El PP se pega otro tiro en el pie con el sainete de los discos duros
El PP se pega otro tiro en el pie con el sainete de los discos duros
La "indemnización en diferido" de Luis Bárcenas -con pago de cuotas a la Seguridad Social incluido-, los SMS que Mariano Rajoy le mandó pidiéndole que fuera "fuerte" y que acabaron en la portada de El Mundo, la destrucción de los registros de entrada a Génova 13 (solicitados por el juez Pablo Ruz) y ahora el borrado del disco duro de los dos ordenadores propiedad del partido que el extesorero utilizaba en su despacho.
Semanal digital.- Una indemnización en diferido, SMS entre Rajoy y su ex tesorero y ahora el formateo de los dos ordenadores que tenía en Génova 13. Y cuando el partido intentó salir al paso lo empeoró.
Con sus errores por acción u omisión, al que a punto estuvo de sumarse el plante del presidente al Congreso (suerte que al final le convencieron para comparecer), el PP no deja de dar la imagen de que tiene algo que esconder en el caso de los presuntos sobresueldos y la financiación irregular a través de donaciones oscuras.
Sus dirigentes lo llevan negando insistentemente desde enero, pero hechos como el conocido este miércoles valen a ojos de la opinión pública más que mil palabras. Y más aún si, como volvió a suceder, la explicación no hace sino liar la madeja.
Todo empezó tras conocerse, a través de una filtración judicial, que el pasado 20 de agosto el PP envió un escrito a la Audiencia Nacional reconociendo que en abril borró el contenido del disco duro de un Toshiba y de un Apple que usaba Bárcenas un mes después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a la sede de la formación tras la denuncia que el exsenador presentó contra el abogado del partido, Alberto Durán, por abrir sin su consentimiento un espacio que tenía a su disposición en el edificio. Es decir, una vez que esa denuncia fue archivada.
El argumento esgrimido por el partido, a través de Carlos Floriano, fue que iban a asignar esos ordenadores a otros trabajadores de la casa y el procedimiento habitual es proceder a su limpieza. Pero pronto comenzaron las acusaciones de la oposición -IU les recriminó que se comporten como "la mafia" y la sorpresa del propio Bárcenas. Quien, a través de su abogado, afirmó que estos contenían "información de interés para la causa".
El remedio, peor
Con el "escándalo" -según la oposición- creciendo, la formación salió al paso para intentar frenarlo, pero en su intento empeoró las cosas. Porque se escudó en que la Ley de Protección de Datos obliga a formatear un ordenador cada vez que un empleado se va de una empresa.
Un argumento que no tardaron en echar abajo los expertos consultados por la prensa, como la abogada de la Asociación de Internautas (AI) y experta en protección de datos, Ofelia Tejerina. Según ella esa normativa estipula todo lo contrario, "impide expresamente borrar cualquier información que pueda ser necesaria para una investigación policial en curso".
El PP ya se parapetó tras la Ley de Protección de Datos cuando Ruz pidió el registro de visitas de entre los años 2001 y 2008 para conocer los movimientos de los ocho constructores imputados en la causa y el partido respondió que los había ido borrando mensualmente.
En Génova 13, cuando repasen todos estos "traspiés" no pueden sorprenderse si, como está ocurriendo, buena parte de la opinión pública da mayor credibilidad a las palabras de un imputado, encarcelado en la prisión de Soto del Real, como Luis Bárcenas, que a la de todo un presidente del Gobierno que ha ganado las elecciones generales con mayoría absoluta no hace todavía dos años. No es posible hacer las cosas tan mal como se han hecho sin que haya repercusiones.
Con sus errores por acción u omisión, al que a punto estuvo de sumarse el plante del presidente al Congreso (suerte que al final le convencieron para comparecer), el PP no deja de dar la imagen de que tiene algo que esconder en el caso de los presuntos sobresueldos y la financiación irregular a través de donaciones oscuras.
Sus dirigentes lo llevan negando insistentemente desde enero, pero hechos como el conocido este miércoles valen a ojos de la opinión pública más que mil palabras. Y más aún si, como volvió a suceder, la explicación no hace sino liar la madeja.
Todo empezó tras conocerse, a través de una filtración judicial, que el pasado 20 de agosto el PP envió un escrito a la Audiencia Nacional reconociendo que en abril borró el contenido del disco duro de un Toshiba y de un Apple que usaba Bárcenas un mes después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a la sede de la formación tras la denuncia que el exsenador presentó contra el abogado del partido, Alberto Durán, por abrir sin su consentimiento un espacio que tenía a su disposición en el edificio. Es decir, una vez que esa denuncia fue archivada.
El argumento esgrimido por el partido, a través de Carlos Floriano, fue que iban a asignar esos ordenadores a otros trabajadores de la casa y el procedimiento habitual es proceder a su limpieza. Pero pronto comenzaron las acusaciones de la oposición -IU les recriminó que se comporten como "la mafia" y la sorpresa del propio Bárcenas. Quien, a través de su abogado, afirmó que estos contenían "información de interés para la causa".
El remedio, peor
Con el "escándalo" -según la oposición- creciendo, la formación salió al paso para intentar frenarlo, pero en su intento empeoró las cosas. Porque se escudó en que la Ley de Protección de Datos obliga a formatear un ordenador cada vez que un empleado se va de una empresa.
Un argumento que no tardaron en echar abajo los expertos consultados por la prensa, como la abogada de la Asociación de Internautas (AI) y experta en protección de datos, Ofelia Tejerina. Según ella esa normativa estipula todo lo contrario, "impide expresamente borrar cualquier información que pueda ser necesaria para una investigación policial en curso".
El PP ya se parapetó tras la Ley de Protección de Datos cuando Ruz pidió el registro de visitas de entre los años 2001 y 2008 para conocer los movimientos de los ocho constructores imputados en la causa y el partido respondió que los había ido borrando mensualmente.
En Génova 13, cuando repasen todos estos "traspiés" no pueden sorprenderse si, como está ocurriendo, buena parte de la opinión pública da mayor credibilidad a las palabras de un imputado, encarcelado en la prisión de Soto del Real, como Luis Bárcenas, que a la de todo un presidente del Gobierno que ha ganado las elecciones generales con mayoría absoluta no hace todavía dos años. No es posible hacer las cosas tan mal como se han hecho sin que haya repercusiones.