贸n de la tramitaci贸n actual del anteproyecto para iniciar un proceso de consulta a los sectores afectados, tal y como se est谩 produciendo en Francia.
Las entidades consideran que el modelo a seguir para reformar la vigente Ley de Propiedad Intelectual es el iniciado por el Gobierno franc茅s para actualizar su pol铆tica cultural, que incluye un proceso de di谩logo previo con todas las partes implicadas del mundo de la cultura y la tecnolog铆a, tanto del 谩mbito p煤blico como privado y que ha dado como resultado el denominado Informe Lescure. En 茅l se concretan 80 propuestas, divididas en tres 谩reas: oferta legal en Internet; remuneraci贸n a los creadores y financiaci贸n de la creaci贸n; y adaptaci贸n de los derechos de autor a la era digital, incluyendo la lucha contra la pirater铆a.
La conclusi贸n de este informe, seg煤n las entidades, es que la entrada en el entorno digital provoc贸 una transferencia muy importante de valor del contenido a los proveedores de Internet, los fabricantes de equipos y dispositivos, o los motores de b煤squeda, y se hizo un llamamiento a 聯vigilar el reparto de ingresos en el universo digital, para que los autores puedan recuperar los justos frutos de su creaci贸n聰.
聯Hecho con encaje de bolillos聰
Por su parte, los usuarios de internet tambi茅n arremeten contra la propuesta del Gobierno. V铆ctor Domingo, presidente de la Asociaci贸n de Internautas (AI) considera, al igual que SGAE, que el Ejecutivo 聯ni ha consultado ni ha consensuado聰 este asunto, como s铆 se hizo en anteriores ocasiones.
聯Est谩 hecho con encaje de bolillos聰, dice agregando que adem谩s existen tres cuestiones 聯no meditadas聰. La primera se refiere al canon: 聯Rajoy se comprometi贸 a eliminarlo, y lo estaba jur铆dicamente, pero ahora se crea un canon para pagar a las entidades 5 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado聰, alega. 聯Cuando nosotros denunciamos este asunto lo hicimos por considerarlo arbitrario e injusto, pero en este momento lo es m谩s por cuanto que nos lo colocan a los contribuyentes聰, a帽ade.
Domingo explica tambi茅n que el anteproyecto 聯restringe el derecho de la copia privada de manera sorprendente聰 y finalmente, asegura que 聯criminaliza los enlaces para otorgar m谩s potestades a la Comisi贸n de Propiedad Intelectual, que ha demostrado ser un rotundo fracaso聰. Cree que con esto s贸lo se consigue 聯poner en situaci贸n de ilegalidad聰 a la inmensa mayor铆a de los internautas y recuerda que el enlace es 聯la filosof铆a de Internet, uno de los desarrollos que la Red proporciona a la gente聰.
El presidente de la AI no duda en se帽alar que hasta ahora han perdido mucho tiempo en 聯intentar conjugar la propiedad intelectual con internet聰. 聯Pero hemos jugado con las cartas marcadas, primero por las entidades de gesti贸n y despu茅s por la industria norteamericana聰, afirma.
En breve el anteproyecto de reforma parcial de la LPI iniciar谩 su tramitaci贸n parlamentaria, tal y como inform贸 en su d铆a el ministro Wert, quien ya aludi贸 a una 聯filosof铆a de persecuci贸n聰 contra aquellos que comercien il铆citamente con contenidos protegidos. Mientras tanto, el mundo de la cultura sigue bajo presi贸n: 聯Nos est谩n acogotando聰, claman.
Y es que esta reforma concita las quejas y desacuerdos de los diferentes agentes implicados y afectados por la misma, desde las entidades de gesti贸n de derechos de autor a los internautas, dos colectivos que siempre se han visto como enemigos naturales pero que ahora, sin embargo, coinciden en criticar abiertamente este asunto. Tal y como ha dise帽ado el Ejecutivo, el anteproyecto, mediante el cual se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, pretende 聯reforzar la transparencia, el control y la vigilancia efectiva de las entidades de gesti贸n de derechos de propiedad intelectual por las Administraciones P煤blicas, mejorar la protecci贸n de los autores frente a las vulneraciones de sus derechos en Internet y revisar el concepto legal de copia privada聰, se帽ala el Ministerio de Educaci贸n, Cultura y Deporte con el ministro Jos茅 Ignacio Wert a la cabeza.
Sin duda, el esc谩ndalo que afect贸 seriamente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en 2011 y que se materializ贸 en la denominada Operaci贸n Saga, ha sido el desencadenante de esta decisi贸n del Gobierno de mirar con lupa la actuaci贸n de esta y otras entidades de gesti贸n de derechos de autor.
Por eso, este anteproyecto de reforma de la LPI recoge de forma detallada el cat谩logo de obligaciones de las sociedades de gesti贸n para con las Administraciones P煤blicas y respecto a sus asociados, con especial atenci贸n a aquellas relacionadas con la rendici贸n anual de cuentas.
Asimismo, establece un cuadro de infracciones y sanciones que permitan exigir a las entidades responsabilidades administrativas por el incumplimiento de sus obligaciones legales. Dichas sanciones estar谩n vinculadas a un porcentaje de la recaudaci贸n del a帽o anterior de la entidad de gesti贸n que variar谩 seg煤n sea la gravedad de la infracci贸n, pudiendo llegar hasta el 2 por ciento.
Como paso previo a la revocaci贸n de la licencia, que es la sanci贸n m谩s grave que se le puede poner a una entidad, se establece la posibilidad de que se intervenga la misma nombrando un gestor interino.
Finalmente, se somete a la aprobaci贸n del 贸rgano autorizante la facultad de crear fundaciones y, de forma especialmente justificada y excepcional, sociedades mercantiles destinadas a dar cumplimiento a sus obligaciones asistenciales, formativas y promocionales en favor de sus socios. Tambi茅n se modifica el r茅gimen de voto plural y se introducen nuevas obligaciones en relaci贸n con el establecimiento y publicaci贸n de las tarifas generales.
聯Precipitado y chapucero聰
Seg煤n Julia Altares, portavoz de la Junta Directiva de la SGAE, este anteproyecto es 聯precipitado, chapucero, injusto y discriminatorio聰 y presenta 聯numerosas contradicciones聰.
Altares apunta que la entidad que representa ha enviado al Ministerio de Educaci贸n, Cultura y Deporte sus alegaciones a este anteproyecto, un total de 200 folios en los que se analizan pormenorizadamente todos los detalles del mismo.
Por otra parte, la portavoz de la SGAE cuestiona la eficacia de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual. 聯Tras un a帽o de puesta en marcha, solo dos webs se han visto forzadas a retirar los contenidos ilegales que alojaban en sus p谩ginas聰, recuerda a帽adiendo, por otra parte, que las industrias creativas 聯aportan el 4 por ciento del PIB y m谩s de un mill贸n de trabajadores que se van incorporando al mercado laboral聰 y que a eso se le llama 聯defender la imagen de Espa帽a聰.
Respecto al tema de la copia privada, Altares lo tiene claro: 聯Nos asombra que sea adem谩s una Ley que atenta contra la libertad de los consumidores y que criminaliza cualquier acto de copia privada聰.
La SGAE, en la informaci贸n que facilita a sus socios, deja claro que hoy 聯el canon de copia privada no afecta al precio de los productos electr贸nicos. Se ha suprimido desde diciembre de 2011 y el precio de estos productos no ha bajado聰.
Sin embargo, opina que el Gobierno 聯ha decidido exonerar a los fabricantes de estos productos del pago de los derechos de autor y cargarlo al presupuesto del Estado聰. La entidad considera que tal decisi贸n 聯supone dar una ayuda p煤blica a costa del erario a empresas en su gran mayor铆a extranjeras que no pagan impuestos regulares en Espa帽a聰. 聯El Estado, adem谩s, regateando a los creadores, fija una cuant铆a reducida en un 95% respecto a la que antes pagaban los fabricantes聰, critica. Y es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha fijado esa compensaci贸n a los autores en 5 millones de euros, imput谩ndola a los Presupuestos Generales.
Para Altares esta situaci贸n que plantea el anteproyecto de reforma parcial de la LPI ha abocado a los creadores 聯a una situaci贸n nefasta聰 aunque conf铆a en que 聯el sentido com煤n se imponga聰.
Otros aspectos de la reforma
El anteproyecto de Ley recoge adem谩s otras propuestas como la modificaci贸n de forma puntual de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para permitir que un juez pueda solicitar la identificaci贸n del prestador de un servicio de la sociedad de la informaci贸n sobre el que concurran indicios razonables de que est谩 poniendo a disposici贸n o difundiendo a gran escala, de forma directa o indirecta, contenidos protegidos.
Adem谩s, entre otras cuestiones, se dota a la Secci贸n Segunda de la Comisi贸n de Propiedad Intelectual de 聯mecanismos m谩s eficaces de reacci贸n frente a aquellos que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor. As铆, se incluye la posibilidad de requerir la colaboraci贸n de intermediarios de pago electr贸nico y de publicidad, como paso previo a la petici贸n al juez de lo contencioso-administrativo del bloqueo t茅cnico de la web聰.
En caso de incumplimiento reiterado se prev茅n sanciones econ贸micas de entre 30.000 y 300.000 euros y se incluye en el 谩mbito del procedimiento de la Comisi贸n a las webs que tengan como principal actividad facilitar la localizaci贸n de contenidos ofrecidos il铆citamente de forma notoria. El Ministerio pone como ejemplo 聯listados ordenados de enlaces a tales contenidos ilegales聰, excluyendo a los motores de b煤squeda, y advierte que estas medidas est谩n dirigidas a los prestadores de servicios de la Sociedad de la Informaci贸n. 聯En ning煤n caso afectar谩n a los usuarios finales de Internet聰, apunta.
En cuanto a la revisi贸n del concepto legal de copia privada, el Gobierno mantiene que la reproducci贸n por copia privada sea 聯la que se lleva a cabo por una persona f铆sica para su uso privado sobre obras ya divulgadas y que la copia obtenida no sea objeto de una utilizaci贸n colectiva ni lucrativa. A esto se a帽ade la condici贸n de que la reproducci贸n se realice sin asistencia de terceros, es decir, que el copista y el usuario de la copia sea la misma persona聰.
Modelo franc茅s
Hace escasos d铆as, seg煤n recoge el Instituto Ibercrea, las entidades de gesti贸n espa帽olas han vuelto a pedir al Ejecutivo una paralizaci贸n de la tramitaci贸n actual del anteproyecto para iniciar un proceso de consulta a los sectores afectados, tal y como se est谩 produciendo en Francia.
Las entidades consideran que el modelo a seguir para reformar la vigente Ley de Propiedad Intelectual es el iniciado por el Gobierno franc茅s para actualizar su pol铆tica cultural, que incluye un proceso de di谩logo previo con todas las partes implicadas del mundo de la cultura y la tecnolog铆a, tanto del 谩mbito p煤blico como privado y que ha dado como resultado el denominado Informe Lescure. En 茅l se concretan 80 propuestas, divididas en tres 谩reas: oferta legal en Internet; remuneraci贸n a los creadores y financiaci贸n de la creaci贸n; y adaptaci贸n de los derechos de autor a la era digital, incluyendo la lucha contra la pirater铆a.
La conclusi贸n de este informe, seg煤n las entidades, es que la entrada en el entorno digital provoc贸 una transferencia muy importante de valor del contenido a los proveedores de Internet, los fabricantes de equipos y dispositivos, o los motores de b煤squeda, y se hizo un llamamiento a 聯vigilar el reparto de ingresos en el universo digital, para que los autores puedan recuperar los justos frutos de su creaci贸n聰.
聯Hecho con encaje de bolillos聰
Por su parte, los usuarios de internet tambi茅n arremeten contra la propuesta del Gobierno. V铆ctor Domingo, presidente de la Asociaci贸n de Internautas (AI) considera, al igual que SGAE, que el Ejecutivo 聯ni ha consultado ni ha consensuado聰 este asunto, como s铆 se hizo en anteriores ocasiones.
聯Est谩 hecho con encaje de bolillos聰, dice agregando que adem谩s existen tres cuestiones 聯no meditadas聰. La primera se refiere al canon: 聯Rajoy se comprometi贸 a eliminarlo, y lo estaba jur铆dicamente, pero ahora se crea un canon para pagar a las entidades 5 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado聰, alega. 聯Cuando nosotros denunciamos este asunto lo hicimos por considerarlo arbitrario e injusto, pero en este momento lo es m谩s por cuanto que nos lo colocan a los contribuyentes聰, a帽ade.
Domingo explica tambi茅n que el anteproyecto 聯restringe el derecho de la copia privada de manera sorprendente聰 y finalmente, asegura que 聯criminaliza los enlaces para otorgar m谩s potestades a la Comisi贸n de Propiedad Intelectual, que ha demostrado ser un rotundo fracaso聰. Cree que con esto s贸lo se consigue 聯poner en situaci贸n de ilegalidad聰 a la inmensa mayor铆a de los internautas y recuerda que el enlace es 聯la filosof铆a de Internet, uno de los desarrollos que la Red proporciona a la gente聰.
El presidente de la AI no duda en se帽alar que hasta ahora han perdido mucho tiempo en 聯intentar conjugar la propiedad intelectual con internet聰. 聯Pero hemos jugado con las cartas marcadas, primero por las entidades de gesti贸n y despu茅s por la industria norteamericana聰, afirma.
En breve el anteproyecto de reforma parcial de la LPI iniciar谩 su tramitaci贸n parlamentaria, tal y como inform贸 en su d铆a el ministro Wert, quien ya aludi贸 a una 聯filosof铆a de persecuci贸n聰 contra aquellos que comercien il铆citamente con contenidos protegidos. Mientras tanto, el mundo de la cultura sigue bajo presi贸n: 聯Nos est谩n acogotando聰, claman.