La Directiva sobre la conservaci贸n de datos de la UE puede ser anulada
Una legislaci贸n hostil e incompleta
El informe ha sido emitido a consecuencia de dos litigios. Por un lado, el presentado por Digital Rights Ireland Ltd contra las autoridades de su pa铆s, y por otro, el iniciado por un ciudadano austriaco y otros 11.130 firmantes. En ambos casos los demandantes alegan que las legislaciones nacionales respectivas derivadas de la mencionada directiva, son inconstitucionales, tanto en Irlanda como en Austria.
La Directiva constituye una injerencia caracterizada en el derecho fundamental de los ciudadanos al respeto de la vida privada, al establecer la obligaci贸n de que los proveedores de servicios de comunicaciones telef贸nicas o electr贸nicas recaben y conserven los datos de tr谩fico y localizaci贸n de dichas comunicaciones.
Las conclusiones del jurista no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la UE, que deber谩 estudiar el documento y pronunciarse al respecto. De hecho, el propio Cruz Villal贸n propone 聯suspender los efectos de la declaraci贸n de invalidez para que el legislador de la Uni贸n pueda adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para subsanar la invalidez declarada聰.
El informe va m谩s all谩 del 聯c贸mo聰 se ha producido la limitaci贸n de los derechos fundamentales de los europeos en materia de privacidad, se帽alando el peligro que se pudiera derivar de un tratamiento il铆cito de los datos. Estos no son conservados por las autoridades p煤blicas ni est谩n bajo su control directo, ya que los proveedores de servicios de telecomunicaciones, normalmente empresas privadas, son quienes los custodian.
La explotaci贸n de esos datos puede permitir determinar de manera tan fiel como exhaustiva una parte importante de los comportamientos de una persona pertenecientes estrictamente a su vida privada, o incluso un retrato completo y preciso de su identidad privada. Adem谩s, existe un mayor riesgo de que los datos conservados se utilicen con fines il铆citos, potencialmente lesivos para la vida privada o incluso fraudulentos o malintencionados.
Cruz Villal贸n se帽ala, adem谩s, que el periodo de conservaci贸n de los datos es excesivo (hasta dos a帽os), e incumple el principio de proporcionalidad, aconsejando un a帽o como l铆mite. Tambi茅n que la normativa deber铆a considerar el procedimiento de eliminaci贸n de los datos privados cuando haya concluido el periodo de conservaci贸n.
El tema es delicado y la soluci贸n compleja. La Directiva 2006/24/CE ha pretendido armonizar la legislaci贸n de los estados miembros en esta materia, cuyo prop贸sito te贸rico es la lucha contra el terrorismo y la delincuencia en general. El problema es que cada pa铆s tiene su propia legislaci贸n en materia de seguridad.
El informe propone que la Directiva se declare inv谩lida con la salvedad temporal ya expuesta. El letrado no cuestiona la legitimidad del fin de la Directiva (conservaci贸n de datos para fines judiciales), sino el procedimiento seguido y las carencias de la misma.
Ahora es el alto tribunal el que ha de mover ficha. De seguir el camino marcado por el informe, las autoridades de la UE, as铆 como la legislaci贸n de los pa铆ses que la integran, tendr谩n que enfocar el asunto de otra manera, de tal forma que no colisione con los derechos reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales. Puede ser un proceso lento, pero ya se ha marcado el principio.