La justicia europea pone en evidencia a las instituciones espa帽olas al derogar la directiva de conservaci贸n de datos
La directiva 2006/24 de conservaci贸n de datos, que la mayor铆a de pa铆ses de la Uni贸n Europea ha transpuesto en sus respectivas legislaciones, fue rechazada por numerosas asociaciones civiles tanto en Espa帽a como en el resto de pa铆ses comunitarios. En algunos, sus instituciones dieron respuesta positiva a las quejas ciudadanas, como fue el caso de Alemania, cuyo Tribunal Constitucional rechaz贸 en 2010 anular la aplicaci贸n de la norma europea tras la demanda de 35.000 personas, o el Reino unido, que tambi茅n decidi贸 en el mismo sentido poco antes.
Roberto R. Ballesteros Seguridad y Tribunales .- La decisi贸n del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea de derogar la directiva, que obligaba a las operadoras de telefon铆a a almacenar entre seis meses y un a帽o las comunicaciones electr贸nicas de todos los espa帽oles, de hecho, se ha producido por los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional de Austria y por el Tribunal Superior de Irlanda, tras sendas denuncias de organizaciones ciudadanas de esos pa铆ses. El propio Supervisor Europeo de Protecci贸n de Datos, Peter Hustinx, ha dicho p煤blicamente en varias ocasiones durante los ocho a帽os que ha estado en vigor la directiva que esta no ten铆a sentido y que ten铆a que ser revisada.
Ha habido, por lo tanto, una sensibilidad generalizada en las instituciones de los pa铆ses europeos que pon铆a en duda que la norma cumpliera con las garant铆as jur铆dicas y respetara la presunci贸n de inocencia de los ciudadanos. No en vano, la directiva hab铆a sido aprobada en caliente, a ra铆z de los ataques del 11-S, el 11-M y el 7-J e influenciada por la pol茅mica Patriotic Act de George Bush, que inicialmente permit铆a pinchar tel茅fonos de forma indiscriminada y sin orden judicial, aunque poco a poco fue matiz谩ndose.
Sin embargo, esta sensibilidad que los tribunales e instituciones europeas han mostrado ante la invasi贸n en la privacidad de las personas que supon铆a la directiva no la han tenido sus hom贸logos en Espa帽a. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, dio carpetazo sin apenas investigar a una queja interpuesta por la Asociaci贸n de Internautas contra la Ley 25/2007 de Conservaci贸n de Datos, transposici贸n de la derogada directiva comunitaria. Los usuarios de la red ped铆an que la oficina solicitara al Tribunal Constitucional su opini贸n sobre la citada norma. Sin embargo, el entonces responsable del organismo, Enrique M煤gica, no lo vio oportuno.
El propio Tribunal Supremo, tambi茅n tras recurso interpuesto por la Asociaci贸n de Internautas contra la normativa que regula la interceptaci贸n de las comunicaciones 聳que se sirve a su vez de la Ley de conservaci贸n de datos聳, rechaz贸 (sentencia 44/2008 de 5 de febrero) la denuncia bajo el pretexto de que los datos del tr谩fico de llamadas telef贸nicas, posici贸n geogr谩fica y otra informaci贸n asociada a la comunicaci贸n son elementos 聯accesorios聰, que no afectan a la intimidad de las personas y que no requieren, por lo tanto, de una orden espec铆fica del juez para que las operadoras los cedan a las fuerzas de seguridad. Una doctrina que contradice la reciente resoluci贸n del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea contra la directiva 2006/24. Seg煤n la corte comunitaria, estos datos 聯pueden proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas聰.
Entre ellas, detalla el fallo, 聯los h谩bitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanente o temporal, los desplazamientos diarios, las actividades realizadas, las relaciones sociales y los medios sociales frecuentados聰. 聰Permiten saber con qu茅 persona y de qu茅 modo se ha comunicado un abonado o usuario registrado, determinar el momento de la comunicaci贸n y el lugar desde el que esta se ha producido y conocer la frecuencia de las comunicaciones con determinadas personas durante un periodo concreto聰, concreta el alto tribunal comunitario.
La directiva, por lo tanto, era b谩sica para los sistemas de interceptaci贸n de las comunicaciones m谩s avanzados (en Espa帽a, Sitel es el m谩s conocido y el que utilizan las fuerzas de seguridad), el aval jur铆dico que les permit铆a recabar toda esa informaci贸n 聯accesoria聰 con el fin de localizar a las personas y seguir sus comunicaciones, como a finales de 2009 denunci贸 el entonces portavoz del Partido Popular, Esteban Gonz谩lez Pons, hoy presidente de la Comisi贸n de Interior del Congreso de los Diputados.
Gonz谩lez Pons, de hecho, fue el art铆fice de que en el Parlamento se votara una proposici贸n de ley para regular a trav茅s de ley org谩nica los sistemas de interceptaci贸n y todas las potencialidades que permiten en relaci贸n con los datos asociados a las comunicaciones electr贸nicas. La propuesta fue rechazada por la mayor铆a de la c谩mara baja, lo que sirvi贸 tambi茅n para retratar a Las Cortes espa帽olas como una instituci贸n no sensibilizada con la invasi贸n en la privacidad que supon铆a tanto la Ley de Conservaci贸n de Datos como los sistemas de interceptaci贸n.
Pero no solo a los partidos que votaron en contra de la proposici贸n (todos los que se enmarcan dentro del espectro ideol贸gico de la izquierda), sino tambi茅n a los que la impulsaron, ya que el PP, desde que lleg贸 al poder en 2011, parece haberse olvidado de aquella propuesta legislativa. En casi tres a帽os de gobierno, el partido presidido por Mariano Rajoy no se ha vuelto a abrir el caj贸n en el que Gonz谩lez Pons guard贸 la citada proposici贸n de ley.
Por su parte, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea tambi茅n deja en evidencia el papel jugado por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, que tras las informaciones publicadas en septiembre de 2009 sobre Sitel abri贸 de oficio una investigaci贸n con el fin de determinar la legalidad de la actuaci贸n gubernamental. Sin embargo, decidi贸 no entrar a juzgar la normativa, al entender que en la pr谩ctica se cumpl铆an las bases de la Ley Org谩nica de Protecci贸n de Datos, ya que el juez interven铆a en el proceso, como orden贸 el 23 de febrero de 2010 un acuerdo del pleno del Tribunal Supremo.
El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha calificado la directiva de conservaci贸n de datos como 聯una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales聰. La derogaci贸n ordenada por la alta corte comunitaria provoca que la Comisi贸n Europea tenga que actuar al respecto.
La directiva fue aprobada en 2006 al hilo de los atentados de Nueva York, Madrid y Londres, que situaron a Europa en el objetivo del terrorismo islamista. La prevalencia de la seguridad sobre la privacidad se impuso en el ordenamiento jur铆dico tanto en Estados Unidos como en Europa, que ahora rectifica aquella regulaci贸n en caliente.
Ha habido, por lo tanto, una sensibilidad generalizada en las instituciones de los pa铆ses europeos que pon铆a en duda que la norma cumpliera con las garant铆as jur铆dicas y respetara la presunci贸n de inocencia de los ciudadanos. No en vano, la directiva hab铆a sido aprobada en caliente, a ra铆z de los ataques del 11-S, el 11-M y el 7-J e influenciada por la pol茅mica Patriotic Act de George Bush, que inicialmente permit铆a pinchar tel茅fonos de forma indiscriminada y sin orden judicial, aunque poco a poco fue matiz谩ndose.
Sin embargo, esta sensibilidad que los tribunales e instituciones europeas han mostrado ante la invasi贸n en la privacidad de las personas que supon铆a la directiva no la han tenido sus hom贸logos en Espa帽a. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, dio carpetazo sin apenas investigar a una queja interpuesta por la Asociaci贸n de Internautas contra la Ley 25/2007 de Conservaci贸n de Datos, transposici贸n de la derogada directiva comunitaria. Los usuarios de la red ped铆an que la oficina solicitara al Tribunal Constitucional su opini贸n sobre la citada norma. Sin embargo, el entonces responsable del organismo, Enrique M煤gica, no lo vio oportuno.
El propio Tribunal Supremo, tambi茅n tras recurso interpuesto por la Asociaci贸n de Internautas contra la normativa que regula la interceptaci贸n de las comunicaciones 聳que se sirve a su vez de la Ley de conservaci贸n de datos聳, rechaz贸 (sentencia 44/2008 de 5 de febrero) la denuncia bajo el pretexto de que los datos del tr谩fico de llamadas telef贸nicas, posici贸n geogr谩fica y otra informaci贸n asociada a la comunicaci贸n son elementos 聯accesorios聰, que no afectan a la intimidad de las personas y que no requieren, por lo tanto, de una orden espec铆fica del juez para que las operadoras los cedan a las fuerzas de seguridad. Una doctrina que contradice la reciente resoluci贸n del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea contra la directiva 2006/24. Seg煤n la corte comunitaria, estos datos 聯pueden proporcionar indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas聰.
Entre ellas, detalla el fallo, 聯los h谩bitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanente o temporal, los desplazamientos diarios, las actividades realizadas, las relaciones sociales y los medios sociales frecuentados聰. 聰Permiten saber con qu茅 persona y de qu茅 modo se ha comunicado un abonado o usuario registrado, determinar el momento de la comunicaci贸n y el lugar desde el que esta se ha producido y conocer la frecuencia de las comunicaciones con determinadas personas durante un periodo concreto聰, concreta el alto tribunal comunitario.
La directiva, por lo tanto, era b谩sica para los sistemas de interceptaci贸n de las comunicaciones m谩s avanzados (en Espa帽a, Sitel es el m谩s conocido y el que utilizan las fuerzas de seguridad), el aval jur铆dico que les permit铆a recabar toda esa informaci贸n 聯accesoria聰 con el fin de localizar a las personas y seguir sus comunicaciones, como a finales de 2009 denunci贸 el entonces portavoz del Partido Popular, Esteban Gonz谩lez Pons, hoy presidente de la Comisi贸n de Interior del Congreso de los Diputados.
Gonz谩lez Pons, de hecho, fue el art铆fice de que en el Parlamento se votara una proposici贸n de ley para regular a trav茅s de ley org谩nica los sistemas de interceptaci贸n y todas las potencialidades que permiten en relaci贸n con los datos asociados a las comunicaciones electr贸nicas. La propuesta fue rechazada por la mayor铆a de la c谩mara baja, lo que sirvi贸 tambi茅n para retratar a Las Cortes espa帽olas como una instituci贸n no sensibilizada con la invasi贸n en la privacidad que supon铆a tanto la Ley de Conservaci贸n de Datos como los sistemas de interceptaci贸n.
Pero no solo a los partidos que votaron en contra de la proposici贸n (todos los que se enmarcan dentro del espectro ideol贸gico de la izquierda), sino tambi茅n a los que la impulsaron, ya que el PP, desde que lleg贸 al poder en 2011, parece haberse olvidado de aquella propuesta legislativa. En casi tres a帽os de gobierno, el partido presidido por Mariano Rajoy no se ha vuelto a abrir el caj贸n en el que Gonz谩lez Pons guard贸 la citada proposici贸n de ley.
Por su parte, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea tambi茅n deja en evidencia el papel jugado por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, que tras las informaciones publicadas en septiembre de 2009 sobre Sitel abri贸 de oficio una investigaci贸n con el fin de determinar la legalidad de la actuaci贸n gubernamental. Sin embargo, decidi贸 no entrar a juzgar la normativa, al entender que en la pr谩ctica se cumpl铆an las bases de la Ley Org谩nica de Protecci贸n de Datos, ya que el juez interven铆a en el proceso, como orden贸 el 23 de febrero de 2010 un acuerdo del pleno del Tribunal Supremo.
El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea ha calificado la directiva de conservaci贸n de datos como 聯una injerencia de gran magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales聰. La derogaci贸n ordenada por la alta corte comunitaria provoca que la Comisi贸n Europea tenga que actuar al respecto.
La directiva fue aprobada en 2006 al hilo de los atentados de Nueva York, Madrid y Londres, que situaron a Europa en el objetivo del terrorismo islamista. La prevalencia de la seguridad sobre la privacidad se impuso en el ordenamiento jur铆dico tanto en Estados Unidos como en Europa, que ahora rectifica aquella regulaci贸n en caliente.